Profesionales autoconvocados exigen el pago inmediato de facturaciones vencidas desde agosto; la dependencia del 80% de la obra social provincial pone en jaque la operatividad de las clínicas, que ya enfrentan amenazas de corte de servicios y falta de insumos
El sistema de salud en el interior de La Rioja cruje bajo la presión financiera. En una escalada del conflicto que amenaza con paralizar la atención médica en la segunda ciudad de la provincia, un grupo de médicos autoconvocados de Chilecito decidió romper el silencio institucional y presentar un ultimátum a la Administración Provincial de Obra Social (APOS). La exigencia es clara y urgente: el pago inmediato de las facturaciones adeudadas desde agosto, bajo la advertencia de que la estructura sanitaria privada ya no tiene margen para seguir financiando al Estado.
La presentación formal, realizada esta mañana en la delegación local de la obra social, expone una realidad administrativa que los profesionales califican de «crítica». Gustavo Berrantes, cirujano y vocero del grupo que opera en las clínicas San Nicolás y Privada, describió un escenario de asfixia económica. «Lo último que cobramos fue julio, y a cuentagotas. Hoy termina noviembre y todavía no se pagó agosto. El convenio marca 60 días de plazo y está largamente vencido», sentenció.
La «APOS-dependencia» y el riesgo operativo
El conflicto desnuda una fragilidad estructural del sistema sanitario del interior: la dependencia casi absoluta de la caja provincial. Según detallaron los autoconvocados, el 80% de la facturación de las clínicas chileciteñas proviene de APOS. Esta relación asimétrica convierte cualquier retraso en el giro de fondos en una sentencia de inviabilidad.
La deuda golpea directamente al Nivel 2 de atención, el segmento más sensible que abarca internaciones, cirugías, partos y alta complejidad. Sin el flujo de fondos, la cadena de pagos se ha cortado. «Si no pagan, no se pueden reponer insumos ni cubrir gastos básicos. Hace dos meses quisieron cortarle la luz a la clínica porque no podían afrontar la boleta», relató Berrantes, graficando la precariedad con la que operan las instituciones que deben garantizar la salud de miles de vecinos.
Una negociación contrarreloj
La falta de respuestas formales ha tensado la cuerda. Hasta el momento, el diálogo con la cúpula de la obra social ha sido nulo. «Nadie llamó para preguntar qué está pasando», indicaron los médicos, aunque reconocieron que existe una intención de la administradora Claudia Ortiz de abrir una mesa de diálogo el próximo lunes.
Sin embargo, la postura de los profesionales es inflexible y tiene plazos perentorios: exigen cobrar el 100% de la deuda de agosto la próxima semana y cancelar septiembre antes de Navidad. No hay margen para promesas de pago diferido.
El impacto social: cupos y cuellos de botella
Mientras la burocracia dilata los tiempos, los efectos colaterales ya se sienten en los consultorios. La restricción presupuestaria ha obligado a reducir los cupos de atención, generando «cuellos de botella» que derivan en listas de espera de hasta un mes para los pacientes.
«No trabajamos gratis: tenemos familias, empleados, seguros de mala praxis y obligaciones impositivas», se defendió Berrantes, anticipándose al malestar social. El mensaje de los médicos de Chilecito funciona como una alerta temprana para el gobierno de Ricardo Quintela: si la obra social no regulariza su situación, el sistema privado del oeste riojano podría apagar la luz, dejando al Estado como único y desbordado garante de la salud pública.
