Luces, sombras y el fantasma de la Doctrina Monroe: la advertencia de un referente riojano tras la intervención de Trump en Venezuela
Rubén Galleguillo, excandidato a diputado nacional por Provincias Unidas, analizó el desenlace del régimen chavista con una mirada de “realpolitik”. Si bien celebró el fin de la dictadura y exigió justicia por los Derechos Humanos, calificó de “grave e inaceptable afrenta” la ocupación militar y el control de los recursos petroleros por parte de Estados Unidos.
La conmoción global por la caída de Nicolás Maduro y el despliegue de fuerzas estadounidenses en Caracas repercutió con fuerza en el arco político de La Rioja. Mientras gran parte de la dirigencia local optó por el silencio cauteloso o la celebración lineal, Rubén Galleguillo, excandidato a diputado nacional por Provincias Unidas y exministro de Planeamiento e Industria de la provincia, rompió el molde con un análisis crudo que expone las contradicciones del operativo ordenado por Donald Trump.
Desde una perspectiva que prioriza la soberanía y el derecho internacional, el dirigente riojano desmenuzó lo que denominó un acto de “realpolitik” cargado de “luces y sombras”. Galleguillo no dudó en marcar el fin del chavismo como un hito positivo, pero encendió las alarmas sobre el precedente que sienta la intervención directa de una superpotencia en la región.
El fin de la dictadura y la deuda de los DD.HH.
En su lectura de la situación, el dirigente riojano comenzó por reconocer la necesidad imperiosa de un cambio en Venezuela. “El fin de todo régimen dictatorial y el encauzamiento institucional de cualquier país es siempre un hecho encomiable y saludable”, sostuvo, alineándose con el alivio regional ante la salida de Maduro.
Galleguillo fue categórico respecto a las atrocidades cometidas por el régimen saliente, subrayando que “el abuso de poder y la violación sistemática de los DD.HH. son siempre actos condenables y despreciables”. En esa línea, exigió que el proceso no termine en una amnistía velada, sino en el “sometimiento a la justicia con las garantías de defensa en juicio a los incursos en delitos de lesa humanidad”, calificando esto como una obligación moral, legal y política ineludible.
La advertencia sobre la soberanía y el petróleo
Sin embargo, el análisis de Galleguillo giró rápidamente hacia las “sombras” de la operación militar. Lejos de la euforia acrítica, advirtió que “la intervención de una potencia extranjera en un país soberano contraviene las bases y principios del Derecho Internacional”.
El punto más álgido de su crítica se centró en la metodología aplicada por Washington y los intereses económicos detrás del despliegue de tropas. Para el excandidato, la “ocupación ‘manu militari’ de Venezuela” y, fundamentalmente, “la declaración explícita de explotación de su cuenca petrolífera”, constituyen una “grave e inaceptable afrenta a la soberanía de aquel país y al vigente orden legal internacional”.
Además, Galleguillo señaló la debilidad institucional interna en Estados Unidos al recordar que “la decisión de Donald Trump de ejecutar esa acción externa sin autorización del Congreso infringe la ley y es motivo de impeachment”, un detalle que pone en relieve la unilateralidad de la medida.
El regreso de la Doctrina Monroe
El análisis del referente de Provincias Unidas concluyó con una lectura geopolítica que resuena en toda América Latina. Según su visión, el operativo no es un hecho aislado, sino la confirmación de que “Estados Unidos reafirma su dominio hegemónico en su área de influencia reinstaurando la ‘Doctrina Monroe’, que es un alerta para toda la región”.
En un mundo marcado por la disputa de hegemonías, Galleguillo interpretó que “en un orden global en transición con dos superpotencias en pugna, USA da un fuerte mensaje de poder y determinación”.
De cara al futuro inmediato de Venezuela, el dirigente riojano se mostró escéptico sobre las soluciones impuestas desde el exterior. Advirtió que la “transición hacia un nuevo gobierno será un proceso complejo que requerirá acuerdos básicos entre los actores políticos, militares, económicos y sociales”, y sentenció que “la recuperación de legitimidad institucional es objetivo prioritario y deben definirlo los venezolanos”, no la Casa Blanca.