La fiscal federal Virginia Miguel Carmona avanzó en la «Causa ONG», el expediente de corrupción más grande de la historia provincial. Se investigan fondos girados a fundaciones fantasmas entre 2013 y 2016. A su vez, solicitó el sobreseimiento de 125 acusados cuyas firmas habían sido falsificadas.
La investigación por la denominada «Causa ONG» en La Rioja dio este lunes un paso decisivo. La Fiscalía Federal, a cargo de María Virginia Miguel Carmona, solicitó formalmente la ampliación de la declaración indagatoria para 76 personas, en el marco de una megacausa que investiga el desvío de fondos públicos por una cifra que, según las estimaciones preliminares, superó los 800 millones de pesos (unos 64 millones de dólares al cambio oficial de 2015).
La maniobra, ejecutada entre 2013 y 2016, habría consistido en un esquema sistémico para canalizar recursos estatales hacia fundaciones y asociaciones civiles. Según la acusación, muchas de estas entidades no registraban actividad real o no pudieron justificar el destino del dinero, eludiendo así los controles habituales de licitación y contratación del Estado.
Depuración de la lista: firmas falsas y sobreseimientos
El expediente, que acumula más de 20 mil fojas y 26 cuerpos, involucró inicialmente a más de 200 personas físicas. Sin embargo, con el avance de la instrucción, la fiscalía detectó un patrón inquietante: la incorporación de «socios» en actas constitutivas sin su consentimiento.
Ante esto, Miguel Carmona solicitó el sobreseimiento de 125 individuos. La Justicia corroboró que estas personas no formaron parte de la trama delictiva y que, en muchos casos, sus firmas habían sido falsificadas o certificadas en hojas en blanco para simular la estructura legal de las ONGs.
El mecanismo del desvío
El dictamen fiscal es lapidario respecto al modus operandi. Se detectaron acreditaciones millonarias —en algunos casos superiores a los 20 millones de pesos en plazos muy cortos— que eran retiradas casi inmediatamente en efectivo por ventanilla. Esta operatoria, alertada originalmente por Reportes de Operación Sospechosa (ROS) del Nuevo Banco de La Rioja y la UIF, impidió la trazabilidad del dinero.
Las imputaciones giran en torno a la defraudación a la administración pública y el lavado de activos. A los funcionarios involucrados se les suman cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
Fundaciones fantasmas
La investigación, que contó con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reveló que la mayoría de las fundaciones tenían «objetos sociales vagos», carecían de capital inicial y no poseían bienes de uso. Un caso testigo es el de la Fundación Futuro: creada en noviembre de 2013, recibió 20 millones de pesos en apenas dos meses.
Además, los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional confirmaron que los domicilios declarados como sedes no tenían actividad institucional visible. También se descubrió que varias personas rotaban como directivos en diferentes entidades, lo que para la fiscalía evidencia un «esquema de control común».
La fiscal Miguel Carmona ratificó la competencia federal del caso, argumentando que separar la investigación del lavado de activos de los delitos precedentes fragmentaría la prueba y podría derivar en sentencias contradictorias.
