El juicio comenzó en agosto 2012 fueron convocados 339 testigos, entre los que se encuentra la presidente Cristina Kirchner, en aquellos años legisladora, quien pidió declarar por escrito. La misma solicitud hicieron otros 17 convocados, entre ellos Carlos Menem, el gobernador José Luis Gioja y los diputados Héctor Recalde y Jorge Yoma, un privilegio al que pueden acogerse por sus fueros.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 tiene previsto comenzar en setiembre próximo con los alegatos en el juicio oral que se lleva adelante en la causa n° 857/07, Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho, en la que se investiga el presunto pago de sobornos en el ámbito del Senado de la Nación, durante abril de 2000, para lograr la aprobación de la ley 25.250.
Según informaron desde el tribunal, luego de la finalización de la feria judicial y antes del comienzo de las exposiciones de las partes, los jueces escucharán a unos 30 testigos que aún faltan declarar. También está previsto la realización de una inspección ocular en la sede de la Secretaría de Inteligencia (ex- SIDE) que se encuentra pendiente de producción.
En la causa son juzgados Fernando De la Rúa, Fernando de Santibañes, Mario Pontaquarto, Augusto Alasino, Mario Alberto Flamarique, Ricardo Alberto Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo. Todos están acusados por el delito de cohecho. Además se encuentra imputado Emilio Marcelo Cantarero, pero en su caso el proceso se encuentra suspendido por cuestiones de salud.
El TOF3 quiere determinar si, como sostiene la Fiscalía, el gobierno de De la Rúa pagó 5 millones de pesos/dólares para que en abril de 2000 senadores peronistas votaran a favor de la Ley de Flexibilización Laboral.
Hasta ahora, salvo Pontaquarto, todos los imputados negaron la existencia de los sobornos y también varios de los testigos, algunos de ellos exfuncionarios, e incluso el expresidente Eduardo Duhalde, quien aseguró que tenía “la convicción de que ese hecho no existió”.
El testimonio más comprometedor lo aportó el camionero Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo y encargado de oficializar que esos presuntos sobornos habrían ocurrido en aquel momento. Frente al tribunal ratificó que en 2000 el entonces ministro Flamarique se jactó de que tenía “la Banelco” para conseguir el voto favorable de los senadores peronistas al proyecto de ley gubernamental de flexibilidad laboral. También el titular de Peones de Taxis, Omar Viviani, ratificó en el debate oral aquel episodio: “El ministro dijo que para los senadores existía la Banelco”, pero aclaró que “cuando hay discusiones políticas hay chicanas y eso podía ser una chicana”.
“El arrepentido” Mario Pontaquarto exigió en más de una oportunidad condena contra él y los restantes acusados. Se estima que recién para fines de 2013 se conocerá la sentencia con sus fundamentos. Una vez que ocurra esto el caso pasará a Casación y luego llegará a la Corte Suprema.
El juicio comenzó en agosto 2012 fueron convocados 339 testigos, entre los que se encuentra la presidente Cristina Kirchner, en aquellos años legisladora, quien pidió declarar por escrito. La misma solicitud hicieron otros 17 convocados, entre ellos Carlos Menem, el gobernador José Luis Gioja y los diputados Héctor Recalde y Jorge Yoma, un privilegio al que pueden acogerse por sus fueros.
Lo más llamativo del extenso debate fue la declaración de agentes del Servicio de Inteligencia del Estado, quienes por su trabajo no revelaron su identidad a los jueces y las audiencias se realizaron en total hermetismo.
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