El diputado provincial Diego Molina Gómez acusó al Fiscal General de montar un esquema de «ilegalidad sin precedentes» para disciplinar las críticas a la gestión de Ricardo Quintela bajo la excusa de regular las redes sociales. La oposición anticipó un pedido de informes y advirtió que pondrán al Poder Judicial «en comisión» si llegan al poder.
La tensión política e institucional en La Rioja escaló un nuevo peldaño tras una dura advertencia del bloque de La Libertad Avanza (LLA). La oposición libertaria acusó al gobierno de Ricardo Quintela de instaurar una «policía digital» con el objetivo de «amedrentar y disciplinar» a los ciudadanos que cuestionan los actos de corrupción a través de las redes sociales.
El diputado provincial Diego Molina Gómez fue el encargado de elevar la voz contra lo que calificó como una «ilegalidad sin precedentes». Según el legislador, el oficialismo provincial está utilizando el reciente y sensible caso del padre David Scalzo como excusa para desplegar una campaña mediática, encabezada por el Fiscal General, que anuncia la persecución penal de quienes emitan opiniones críticas contra funcionarios públicos en plataformas virtuales.
«Bozal legal» y doctrina de la Corte
El planteo de los libertarios se sustenta en que esta avanzada judicial viola principios constitucionales básicos. Molina Gómez argumentó que las expresiones en redes sociales «no constituyen denuncias penales en sentido estricto» y, por tanto, no pueden perseguirse bajo la figura de falsas denuncias.
«El Ministerio Público Fiscal no puede ni debe convertirse en una ‘policía digital’, ni imponer un ‘bozal legal’ para silenciar críticas políticas», sentenció el diputado.
En su presentación, LLA invocó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando las doctrinas de la «real malicia» y «Campillay», que protegen la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público. «Los funcionarios públicos están obligados a tolerar un mayor grado de escrutinio», recordaron desde la oposición.
Pedido de informes y chicana por la corrupción
Como respuesta institucional, el bloque opositor presentará un pedido de informes «con carácter urgente» al Fiscal General. El cuestionario busca exponer la supuesta doble vara de la justicia riojana. Entre los puntos más calientes, exigen saber:
* ¿Cuáles son los criterios objetivos para perseguir ciudadanos por sus posteos?.
* ¿Qué fiscalías están a cargo de estas actuaciones y bajo qué carátula?.
* ¿Cuántas denuncias por enriquecimiento ilícito contra funcionarios del actual gobierno han sido iniciadas de oficio por el Ministerio Público?.
Advertencia para 2027: Justicia «en comisión»
Además, adelantaron que denunciarán el accionar del jefe de los fiscales ante la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), calificando su conducta como «inconstitucional y antidemocrática».
El comunicado de La Libertad Avanza cerró con una fuerte definición política de cara al futuro. Molina Gómez vinculó directamente al Fiscal General con el esquema de poder del «quintelismo», acusándolo de falta de idoneidad y de actuar como un engranaje funcional al Ejecutivo.
La advertencia final fue contundente: «A partir de 2027, deberá ser parte de los funcionarios judiciales que serán puestos en ‘comisión'», anticipando una profunda reforma y revisión de los cargos judiciales si los libertarios logran acceder a la gobernación.
