La Rioja: de la coparticipación al dilema de la minería estatal
El gobierno de Ricardo Quintela apuesta por empresas públicas para explotar sus recursos y romper la dependencia de la Nación. Es un camino incierto, pero que refleja la desesperación de una provincia asfixiada por el ajuste de Milei y sin un modelo productivo propio.
La provincia de La Rioja, históricamente ligada a la coparticipación federal, se encuentra en un punto de quiebre. Ante el ajuste fiscal de Javier Milei que ha dejado a sus arcas casi vacías, el gobernador Ricardo Quintela ha optado por una estrategia arriesgada y con tintes ideológicos: impulsar la minería a través de empresas estatales. Esta jugada es un intento desesperado por romper con la dependencia de la Nación, pero plantea un dilema complejo entre la soberanía económica y la eficiencia de gestión.
La Rioja busca convertirse en dueña de sus recursos. La apuesta de Quintela, a través de la empresa estatal EMSE, es controlar la cadena de valor minera desde la exploración hasta la explotación. La provincia, con esta decisión, busca retener las ganancias en el territorio y generar un «empleo genuino» para sus habitantes, que en su mayoría trabajan en la administración pública. La idea es que los riojanos, a través de la capacitación y el desarrollo de habilidades técnicas, se conviertan en los protagonistas de su propio desarrollo, sin depender de la inversión extranjera.
Un camino lleno de riesgos y preguntas
Sin embargo, el camino elegido no está exento de riesgos. La minería es una industria de capital intensivo y requiere experiencia técnica que una empresa estatal, inexperta en el rubro, no posee. La falta de inversión en tecnología de punta y la posible ineficiencia de la gestión pública podrían convertir este proyecto en un pozo sin fondo. Hay que recordar que el Estado riojano, su principal empleador, ha generado una enorme masa de trabajadores en negro y con sueldos de miseria, una realidad que choca con la promesa de «empleo genuino».
La apuesta de Quintela, en definitiva, es una respuesta política a una crisis económica. La minería estatal, en este sentido, es un símbolo de resistencia al ajuste de Milei y un intento de mostrar que las provincias pueden ser autosuficientes. Pero la realidad es que La Rioja, a pesar de sus 42 años de hegemonía peronista, no ha logrado generar un modelo productivo que le permita vivir de sus propios recursos. El dilema es si este nuevo intento, liderado por el Estado, será la solución o si simplemente agravará los problemas estructurales que la provincia arrastra desde hace décadas.