A través de un proyecto de ley, el gobierno riojano busca anular un acuerdo de 1968 firmado durante la dictadura militar, activa reclamos ante el Congreso y la Justicia, y crea una comisión especial para defender áreas clave de la frontera.

La histórica disputa por los límites territoriales entre La Rioja y San Juan sumó un capítulo de alto voltaje político e institucional. El envío de un proyecto de ley a la Cámara de Diputados riojana —conducida por la vicegobernadora Teresita Madera— busca patear el tablero formalmente al rechazar de cuajo las fronteras heredadas del gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía. La iniciativa no es un mero revisionismo histórico: se produce en un momento donde el control de la zona cordillerana, rica en proyectos mineros y recursos hídricos, se volvió un activo económico vital para las provincias norteñas.

El fantasma de 1968 y el «despojo»

El texto legislativo apunta directamente al corazón de las resoluciones tomadas hace casi sesenta años. En sus fundamentos, califica a la Ley Nacional de facto N° 18.004 —publicada en diciembre de 1968— como un «despojo flagrante a la geografía y al patrimonio de los riojanos». Aquella norma pretendió validar un acuerdo previo firmado por los entonces interventores militares de ambas provincias, Guillermo Iribarren (La Rioja) y Edgardo Gómez (San Juan).

Para La Rioja, ese tratado adolece de una «insanable nulidad de origen» al saltarse el procedimiento que la Constitución Nacional impone, el cual establece que es el Congreso de la Nación el único estamento facultado para dirimir los límites interprovinciales. Con este proyecto, la provincia busca ratificar la vigencia de su vieja Ley N° 3.468, con la que ya había intentado desechar ese pacto.

Ofensiva judicial, política y la pelea por el subsuelo

La jugada riojana contempla una estrategia multidimensional que va más allá de lo discursivo:

• Frente Político y Legislativo: Se faculta a la Función Ejecutiva a iniciar gestiones «de forma inmediata» ante el Congreso nacional para blindar el dominio territorial riojano.
• Frente Judicial con Cautelares: El proyecto instruye de manera directa a la Fiscalía de Estado a presentarse ante los tribunales competentes para exigir medidas de «no innovar» o de tutela anticipada. El objetivo explícito es frenar cualquier «acto de disposición, explotación o avance jurisdiccional unilateral» por parte de San Juan o de empresas concesionarias.
• Control de Recursos de Envergadura: La urgencia, según admite el propio mensaje que acompaña la ley, está atada a la consolidación de áreas protegidas y al avance de «proyectos mineros y económicos de gran envergadura en la zona cordillerana». La Rioja no quiere quedarse afuera del reparto de riquezas naturales, hídricas y arqueológicas en las áreas en disputa.

Una comisión permanente en la Legislatura

Para garantizar que la presión política no se diluya con el paso del tiempo, la ley propone la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial. Esta tendrá carácter permanente y estará conformada por siete diputados que reflejarán la proporcionalidad de las fuerzas políticas de la provincia.

Sin embargo, el dato clave es su apertura hacia sectores técnicos. Se invitará a formar parte del cuerpo a historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y, de manera sumamente sugerente, a expertos en minería. Esta comisión tendrá el rol de coordinar con los legisladores nacionales en el Congreso de la Nación las leyes de límites definitivos y sistematizar los antecedentes que justifiquen el reclamo riojano.

El escenario abre un foco de conflicto latente en la región de Cuyo y el NOA. En un contexto nacional donde las provincias compiten ferozmente por inversiones extranjeras en minería, el control de cada metro cuadrado de la cordillera de los Andes se debate palmo a palmo, reviviendo pleitos que la historia —y las dictaduras— creyeron clausurar.

Proyecto de ley