Causa ONGs: la Justicia Federal reactiva la investigación contra entidades por defraudación y lavado de activos

La fiscal Virginia Miguel Carmona informó que el expediente N° FCB 5152/2016 avanza con una decena de cuerpos y ordenó medidas de prueba para organismos nacionales y provinciales. La acción judicial busca obtener una plataforma probatoria para proceder con garantías procesales, en una causa que ya registra un antecedente de nulidad.

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La Justicia Federal en La Rioja retomó la investigación sobre el manejo de fondos públicos a través de una red de asociaciones y empresas. La fiscal federal Virginia Miguel Carmona informó que la causa N° FCB 5152/2016, que investiga los delitos de Defraudación contra la Administración Pública y Lavado de Activos (PROCELAC), se encuentra en una fase de recopilación de elementos de prueba.

La causa, que ya suma varios cuerpos, apunta a un grupo de 29 entidades, entre las que se encuentran fundaciones, asociaciones civiles y empresas. El listado incluye a: Fundación Hacer Juntos, Progreso y Justicia Social, Fundación Amanecer, Asociación Civil Huellas Chileciteñas, entre otras.

Prueba documental y garantías procesales

La fiscal Miguel Carmona precisó que el proceso se concentra en la búsqueda de prueba documental que sustente la investigación, una medida necesaria debido a que el expediente registró una nulidad declarada.

• Medidas de prueba: La Fiscalía solicitó a organismos provinciales y nacionales medidas. La información requerida incluye cuentas bancarias, contratos, convenios, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro de la Propiedad Automotor, y el apoyo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
• Declaraciones previas: La fiscal sostuvo que el proceso busca obtener un cuadro sobre lo que aconteció con la obra pública en La Rioja, y que el objetivo es tener una plataforma para avanzar sin incurrir en decisiones que afecten el correcto proceso penal.

La funcionaria judicial afirmó que la intención es avanzar respetando las garantías constitucionales y que solo emitirá opinión sobre el caso con un dictamen procesal. La reactivación de esta causa, que incluye entidades que manejaron fondos públicos, intensifica el control sobre la administración provincial.