Piden tratamiento en extraordinarias de proyectos de agremiación de las FFAA y de Seguridad
Ante los sucesos ocurridos en la ciudad de Córdoba y el más reciente acuartelamiento de la policía de La Rioja, el diputado nacional Julio Martínez recordó que “hace tiempo venimos alertando sobre los problemas salariales de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, y trabajando para solucionarlos mediante un abordaje integral de los mismos”.
“Prueba de ello son los Expedientes 3082-D-2013, 4785-D-2013 y 4786-D-2013 presentados a lo largo de este año junto a la diputada Inés Brizuela y Doria, donde se plantea el reconocimiento con fuerza de ley, para todo el personal de las fuerzas militares y de seguridad, de todos los derechos fundamentales y libertades públicas que gozan todos los ciudadanos, con las limitaciones propias de su función”, explicó Martínez.
“Los derechos incorporados, como la posibilidad de acceso al Defensor del Pueblo, promueven una auténtica “ciudadanización” de nuestros oficiales y suboficiales, y en términos generales, no generan mayores debates”, agregó el legislador nacional.
Sin embargo, el diputado de Fuerza Cívica Riojana reconoce que “sí genera debate el derecho de asociación y sindicalización, donde algunos argumentan que dicha situación podría afectar la disciplina o la capacidad operativa de las fuerzas”.
“Contrariamente a esta presunción, en los países donde las libertades ciudadanas de los militares y policías han sido respetadas autorizando el derecho de asociación para satisfacer reclamos salariales y/o sociales, las cadenas de mando se afirmaron y el nivel de adiestramiento y operatividad incrementó en comparación con países donde las fuerzas no se benefician con ese canal de dialogo”, afirma Julio Martínez.
Y continuó “los modelos de asociación militar y policial en desarrollo en Europa, forman parte del concepto igualitario del ciudadano militar o policial, representan un progreso social y profesional, y permiten la vigencia de efectivos mecanismos de reclamo para derechos básicos y fundamentales como el salario digno, salud, vivienda, retiros y pensiones”.
“Si pretendemos Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales con un rol moderno, contemporáneo, profesional y de cooperación, comprometidas con la Constitución Nacional y el estado de derecho, debemos, como a tantos otros actores y sectores sociales, ampliarles sus derechos, permitiéndoles organizarse como asociación profesional de primer grado, para reivindicar todos sus derechos sin afectar sus obligaciones operacionales ni su misión principal”, analizó Julio Martínez.
“Resultaría un paso importante, entonces, que el gobierno nacional incluyera estos proyectos en el temario de Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación, y que la Legislatura de La Rioja y otras provincias hicieran lo propio, terminando con una política discriminatoria y absurda que cercena derechos y reivindicaciones legítimas del personal militar y policial”, finalizó el legislador.
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