En una carta dirigida al procurador interino Luis González Warcalde, la diputada nacional Inés Brizuela y Doria (UCR – La Rioja) advirtió que hubo discrecionalidad en designaciones de la provincia de Catamarca. Aseguró que esta reiterada “desviación” de la normativa vigente, también durante la gestión de Righi, atenta contra la transparencia institucional.
“Como integrante del Congreso Nacional veo con gran aflicción la discrecionalidad con la que se ha actuado en la Provincia de Catamarca, y que constituye la reiteración de situaciones similares ocurridas en San Juan, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero durante la gestión del anterior Procurador General”. Así empieza la misiva que la diputada nacional envió a quien ocupa la Jefatura interina de la Procuración General de la Nación, tras la renuncia de Esteban Righi.
Brizuela y Doria describe detalladamente los pasos que siguió la designación de Rafael Alberto Vehils Ruiz como Fiscal General subrogante de la Fiscalía Federal de Catamarca, ejemplificándola como una “delicada” irregularidad.
Sostiene que tras la renuncia de Víctor Manuel Monti a ese cargo, y según la normativa vigente, el Fiscal de Tucumán Santos Edgardo Reynoso (quien tiene acuerdo del Senado) era quien debía ocupar el cargo vacante, y no Vehils Ruiz.
“Según lo dispone el artículo 11° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la primera línea de subrogancia, en caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, se realiza con los mismos Fiscales Federales que tienen acuerdo del Senado para esa jurisdicción”, detalla.
La nota continua advirtiendo que, pese a lo que manda la ley, una resolución que lleva la firma del propio Warcalde designó a Rafael Alberto Vehils Ruiz, que ocupaba el primer lugar de la lista de abogados propuestos para cubrir la dependencia para el año 2012.
“Además de advertir una clara desviación de la normativa vigente, debo reconocer que me inquieta que dicha situación pudiera tener alguna relación con el desempeño del Dr. Santos Reynoso en la investigación de causas contra minera La Alumbrera, por presunta violación a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos”, dice la diputada, dejando entrever en esta irregularidad, algún trasfondo con la política pro minera del gobierno provincial y nacional.
Situación reiterada
Si bien la advertencia que realiza la legisladora radical es sobre una designación durante la gestión de González Warcalde, le recuerda que esta “discrecionalidad” en la designación de los fiscales –que no contaban con acuerdo del Senado-, fue una constante que también caracterizó al renunciante Esteban Righi durante su mandato.
“La única garantía efectiva de independencia y autonomía funcional del Ministerio Público, como ordena nuestra Constitución, está dada por la observancia del orden jurídico vigente, evitando así cualquier posible intromisión del poder político en el accionar de sus miembros; máxime teniendo en cuenta la elevada misión que le asigna la Carta Magna al órgano que usted dirige”, finaliza la carta enviada a Warcalde.
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