El diputado Diego Molina Gómez defendió el pliego del dirigente libertario Javier Ruiz; acusó al oficialismo de utilizar causas «forzadas» sobre cuotas alimentarias como herramientas de proscripción política en la capital.
LA RIOJA.– El debate legislativo en torno a los proyectos de protección de la niñez y las obligaciones familiares se transformó en el nuevo epicentro de la batalla política en esta capital. El diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), Diego Molina Gómez, arremetió con dureza contra el bloque oficialista, acusándolo de desvirtuar las iniciativas que buscan tutelar a los menores y utilizarlas de manera «arbitraria» para obturar el ingreso de la oposición en los cuerpos deliberativos locales.
La polémica estalló con fuerza luego de que la mayoría peronista en el Concejo Deliberante capitalino impidiera la asunción de Javier Ruiz —quien debía ocupar la banca vacante dejada por el propio Molina Gómez tras su salto a la Legislatura provincial— bajo el argumento de presuntas deudas alimentarias e inhabilidad moral. Desde el espacio libertario, sin embargo, denuncian que la maniobra constituye una «opereta política» y un uso forzado de la agenda de derechos de los menores con fines netamente de persecución partidaria.
«El quintelismo vuelve a mentir, apelando a interpretaciones delirantes y forzadas», fustigó Molina Gómez, vinculando el accionar del justicialismo a una lógica de punteros que busca debilitar la representación institucional de su partido. El legislador fue tajante al desvincular el freno al pliego de Ruiz de una verdadera agenda de protección familiar: «Javier Ruiz no asumió porque la mayoría autoritaria del quintelismo en el Concejo Deliberante se lo impidió. No fue por ser deudor alimentario».
Un principio que LLA considera «irrenunciable»
El cruce de acusaciones subió de tono cuando el diputado capitalino buscó blindar el posicionamiento doctrinario de La Libertad Avanza frente a los cuestionamientos del oficialismo provincial. Molina Gómez enfatizó que el espacio alineado con la Casa Rosada mantiene la agenda de minoridad en el tope de sus prioridades parlamentarias, rechazando que el peronismo local intente erigirse en tutor exclusivo de esos derechos en la provincia.
«La iniciativa tiene un único objetivo, (proteger a los menores), un principio irrenunciable para LLA», argumentó el legislador de la capital, marcando una clara línea divisoria respecto de los objetivos de su bloque en la Cámara de Diputados.
Para los referentes libertarios, el verdadero compromiso con los menores se demuestra en la transparencia de los recursos destinados a la contención social y no en la utilización de expedientes judiciales —los cuales aseguran que ya cuentan con informes que eximen a Ruiz de deudas vigentes— para dirimir internas políticas en el recinto.
La discusión por los morosos y las paradojas del juego
El trasfondo de la disputa también dejó al descubierto las profundas diferencias que ambos bloques mantienen sobre cómo sancionar los incumplimientos de los deberes de asistencia familiar. En una crítica directa que rozó los hábitos de la dirigencia peronista local, Molina Gómez arremetió contra lo que considera una doble vara moral por parte de los funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Quintela.
«Los dirigentes Q son habitué de casinos e hijos no reconocidos», disparó con dureza el diputado economista, chicaneando la aparente contradicción de un oficialismo que busca endurecer controles hacia afuera mientras, según la óptica de la oposición, convalida conductas cuestionables en sus propias filas.
Con el conflicto por la banca de la capital ya judicializado y las espadas legislativas firmemente plantadas en sus posiciones, el debate por la protección de menores promete seguir siendo el terreno donde se libre la pulseada de poder en La Rioja, con la mirada firmemente puesta en el armado territorial hacia las elecciones de 2027.
