De la «guerra» por el cobre a la sociedad comercial: La Rioja firmó un acuerdo con la dueña de Josemaría tras el reclamo limítrofe
Hace dos meses, el gobernador Quintela amenazaba con ir a la Justicia por la soberanía del yacimiento sanjuanino. Ahora, selló el desembarco de una subsidiaria del Grupo Lundin para explorar la extensión del distrito Vicuña en suelo riojano.
En política y negocios, los tiempos se aceleran y las estrategias mutan con pragmatismo. En apenas 60 días, el gobierno de La Rioja protagonizó un giro de 180 grados en su relación con la minería de gran escala: pasó del reclamo territorial y la amenaza judicial contra San Juan por el megaproyecto Josemaría, a firmar un acuerdo de exploración con el mismo grupo empresario que controla ese yacimiento.
El gobernador Ricardo Quintela recibió a directivos de NGEx Minerals —una compañía del poderoso Grupo Lundin— y oficializó el desembarco de la firma en la provincia. El objetivo es claro: confirmar si la riqueza geológica del distrito Vicuña, hoy concentrada en San Juan, se extiende hacia el lado riojano.
La foto institucional, difundida tras el encuentro del 12 de diciembre, contrasta fuertemente con la retórica de finales de octubre. En aquel momento, en medio de la tensión por el ajuste fiscal nacional, Quintela había reavivado una vieja disputa limítrofe. En una entrevista televisiva, calificó a Josemaría como «la mina más importante del país», sostuvo que «otrora fue riojana» y cuestionó la legalidad de los límites actuales, apuntando a recuperar regalías de un proyecto de cobre valuado en miles de millones de dólares.
El deshielo y el nuevo pacto
El conflicto, que amenazaba con escalar a la Corte Suprema, parece haber sido reconducido hacia un esquema de negocios. La firma del acuerdo se realizó a través de Pampa Exploración, subsidiaria de NGEx, y contó con la presencia de Alfredo Vitaller, director de Asuntos Corporativos del grupo y ex gerente general de Josemaría, un hombre clave en el desarrollo minero de la región.
Desde la compañía dejaron en claro que el interés geológico es real. Buscan la continuidad del distrito Vicuña, un polo minero de clase mundial que incluye los proyectos Josemaría, Filo del Sol y Lunahuasi. La hipótesis es que las vetas de cobre no reconocen fronteras políticas y que La Rioja podría albergar una extensión de este sistema mineral.
«Confianza y seguridad jurídica»
Para la administración provincial, el acuerdo funciona como una válvula de escape económica y una señal política hacia el mercado. Dejó atrás la beligerancia territorial para abrazar la inversión extranjera directa.
El ministro de Trabajo, Empleo e Industria riojano, Federico Bazán, fue el encargado de traducir el acuerdo en términos de gestión. El funcionario destacó que la llegada de la minera expresa «confianza en la provincia» y refuerza la «seguridad jurídica local», conceptos que buscan disipar las dudas que había generado el intento de expropiación discursiva de hace dos meses.
El convenio no solo implica trabajos de prospección, sino que abre la puerta al «derrame» económico en el interior provincial, una necesidad urgente para las arcas de La Rioja. «Abre expectativas de desarrollo y empleo», señalaron desde la gobernación.
Así, la «batalla por Josemaría» parece haber concluido, o al menos entrado en una tregua productiva: San Juan mantiene la jurisdicción de la mina, pero La Rioja logra sentar en su mesa al mismo inversor, apostando a que el cobre, finalmente, empiece a jugar también de su lado de la cordillera.