En sintonía con la preocupación nacional por la ola de amenazas de violencia en establecimientos educativos, el ministro de Educación provincial, Ariel Martínez, anunció una reunión clave entre las carteras de Seguridad, Desarrollo Social, Salud y Justicia. Advirtió que muchas de las intimidaciones ya se tipifican como «amenaza y riesgo de muerte», activando la intervención de fuerzas federales, y reclamó corresponsabilidad a las familias.
LA RIOJA.— La ola de amenazas de violencia contra escuelas que en las últimas semanas obligó a intervenir a fiscalías, fuerzas federales y carteras educativas en distintos puntos del país tuvo este fin de semana su correlato riojano. Tras participar en la última sesión del Consejo Federal de Educación, el ministro de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, confirmó que el próximo lunes encabezará una mesa interministerial destinada a coordinar protocolos de prevención y contención, en un fenómeno que —según reconoció el propio funcionario— ya excedió con holgura el ámbito estrictamente pedagógico.
«Vamos a trabajar para que los alumnos se sientan cuidados y contenidos en la escuela», sintetizó el titular de la cartera educativa, en declaraciones que buscaron llevar tranquilidad a una comunidad educativa provincial sacudida por el clima de alerta que atraviesa a todo el sistema argentino.
Una mesa que trasciende el aula
El encuentro previsto para el lunes reunirá a los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Salud y Justicia, junto al cuerpo de supervisores escolares, en una convocatoria que refleja el diagnóstico oficial: las amenazas en escuelas ya no pueden abordarse exclusivamente desde la pedagogía. Martínez explicó que la provincia cuenta con más de cuatro guías de actuación vigentes que abordan bullying, convivencia escolar y portación de armas en los establecimientos, pero admitió que el nuevo escenario exige articular esa mirada con herramientas concretas de prevención del delito.
«Hay que equilibrar la mirada pedagógica con medidas de seguridad», señaló el funcionario, en un guiño explícito al ministerio que conduce esa área en la provincia y, de modo indirecto, a la coordinación con fuerzas nacionales. La definición no es menor: La Rioja, históricamente refractaria a la presencia policial dentro de las escuelas, abre así la puerta a un esquema de trabajo conjunto que era impensado hasta hace pocos meses.
Del «chiste» a la causa penal federal
Uno de los tramos más elocuentes de la exposición de Martínez apuntó al cambio de paradigma jurídico que atraviesa estos episodios. Lo que hasta hace poco se consideraba una travesura adolescente, un chiste de mal gusto o una bravuconada en redes sociales, hoy se tipifica en muchos casos como «amenaza y riesgo de muerte», una figura que habilita la intervención directa de la justicia y de las fuerzas de seguridad nacionales.
La advertencia del ministro se inscribe en una tendencia que ya se observa en jurisdicciones como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, donde fiscales federales avanzaron con imputaciones sobre menores y sus familias, y donde la Policía Federal intervino en allanamientos en domicilios vinculados a amenazas virales difundidas por aplicaciones de mensajería. El mensaje hacia las familias riojanas es claro: no hay una frontera blanda entre la broma y el delito, y las consecuencias judiciales pueden ser severas.
Corresponsabilidad y el rol de las familias
El núcleo político del planteo de Martínez giró alrededor del concepto de «corresponsabilidad social». El ministro fue enfático al sostener que el cuidado de los jóvenes no puede descansar exclusivamente sobre la escuela y reclamó un compromiso activo del entorno familiar, particularmente en el seguimiento del comportamiento de los adolescentes en redes sociales y grupos de comunicación, espacios donde suelen gestarse y viralizarse la mayoría de las amenazas.
«Los padres tienen que asumir la responsabilidad tutora sobre el accionar de sus hijos», planteó el funcionario, en una línea discursiva que dialoga con la que vienen sosteniendo sus pares de otras provincias y la propia cartera educativa nacional.
Consultado sobre la posibilidad de disponer requisas o presencia policial permanente en los establecimientos, Martínez se mostró cauteloso. Afirmó que se evaluarán estrategias que resguarden la privacidad de los alumnos y eviten tensiones innecesarias, priorizando el diálogo y la escucha dentro de la escuela como primer eslabón de la intervención. La postura diferencia a La Rioja de provincias que avanzaron con protocolos más invasivos, y se sostiene en la convicción de que la sobrerreacción securitaria puede resultar contraproducente en términos de convivencia.
Argentina en perspectiva comparada
En un tramo que conecta el problema local con el debate internacional, el ministro valoró las políticas públicas argentinas que restringen el acceso civil a armas de fuego y promueven la contención de los jóvenes a través de programas sociales y educativos. Estableció allí una diferencia explícita con otros contextos —sin mencionar países, pero con la referencia implícita a los Estados Unidos y algunos estados brasileños—, donde los tiroteos escolares se convirtieron en un fenómeno estructural con cientos de víctimas anuales.
Esa comparación, lejos de ser anecdótica, cumple una función política: recuerda que la Argentina todavía se ubica en un escalón cualitativamente distinto del problema y que el Estado conserva márgenes amplios de intervención preventiva antes de que la situación mute hacia ese patrón.
Un Estado «alerta y presente»
En el cierre de sus declaraciones, Martínez insistió en el mensaje institucional dirigido a las familias riojanas. Sostuvo que el Estado provincial se encuentra «alerta y presente» para intervenir territorialmente y generar las condiciones para que la escuela siga siendo un ámbito de formación y protección. La frase, acuñada en clave tranquilizadora, llega en un momento particularmente delicado para La Rioja: una provincia con una de las matrículas de educación pública proporcionalmente más altas del país, fuerte presencia de empleo estatal en el sistema educativo y una conflictividad social atravesada por la crisis económica, la caída del poder adquisitivo docente y el ajuste en transferencias nacionales.
La convocatoria del lunes funcionará, en los hechos, como la primera prueba de fuego para verificar si el andamiaje interministerial anunciado por Martínez puede traducirse en un protocolo operativo antes de que una amenaza concreta vuelva a tensionar el sistema. El fenómeno, definitivamente, ya no es local: es una agenda nacional que desembarcó, con características propias, en el escenario riojano.
