13 de marzo, fecha tentativa para fallo de la Corte por reelección en La Rioja

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La Corte Suprema clavó su primera tachuela en el calendario (por ahora secreto) de fallos sensibles que apuesta a dictar en el primer semestre.

En un acuerdo entre pares, puso como fecha tentativa el próximo 13 de marzo para resolver la controversia suscitada por el intento reeleccionista del gobernador de La Rioja, Sergio Casas, según Ambito Financiero.

Es un conflicto que la política, oficialismo y oposición, local y nacional, miran con atención. El intento de enlistarlo entre las primeras decisiones que adoptará el máximo Tribunal es llegar con oxígeno suficiente a la fecha de la elección, prevista para el 12 de mayo.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales barajan un “plan B” si no alcanzan los tiempos para reunir al menos tres votos: que sea dado a conocer seis días más tarde, el 19 de este mes, y no más allá. La definición dará el puntapié inicial a la agenda anunciada por la Corte, luego de una semana corta por los feriados.

Esto no excluye que pueda haber alguna decisión sorpresiva de las que están precalentando en “lista de espera” para ingresar a los 11 fallos programados.

Al aceptar la “competencia originaria”, la Corte habilitó días y horas inhábiles para tramitar el amparo promovido por los diputados nacionales Héctor Olivares (UCR) y el interventor del PRO Marcelo Wechsler.

Y exigió que el gobierno que encabeza Casas a través del fiscal de Estado, presente un informe explicativo de las impugnaciones que se plantean en el caso, donde la Corte ya dio varias señales de alerta al oficialismo local.

Lo que se discutirá el próximo 13 de marzo es la declaración de invalidez de la enmienda constitucional que impulsó Casas para poder acceder a un mandato más como gobernador (artículos 120 y 171 de la constitución riojana), la ley N° 10.161 que la aprobó para validarlas, los decretos del Poder Ejecutivo que convocaron a la consulta popular, y el Acta de Proclamación del Tribunal Electoral Provincial del 29 de enero de 2019, que incorporó la enmienda a la Constitución Provincial.

La Corte rechazó anular el llamado a consulta popular con el argumento por la negativa que reiteró ahora: sostuvo que la “eventual afectación constitucional recién se configuraría en caso de que el pueblo riojano se expidiera en la consulta popular convocada para el pasado 27 de enero y su resultado fuera favorable a la enmienda, como ha ocurrido”.

En aquella instancia, en plena feria, se leyó que la mayoría de la Corte había apuntalado a Casas, pero una segunda lectura detectaba que los demandantes se habían llevado bajo el brazo un “vale” para regresar luego de que se llevara a cabo la consulta, con la chance intacta de que todo el proceso quedara impugnado.

La admisión de la competencia originaria porque había una demanda contra La Rioja fue la primera señal poco auspiciosa para Casas. A favor del gobernador que busca ser reelegido, el dictamen de la Procuración General sostuvo que el amparo se vincula al cuestionamiento de normas locales y por ende, el proceso resulta “ajeno” al máximo tribunal y que debe regirse por el derecho público local.

El argumento quedó pulverizado con la decisión el viernes último de aceptar tratar el caso. En la Corte afirmaron que “es parte demandada una provincia y que los puntos sobre los que versa la causa entrañan una cuestión federal predominante, el proceso corresponde a la competencia originaria de esta Corte”. A más tardar el miércoles a primera hora, debiera estar circulando por las vocalías la respuesta del gobierno riojano, cuyo informe emplazaron en 4 días, sin tomar en cuenta los feriados. Para ello, notificaron al juez federal riojano para que todas las partes estuviesen enteradas que los plazos iban a acortarse. Recuerdan que hay dos constituyentes –Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda- sentados en la mesa de Acuerdos de la Corte- como para graficar cuál va a ser la discusión de fondo.

Un párrafo también llevó inquietud al PJ local y alentó a los representantes de Cambiemos: “Le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando están en juego garantías constitucionales de la índole de las invocadas”, sostuvieron en su decisión. “No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados”, alegaron al aceptar tratar el litigio.