La justicia de La Rioja bajo la lupa: auditan tribunales y detectan graves «disfuncionalidades» en el interior provincial
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) profundiza los controles de gestión con auditorías sorpresivas. En Chamical, un relevamiento expuso bajos índices de efectividad y expedientes paralizados. La Secretaría de Superintendencia apunta a reorganizar el sistema y mejorar la atención al ciudadano.
La justicia riojana atraviesa un proceso de reordenamiento interno que busca sacudir las estructuras tradicionales y mejorar la imagen ante la sociedad. Desde la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial, dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se han intensificado las auditorías en los tribunales de toda la provincia, revelando un panorama preocupante en algunas jurisdicciones.
El abogado Fernando Bazán, titular de la Secretaría, confirmó que el objetivo central es «mejorar la calidad de vida de nuestra justicia en La Rioja» mediante un control administrativo y disciplinario estricto. La iniciativa, que comenzó a tomar fuerza en 2023, no se limita a revisar papeles: los equipos de auditoría se instalan en el territorio para evaluar desde la infraestructura hasta el ambiente laboral y el trámite de las causas.
El caso Chamical: una luz de alerta
El foco de atención reciente se posó sobre la Justicia de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Chamical. Una auditoría realizada hace poco más de un mes arrojó resultados que encendieron las alarmas en el máximo tribunal provincial.
Según detalló Bazán, se detectaron «disfuncionalidades bastante serias», entre las que enumeró un «muy bajo índice de efectividad», expedientes sin una primera respuesta jurisdiccional y otros paralizados sin instrucción. Además, se encontró una gran cantidad de causas prestadas, una práctica desaconsejada en el fuero penal por el riesgo que implica para el control de la investigación.
«El Tribunal Superior ha pedido un urgente plan de regularización», aseguró el funcionario, quien fue tajante al señalar las responsabilidades: «La máxima autoridad es el juez. Esto no quiere decir que los empleados sean malos; al contrario, hay gente dispuesta, pero falta esa organización que le cabe al magistrado».
Un cambio de paradigma en la atención
Más allá del control a los jueces, el plan del TSJ busca recomponer el vínculo con la ciudadanía. Bazán reconoció que históricamente el Poder Judicial ha mantenido una distancia con la gente, escudado en la idea de que «los jueces solo hablan por sus sentencias».
Para romper esa barrera, la Superintendencia ha habilitado canales directos —tanto presenciales como digitales— para que cualquier ciudadano, incluso sin patrocinio letrado, pueda realizar denuncias o reclamos por demoras y mala atención. «Tenemos la obligación de dar una respuesta entendible, con un idioma claro y preciso», enfatizó el secretario.
La premisa es clara: desde la barandilla hasta el despacho del juez, el servicio debe ser empático y eficiente. «Nadie va a tribunales a pasear o a hacer shopping; van con una angustia que necesita respuesta», concluyó Bazán, marcando el tono de esta nueva etapa de control y exigencia en la justicia riojana.