El gobierno provincial enfrenta una situación crítica con una enorme masa de empleados públicos, de los cuales miles son “precarizados”. Con sueldos que no superan los $80.000, estos trabajadores invisibles son el síntoma de un modelo que se agota y un desafío para el futuro de la provincia.
La provincia de La Rioja enfrenta un dilema que va más allá de la coparticipación o la deuda externa: el Estado provincial se ha convertido en una bomba de tiempo social. La combinación de salarios públicos bajos, una enorme masa de empleados estatales y un creciente número de trabajadores en negro ha generado un escenario de precariedad que pone en jaque la gobernabilidad y el futuro económico de la provincia.
Según estimaciones de fuentes locales, miles de riojanos trabajan para el Estado sin ningún tipo de registro formal. Estos trabajadores, que no figuran en las planillas oficiales, perciben salarios mensuales que no superan los $80.000. Esta cifra, irrisoria en el actual contexto de inflación, los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, sin obra social, sin aportes jubilatorios y sin los derechos básicos de cualquier empleado.
Un Estado sobredimensionado y una economía precarizada
El problema de La Rioja no es solo la cantidad de empleados públicos, sino la calidad del empleo estatal. El Estado provincial, que se ha vuelto el principal empleador para compensar la falta de un sector privado robusto, ha recurrido a la precarización laboral para sostener su funcionamiento. La figura del «trabajador en negro» del Estado es el síntoma más claro de un modelo que se agota y que ha generado una economía de subsistencia.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que la provincia enfrenta una crisis financiera por el ajuste del gobierno nacional. La falta de fondos de la coparticipación federal ha obligado al gobierno de Ricardo Quintela a estirar los recursos al máximo, lo que ha impactado directamente en los salarios. A pesar de los esfuerzos del gobierno provincial por aumentar los sueldos, la mayoría de los empleados, y en especial los “precarizados”, siguen por debajo de la línea de pobreza.
El futuro en juego
El problema de la precariedad laboral en el Estado no es solo económico, es también político. Estos trabajadores invisibles son un electorado cautivo y una herramienta de control para la clase dirigente. Sin embargo, su creciente descontento podría convertirse en un factor de desestabilización social en un futuro cercano.
La Rioja se encuentra en una encrucijada. El gobierno provincial necesita una solución urgente para su crisis financiera y laboral, pero el camino es estrecho. El modelo de un Estado sobredimensionado y precarizado no es sostenible a largo plazo, y la falta de un sector privado que genere empleo genuino condena a la provincia a un círculo vicioso de pobreza y dependencia. La Rioja necesita un cambio profundo en su matriz económica y laboral, pero para lograrlo, primero tiene que sincerar la crisis que vive en su propio Estado.
