Coparticipación: la oposición riojana exige saber cuánto cuestan los abogados externos que contrató Quintela para litigar en la Corte
El diputado libertario Diego Molina Gómez presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el Ejecutivo detalle los honorarios de Jorge Yoma y Andrés Gil Domínguez. Denuncian «opacidad» en la Fiscalía de Estado y advierten sobre posibles «bonos de éxito» con fondos públicos.
La batalla judicial que la provincia de La Rioja mantiene con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables abrió un nuevo frente de conflicto, esta vez en el terreno local. El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Diego Molina Gómez, presentó un proyecto de resolución para exigirle a la administración de Ricardo Quintela que blanquee los costos de la contratación de letrados externos «de alto perfil» para llevar adelante las demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El pedido de informes pone la lupa sobre el vínculo contractual con los abogados Jorge Raúl Yoma y Andrés Gil Domínguez, quienes patrocinan a la provincia en el expediente iniciado este año (CSJ 57/2024), así como sobre las contrataciones de Alberto Manuel García Lema y Alejandro Durán Lobato en causas anteriores.
La oposición libertaria cuestiona la necesidad de tercerizar la defensa jurídica de la provincia, argumentando que la Fiscalía de Estado cuenta con una estructura permanente de profesionales pagados por el erario público para tales fines.
¿Defensa necesaria o «erogación excesiva»?
En los fundamentos del proyecto, Molina Gómez plantea una distinción técnica entre los litigios. Si bien reconoce que la causa iniciada en 2017 podía revestir cierta complejidad constitucional, califica a la demanda actual de 2024 como «técnicamente sencilla», ya que versa sobre un «cobro de pesos» y el cumplimiento de leyes de presupuesto vigentes.
«La contratación de consultores externos de renombre nacional parece una erogación excesiva y poco justificada frente a la existencia de un cuerpo de abogados estatales», señala el texto legislativo.
El diputado libertario fue más allá en sus críticas a través de las redes sociales, donde acusó al oficialismo provincial de realizar maniobras mediáticas con los juicios. «Durante semanas se ‘vendió humo’ sobre supuestos avances en causas vinculadas a la coparticipación cuando en realidad solo se realizaron actos procesales vacuos», disparó Molina Gómez.
El fantasma de los «bonos de éxito»
Uno de los puntos más sensibles del requerimiento es la solicitud de información sobre la modalidad de pago. El proyecto exige saber si existen «pactos de cuota litis» o premios por resultado que comprometan porcentajes del patrimonio provincial en favor de los letrados mencionados.
«Como representantes del pueblo, tenemos el deber de conocer cuánto le cuesta a los riojanos esta ‘tercerización’… y si se están comprometiendo fondos futuros mediante bonos de éxito», argumentó el legislador en su presentación.
El pedido, que otorga un plazo de 15 días al Poder Ejecutivo para responder, solicita copias certificadas de los contratos, detalles de los montos de honorarios pactados, anticipos de gastos y viáticos abonados desde el inicio de cada relación laboral.
Críticas a la Fiscalía de Estado y promesa de auditoría
La iniciativa de La Libertad Avanza no solo apunta a los gastos actuales, sino que cuestiona el rol de la Fiscalía de Estado durante la gestión de Quintela, calificándola de ineficiente. Molina Gómez recordó el antecedente del juicio por las tierras del golf, donde el Estado provincial sufrió un revés millonario.
«La Fiscalía de Estado… se ha caracterizado por la opacidad, llegando incluso a dejar vencer plazos de casación en el conocido juicio millonario de las tierras del golf con un grave perjuicio para las arcas de la Provincia», denunció el diputado.
En tono de campaña y advertencia institucional, el legislador anticipó que, ante un eventual cambio de gobierno, revisarán estas actuaciones: «Sepan que en el próximo gobierno de LLA este órgano constitucional será auditado y se avanzará en la determinación de responsabilidades personales de los letrados intervinientes».