El diputado por Felipe Varela definió al cálculo de gastos y recursos como una herramienta de supervivencia frente a la asfixia nacional. Confirmó que el pago de haberes está garantizado, pero alertó que las mejoras salariales dependerán exclusivamente de que se cumplan los pronósticos de crecimiento del Gobierno Nacional.
En medio de un clima de tensión financiera y reclamos cruzados con la Casa Rosada, la Legislatura riojana avanza con un presupuesto que el oficialismo define sin eufemismos: es un plan de contingencia para evitar el estallido social. La voz cantante de este realismo político fue Oscar Chamía, diputado provincial por el departamento Felipe Varela, quien tras el debate legislativo trazó un panorama crudo para el año entrante: «Es un presupuesto de emergencia que no tiene expectativa en función de la situación económica que nos ha puesto la Nación».
El legislador, una de las espadas políticas del gobernador Ricardo Quintela en el interior, explicó que la «situación precaria» de las arcas provinciales obligó a diseñar una hoja de ruta con prioridades de trinchera. No hay margen para grandes obras ni proyecciones de desarrollo; el objetivo es, lisa y llanamente, sostener el empleo estatal.
«Había que hacer una muy buena distribución de recursos para sostener a los empleados públicos, que nadie quede cesante, y sostener los servicios esenciales», sentenció Chamía, marcando la línea roja que el gobierno provincial no está dispuesto a cruzar. En una provincia donde el empleo público es el motor de la economía local, el mensaje llevó alivio pero también una dosis de realidad: «El pago de sueldos está garantizado por presupuesto, pero aumento de sueldo, evidentemente en esta crisis, no prevé».
La estrategia del oficialismo riojano parece ser la de trasladar la presión política al Gobierno Nacional. Con una ironía pragmática, Chamía vinculó cualquier futura mejora en los bolsillos de los trabajadores a las promesas macroeconómicas de Javier Milei. «Si se da lo que anunció Milei, que la economía va a crecer entre 5 y 16% este año, posiblemente haya mayores ingresos y pueda ir al bolsillo de los trabajadores. Pero si no, no hay ninguna posibilidad», advirtió.
El análisis político de sus declaraciones revela que La Rioja se prepara para un 2026 de administración de la escasez. Sin los fondos extracoparticipables y con una deuda reclamada a la Nación que asciende a 1.300 millones de dólares, la gestión de Quintela apuesta a «alambrar» la provincia garantizando lo mínimo indispensable: sueldos y servicios básicos.
En cuanto a la presión fiscal sobre los contribuyentes, el diputado intentó llevar calma al sector privado y comercial, asegurando que no habrá impuestazos reales. «Las tarifas se mantuvieron solamente con la actualización por inflación. El aumento va a ser un promedio del 30%, mucho menos que la inflación real», detalló, buscando un equilibrio entre la necesidad de recaudar y la imposibilidad de apretar más a una economía local recesiva.
En definitiva, las palabras de Chamía confirman que para el peronismo riojano la batalla del 2026 no será por el crecimiento, sino por la resistencia. El presupuesto aprobado es el escudo con el que intentarán llegar al final del mandato sin que la motosierra nacional desmembre el tejido social de la provincia.
