El Concejo Deliberante dio dictamen favorable a la iniciativa que busca ordenar el patrimonio inmobiliario de la Ciudad. Prevén un registro digital público, descuentos para viviendas sociales y un protocolo estricto para desalojar ocupaciones ilegales en 90 días.
En un movimiento clave para el ordenamiento urbano de la capital riojana, la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante emitió este jueves un dictamen favorable para la creación del «Banco de Tierras de la Municipalidad de la Ciudad Capital de La Rioja» (BTM). La iniciativa, impulsada por los concejales Pablo Herrera y Alberto Centeno, busca modificar la Ordenanza N° 4622 para poner fin a la irregularidad dominial y frenar las usurpaciones en el ejido urbano.
El proyecto, que obtuvo luz verde el pasado 4 de diciembre con la firma de los ediles Guillermo Benzo, Yolanda Corzo, Viviana Luna, Nazareno Rippa y Ángel Ávila, establece un marco legal estricto para identificar, registrar y administrar todos los inmuebles del dominio público y privado del municipio.
El objetivo central es terminar con la falta de información sobre los terrenos fiscales. Para ello, se creará el Registro Municipal de Tierras, un sistema que deberá relevar desde terrenos baldíos y loteos hasta inmuebles recibidos por donaciones o compensación de deudas. Según el texto de la norma, este organismo tendrá la tarea del «saneamiento, vigilancia y adecuación provisoria o definitiva» de las parcelas para optimizar el uso del suelo.
Protocolo anti-tomas y transparencia digital
Uno de los puntos más fuertes de la normativa es la «tolerancia cero» a las ocupaciones ilegales. El artículo 6° del proyecto instruye al Ejecutivo y a la Fiscalía Municipal a elaborar, en un plazo máximo de 90 días, un protocolo de acción para «recuperar tierras de su propiedad que se detecten hayan sido usurpadas».
A su vez, se apuesta a la transparencia administrativa. El Municipio deberá confeccionar un padrón de inmuebles de «consulta pública mediante una Planilla digital». Allí figurarán datos sensibles que hoy suelen estar dispersos: identificación catastral, titulares de dominio, restricciones, zonificación y hasta si el terreno posee «deudas por impuestos provinciales o tasas municipales».
Vivienda única y cláusulas «anti-especulación»
La ordenanza pone el foco en el déficit habitacional, pero con candados para evitar negocios inmobiliarios con tierras del Estado. Los terrenos podrán destinarse a construcción de viviendas familiares, espacios verdes o proyectos productivos, pero bajo condiciones férreas.
Para acceder a un lote con fin de vivienda, es «requisito indispensable» que el solicitante y su cónyuge no posean otro inmueble en la provincia. Además, se publicarán listados de preadjudicatarios para permitir impugnaciones ciudadanas.
El dato clave para evitar la especulación inmobiliaria está en el Artículo 17°: los terrenos adjudicados con carácter social «no podrán venderse, transferirse, arrendarse o cambiarse el destino» por un lapso de 10 años sin consentimiento municipal. Quien viole esta norma enfrentará una multa equivalente al valor actualizado del predio y la desadjudicación automática.
Precios y financiamiento de obras
El valor de venta de los lotes no será arbitrario. Se fijará garantizando los «valores de reposición de suelo en el mercado local» más los costos de infraestructura. Sin embargo, habrá beneficios:
- Vivienda Social: Se autoriza un descuento del 10% para lotes destinados a viviendas familiares de carácter social menores a 80 m2.
- ONGs y Clubes: Las instituciones sin fines de lucro podrán acceder a un descuento de hasta el 30% del valor del predio, siempre que presenten balances, estatutos y proyectos de inversión detallados.
Finalmente, la normativa establece un círculo virtuoso para las finanzas locales: todo el dinero recaudado por la venta o canon de uso de estas tierras deberá ser «invertido en obras de infraestructura urbana» que determine la Secretaría de Obras Públicas.
Dictamen
