Alarma en el Norte Grande: el Parlanoa advierte por una crisis industrial que compromete la coparticipación de La Rioja
Industriales de las diez provincias de la región expusieron ante los vicegobernadores un cuadro de cierres, despidos y caída de la actividad. La merma en el pago de IVA, Ganancias y el impuesto al cheque amenaza con profundizar la dependencia de los estados provinciales de los envíos federales en medio de un ajuste ya de por sí severo.
LA RIOJA.- La situación industrial del Norte Grande argentino atraviesa un momento crítico y sus efectos empiezan a sentirse de manera directa sobre las finanzas provinciales. En el marco del último plenario del Parlanoa —el Parlamento del Norte Grande—, representantes del sector privado expusieron ante los vicegobernadores de la región un panorama de cierres de establecimientos, despidos y retracción productiva que, de no revertirse, promete agravar la fragilidad fiscal de jurisdicciones como La Rioja, cuya estructura de ingresos depende mayoritariamente de los recursos que llegan desde la Nación.
El diagnóstico, acompañado por dirigentes industriales de las diez provincias del bloque, describió una crisis que ya no se mide en proyecciones sino en plantas que bajaron la persiana y en puestos de trabajo formales que se perdieron en los últimos meses. La advertencia central de los empresarios fue tan clara como inquietante: «Cada vez que cierra una industria, es muy difícil que vuelva a abrir».
El círculo vicioso de la recaudación
El aspecto más sensible del planteo empresario, y el que más interpela a los gobernadores e intendentes del norte, es el impacto fiscal en cadena que genera la paralización productiva. Cada establecimiento que cesa actividades deja de tributar IVA, Ganancias y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, tres de los gravámenes nacionales coparticipables con mayor peso relativo en la masa distribuible.
Esa caída en la recaudación nacional se traduce, casi en tiempo real, en una reducción de los fondos que reciben las provincias por coparticipación federal. El mecanismo actúa como un círculo vicioso: menos actividad privada genera menos recaudación, menos recaudación implica menos transferencias automáticas y menos transferencias profundizan el ahogo financiero de los estados provinciales, que a su vez ven reducida su capacidad para sostener obra pública, salarios y prestaciones sociales.
Para La Rioja, donde los ingresos corrientes dependen en más de un 80% de la coparticipación y otros envíos federales —según datos recientes del IARAF, CEPA y la Oficina de Presupuesto del Congreso—, el diagnóstico del Parlanoa no es un dato marginal. Cualquier retracción adicional en los recursos coparticipables se traduce de manera inmediata en una menor disponibilidad de caja en el Ministerio de Hacienda provincial, en un contexto en el que la provincia ya mantiene un default sobre su bono internacional y enfrenta litigios en los tribunales de Massachusetts por la ejecución de activos locales.
Asimetrías estructurales y empleo público
La exposición empresaria ante los vicegobernadores también puso sobre la mesa debilidades estructurales que explican por qué el norte argentino resulta especialmente vulnerable a este tipo de shocks. Las diez provincias del Norte Grande son, según los datos presentados, las que exhiben los índices más bajos de industrias por cada 1.000 habitantes en todo el país, una asimetría que se arrastra desde hace décadas y que no logró ser compensada por los sucesivos regímenes de promoción.
En paralelo, el bloque concentra la mayor proporción de trabajadores ocupados en el sector público sobre el total del empleo registrado. La combinación es explosiva: un tejido industrial débil que no logra absorber mano de obra cuando el Estado deja de contratar, y un Estado cuya capacidad de contratación depende, a su vez, de un flujo de transferencias nacionales que ahora está amenazado por el propio deterioro de la actividad privada.
El caso riojano ilustra con crudeza esa tensión. La provincia viene registrando en 2026 caídas reales en los ingresos por coparticipación, atraviesa negociaciones políticamente condicionadas por adelantos de fondos con la Casa Rosada y es, según los últimos datos del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025, la única del país en la que la pobreza mostró un deterioro adicional en el período.
Una respuesta política en construcción
Los vicegobernadores presentes en el plenario, entre ellos los de Tucumán y Santiago del Estero, manifestaron estar al tanto de la gravedad del cuadro y se comprometieron a convocar a los sectores productivos de cada provincia para articular una visión común que permita frenar el deterioro del entramado industrial del norte. La intención declarada es elevar un reclamo coordinado al Gobierno nacional que contemple la situación particular de una región que combina baja densidad industrial, alta dependencia del empleo estatal y una fuerte exposición a los recortes de transferencias discrecionales.
La convocatoria se inscribe en un escenario político más amplio en el que el Norte Grande busca recuperar un rol de interlocución frente a la administración de Javier Milei, después de un año signado por tensiones alrededor de los fondos no automáticos, las cajas previsionales no transferidas y la negociación por la deuda de las provincias con la Nación. Para mandatarios como el gobernador riojano Ricardo Quintela —que viene articulando una estrategia de construcción política federal bajo el paraguas «Federales Somos Todos»—, el diagnóstico del Parlanoa ofrece un insumo técnico útil para reforzar el argumento de que el ajuste, tal como está planteado, es incompatible con la sostenibilidad económica y social de las provincias del norte.
El desafío, advirtieron en privado varios de los participantes del encuentro, es traducir el consenso diagnóstico en una agenda concreta antes de que la crisis industrial deje heridas demasiado profundas. Porque, tal como les recordaron los empresarios, cada planta que cierra en Chilecito, en San Miguel de Tucumán o en Santiago del Estero no es solo un eslabón productivo que se pierde: es, a la vez, un contribuyente menos para el fisco nacional y un peso más sobre el ya tensionado equilibrio fiscal de las provincias del Norte Grande.