El grito social en La Rioja: la marcha de las Madres del Dolor desnuda la crisis judicial y aumenta la presión por la purga en el TSJ
Un grupo de personas se congregó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la reactivación de causas archivadas y el fin de la corrupción. La movilización ocurre en el momento de máxima tensión por el control político de la justicia, donde el sector del gobernador Ricardo Quintela busca desplazar a la vieja guardia de jueces y el vocal Claudio Saúl denuncia una «operación» para el desprestigio.
La crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial de La Rioja salió de los pasillos de Tribunales para tomar la calle este martes. Un grupo de personas se congregó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), encabezada por la Asociación Madres Del Dolor, en un fuerte reclamo contra un sistema que es foco de críticas por demoras, causas archivadas y acusaciones de corrupción.
La movilización, que exigió una «justicia más accesible, efectiva e imparcial», busca presionar por la reactivación inmediata de casos que llevan años estancados, privando a las víctimas y sus familias de obtener respuestas. El mensaje central que resonó frente al máximo tribunal fue un desafío directo a la cúpula: «Entre todos podemos cambiar el sistema judicial actual».
La marcha en el eje de la guerra por el control judicial
El estallido social se produce en el peor momento institucional para la Función Judicial, justo cuando el sector del gobernador Ricardo Quintela ha lanzado una «guerra silenciosa» para tomar el control total del TSJ.
El gobierno riojano tiene en la mira a jueces de la vieja guardia, como Claudio Saúl, Claudio Ana y Luis Brizuela (ligados a las gestiones de Ángel Maza y Luis Beder Herrera), con el objetivo de nombrar figuras de su máxima confianza (como el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, o la jueza Cecilia Córdoba).
- La acusación política: El juez Claudio Saúl, vocal del TSJ y actual presidente del Consejo de la Magistratura, se vio obligado a denunciar públicamente una “operación política” en su contra. Saúl, quien negó los rumores sobre la jubilación de la jueza investigada Adriana Loureiro, aseguró que esta presión responde al intento de «desprestigio» del Tribunal.
La movilización de las víctimas subraya que la crisis de la Justicia riojana no es solo un problema de «topos libertarios» o internas políticas, sino un fracaso del servicio público que afecta directamente a la vida cotidiana de los riojanos. La presión social es ahora el nuevo motor que empuja a Quintela a acelerar el saneamiento de las instituciones.
Debe estar conectado para enviar un comentario.