Puente roto con la Corte mortifica al Gobierno con fallos en clave electoral

Movimientos internos en la Corte Suprema comenzaron a delinear el perfil de la agenda que comienza a organizarse alrededor de fallos de alto voltaje político e incidencia económica que preocupan a la Casa Rosada.

Tiempos procesales en el caso por la reelección del gobernador de La Rioja Sergio Casas, obligaron a posponer la fecha original de la sentencia, prevista para el 13 de este mes. Será el 19, y constituirá el punto de largada para el menú que prepara el máximo Tribunal, según Ámbito Financiero. El viernes, ingresó a la secretaría de juicios originarios un planteo del Frente para la Victoria en contra la habilitación que obtuvo del Tribunal Superior de Justicia la candidatura del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck para otro mandato.

En esencia, es un planteo idéntico al que hizo Cambiemos contra el mandatario riojano. Los casos son tan análogos que podrían tener idéntica solución, solo que con protagonistas invertidos. Es uno de los temas que se “colarán” en el calendario de sentencias de marzo, porque las elecciones en la provincia patagónica son el 7 de abril. Ambos son mirados con atención por oficialismo y oposición pero con señales de alerta de las que todavía no tomaron adecuada nota los postulantes a mantenerse en el poder.

También, antes de fin de marzo, comienza a calibrarse una sentencia sobre la aplicabilidad o no del Impuesto a las Ganancias para las jubilaciones, uno de los dos casos de incidencia masiva que tiene la Corte en materia previsional. El otro es un amparo colectivo del Defensor del Pueblo, interpuesto en 2009 por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006 para una gran cantidad de jubilados que nunca había sido resuelto. Este podría cerrar el ciclo, antes de la feria judicial de invierno, en julio. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales ironizaron sobre las últimas declaraciones del titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso sobre el fin de las apelaciones del organismo sobre doctrina ya fijada por la Corte el año pasado. Hasta febrero, continuaron recibiendo importante caudal de quejas del organismo previsional que incrementan los litigios, algo que va a contramano de la decisión de la Corte de acotar al mínimo ese stock.

En breve, la Corte anunciará que su cronograma incluirá al menos dos audiencias públicas que volverán a concitar la atención de varios sectores: para mayo, la que se centrará en el conflicto por las tasas que cobran los municipios a la carga de combustible, en un litigio entre Axion y el municipio de Quilmes pero al que se le sumaron alrededor de 40 intendencias sin distinción partidaria. Desde Jorge Marci (Vicente López) a Gabriel Katopodis (San Martín) y varios kirchneristas paladar negro conforman el amplio abanico de jefes comunales que pretenden que la Corte les dé la razón sobre el cálculo de una tasa por “inspección, seguridad e higiene”. La petrolera de la familia Bulgheroni deberá lidiar con el proceso de exposición pública con varios “amicus” en contra. ¿Se presta ese servicio?, es el dilema jurídico que debe despejarse primero.

La otra audiencia precalienta para junio. Es por el Fondo Sojero (fuera del temario inicial y una de las “sorpresas” que arrojará el calendario) donde hay 6 provincias que litigan contra el Gobierno. La realización de la audiencia no garantiza un fallo inmediato, pero hará sonar las alarmas en la Casa Rosada que navega sin brújula en su relación con la Corte. En las vocalías del Palacio admiten que ya quedó superada la relación institucional con el Ministro de Justicia, Germán Garavano. Solo admitirían como interlocutor válido al jefe de Gabinete Marcos Peña que abandonó a mediados del año pasado sus visitas periódicas al cuarto piso de Talcahuano 550. Eso también deja fuera del radar de la Corte a la denominada “mesa judicial” de asesores del Presidente que encabezan José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. En despachos oficiales les achacan a ambos que lo ministros hubieran consensuado este temario (con costo fiscal) en pleno año electoral.

En rigor, no fue solo la ausencia de vasos comunicantes con el Gobierno los que alumbraron la lista de temas, sino la propia dinámica interna, no exenta de pases de factura. A su presidente Carlos Rosenkrantz, sus pares le reprochan mora en la tramitación de expedientes, lo que generó que perdiera su primera batalla: que la agenda no fuese pública y que los casos tuvieran en cuenta los tiempos políticos de un año electoral. El principal enojo es el de Elena Highton de Nolasco por promesas incumplidas de su campaña para desbancar a Ricardo Lorenzetti. El extitular de la Corte guerrea a Rosenkrantz desde adentro mientras despunta su faceta de ensayista en su propia página web donde pone en discusión temas institucionales. Juan Carlos Maqueda es su principal adversario en términos jurídicos. Pero fue un sutil movimiento de Horacio Rosatti en los últimos días el que detonará una nueva interna palaciega: subió a su sitio web personal sus dos últimas declaraciones juradas de bienes, algo que todos sus pares han resistido y que resultó en una votación en la que Rosatti perdió.

Para graficar el estado de situación hoy en la Corte, jueces federales de todo el país están confirmando su asistencia a la apertura del año judicial convocada por Rosenkrantz el 19 de marzo a las 12 en un rito que inauguró Lorenzetti como demostración de poder dentro del ambiente judicial. Pero a la par, están llamando a otras vocalías para concertar mini-encuentros con otros ministros. En el fondo, están interesados en asegurarse más de una firma para las cuestiones de “superintendencia” que en la nueva modalidad de la Corte requieren al menos 3 firmas. Con una sola, saben que no alcanza.