El juez federal Herrera Piedrabuena, a cargo del caso Olivera, estaría cerca de pronunciarse ante las escasas pruebas aportadas por la fiscalía, publica el Diario La Nación, en su edición dominical.
Se trata de la causa judicial en la que se investiga la participación del Jefe del Ejército, César Milani, en una denuncia por torturas agravadas, de las que fueron víctimas Ramón Alfredo Olivera y su padre, Pedro.
Según anticipa La Nación, el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, evalúa por estas horas el pedido que le hizo el fiscal general Horacio Salman para que declare la nulidad del requerimiento fiscal de instrucción y la excepción de falta de acción, y daría lugar al requerimiento del funcionario del Ministerio Público Fiscal durante los primeros días de junio. Así, la investigación que tiene a Milani como principal responsable podría quedar en la nada, afirma el matutino.
«Si el juez Herrera Piedrabuena decide dar lugar a lo que pidió el fiscal, apelaremos», anticipó Luna Mercado, una de las abogadas que asiste a Olivera. «Lo raro es que el fiscal no dé argumentos y adhiera a todos los que presentó la defensa», agregó Mercado, que también representa a Marcela Brizuela de Ledo, madre de Alberto Ledo, el soldado desaparecido en 1976, caso en el que Milani también es investigado por su presunta participación.
En su presentación, Salman sostuvo que el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas «no participó ni comandó el operativo en el cual fuera detenido Pedro Olivera», y opinó que, en su declaración, Ramón Alfredo Olivera «confundió» al jefe castrense con otra persona, ya que Milani acreditó que el día del secuestro de Olivera «se encontraba en el Batallón 141 de La Rioja bajo una sanción disciplinaria», según consta en su legajo de servicio.
«El requerimiento de instrucción no tiene sentido. Es un mamarracho jurídico en el cual tampoco está imputado Milani; sólo dice que solicita medidas para averiguar el autor», justificó su decisión Salman. En diálogo con La Nación, el fiscal explicó que «por ese motivo» el anterior fiscal de la causa, Darío Illánes, -la dejó en febrero tras denunciar dos supuestas amenazas- nunca avanzó en la investigación.
Polémica CELS – Milani
La resolución de Salman provocó la airada queja del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un posterior cruce con el jefe del Ejército. El sábado pasado, el CELS informó que directamente denunció a Salman porque consideró que actuó irregularmente. El organismo consideró “inadmisible” que Salman «obstaculice el acceso de las víctimas a la Justicia y colabore a través de maniobras procesales con la estrategia de la defensa para que Milani no sea llamado a indagatoria».
En su defensa mediática, el jefe del Ejército alegó: «Ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja mencionó mi nombre. Pese al rótulo de represor y las comparaciones con [el ex dictador Jorge Rafael] Videla, el propio Olivera tuvo que admitir que jamás «nadie… nunca» nombró a César Milani en sus denuncias».
La causa, una de las tres pesquisas que apuntan contra el teniente general César Milani, estuvo prácticamente paralizada por la inacción de la fiscalía hasta hace un mes atrás, cuando cambió de fiscal. Las otras dos causas, por la desaparición del soldado Alberto Ledo y el presunto enriquecimiento ilícito, avanzan lentamente.
Olivera denunció que él y su padre fueron detenidos ilegalmente por Milani en 1977 y que fueron golpeados y hostigados. Incluso, el ex dirigente político relató que en 1979 ya había señalado a Milani como responsable de la detención del padre y de su traslado. Eso, según dijo, lo reafirmó en el Nunca Más de la provincia -lo hizo ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos-, en 1984.
«El dictamen de Salman es una pieza de los servicios de inteligencia; deja afuera las consecuencias de la acción represiva de Milani. Está claro que practica obediencia debida. Ahora hay que esperar al juez», dijo Olivera, que adelantó que sus letradas impulsarán un pedido para quitar al fiscal de la investigación «por mal desempeño».
