Ante la asfixia financiera, la aclaración oficial de que los recursos habitacionales son «intocables» para gastos corrientes revela la tensión interna en el gobierno riojano. El riesgo de la malversación técnica acecha a una gestión que busca liquidez a cualquier precio mientras la obra pública pende de un hilo.

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En la administración pública de La Rioja, el dinero ha dejado de ser un recurso de gestión para convertirse en un objeto de disputa desesperada. La reciente y enfática aclaración por parte de las autoridades de Vivienda locales —remarcando que los fondos recibidos tienen «afectación específica» y bajo ningún concepto pueden desviarse hacia otros fines— no es un mero tecnicismo burocrático. Es, en el lenguaje cifrado de la política, un acto de defensa propia. Es un «no» preventivo ante la voracidad de un Tesoro provincial que, asfixiado por el recorte nacional y la propia ineficiencia, mira con codicia cualquier caja que tenga saldo positivo.

La noticia, que a simple vista parece administrativa, encierra la clave del drama político que vive el gobernador Ricardo Quintela. En tiempos normales, recordar que el dinero para ladrillos no se puede usar para sueldos es una obviedad. En la La Rioja de finales de 2025, es una línea roja trazada en la arena para evitar un delito.

El fantasma de la malversación

El principio de la «unidad de caja» es el sueño húmedo de todo gobernador en crisis: tomar los pesos de donde sea (vivienda, energía, fondos hídricos) para tapar el incendio más urgente, que en el caso riojano es siempre la nómina salarial. Sin embargo, la advertencia de que «los fondos son específicos» funciona como un escudo legal. Los funcionarios de segunda línea saben que, con la lupa de la justicia federal y la auditoría implacable de la Casa Rosada activada, desviar recursos del FONAVI o programas federales para pagar aguinaldos o gastos corrientes equivale a firmar su propia sentencia por malversación de caudales públicos.

Esta rigidez pone a Quintela en un laberinto. El gobernador necesita liquidez inmediata para sostener la paz social en una provincia donde el empleo público es el motor de la economía. Pero la «plata fresca» que entra tiene nombre y apellido: viene etiquetada para obras, no para el bolsillo del empleado estatal.

Obras o sueldos: la manta corta

La situación expone la fragilidad extrema del federalismo fiscal riojano. Si el gobierno respeta la ley —como se ha visto obligado a aclarar públicamente—, los fondos quedan inmovilizados en cuentas específicas mientras la administración central no tiene para cubrir los gastos operativos básicos. Si, por el contrario, cede a la tentación de la discrecionalidad, se expone a denuncias penales y al corte definitivo de los pocos grifos que quedan abiertos desde Buenos Aires.

Además, la «especificidad» de los fondos desnuda otra realidad incómoda: la parálisis. Si esos fondos no se ejecutan rápidamente en certificaciones de obra —porque las empresas constructoras no aceptan los precios desactualizados o porque el ritmo de redeterminación es lento—, el dinero se devalúa en la cuenta bancaria, perdiendo poder de fuego contra la inflación.

La Rioja cierra el año atrapada en su propia trampa estatista. Con una estructura de gastos corrientes monstruosa que la coparticipación ya no alcanza a cubrir, y con fondos de capital (obra pública) blindados por la normativa, el margen de maniobra política es nulo. La advertencia sobre los fondos de vivienda es el síntoma de un gobierno que empieza a pelearse consigo mismo por las migajas de un presupuesto que ya no cierra.