El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena confirmó la imputación de la mujer por utilizar a la menor para burlar los controles; el hecho fue detectado gracias a una denuncia anónima.
LA RIOJA.- La justicia federal de La Rioja investiga un hecho que causó conmoción y asombro en la sociedad local. Una mujer fue detenida e imputada tras intentar ingresar estupefacientes al Servicio Penitenciario Provincial utilizando a su propia hija, de apenas ocho años, para ocultar la sustancia y sortear las requisas.
En diálogo con radio Fénix, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena calificó el episodio como «un hecho muy lamentable» y confirmó que la mujer enfrentará cargos bajo una figura agravada debido al uso de una menor de edad para cometer el delito.
El detonante: una denuncia anónima
A diferencia de lo que podría suponerse, la detección de la droga no fue producto exclusivo de los controles de rutina, sino de una alerta previa. «Hay una denuncia anónima que alertó sobre esa situación», explicó el magistrado. Según detalló, el personal penitenciario procedió a actuar una vez que «alguien avisó que iba a pasar eso».
La elección de la menor como instrumento para el tráfico no fue azarosa. Ante la pregunta de por qué la madre habría optado por esta maniobra, Herrera Piedrabuena señaló: «Porque a los menores no se les hace la requisa que se le hace a una persona adulta, entonces ahí sí burlaba el control».
Calificación legal y desprotección
La situación procesal de la detenida es comprometida. El juez indicó que la figura penal se encuadra en la «introducción de estupefaciente para comercialización», agravada por el uso de un menor y por el destino (un centro de detención). «La pena va de cuatro a 10 años. Tiene el agravante del uso de un menor, eso es lo terrible de la situación», afirmó el juez.
En cuanto a la situación de la niña y su hermano, la justicia dispuso medidas urgentes para su resguardo. «Acudimos inmediatamente para tutelar a la menor con las oficinas encargadas de la provincia», sostuvo el magistrado, quien agregó que se suspendió el cuidado materno y que los niños están bajo la asistencia de un grupo interdisciplinario de psicólogos y médicos.
Vulnerabilidad y falta de tecnología
El caso también puso de relieve las carencias en la infraestructura de seguridad. El magistrado reconoció que la falta de tecnología facilita este tipo de maniobras: «Al no tener escáners, se usa lo que es el control humano». Herrera Piedrabuena subrayó la necesidad de implementar sistemas electrónicos que son «menos invasivos que los controles cuerpo a cuerpo».
Finalmente, el juez describió el entorno de la imputada como un escenario de «mucha carencia y marginalidad», y remarcó que, si bien se han reforzado los puestos camineros y los controles en las rutas de la provincia, es imperativo seguir trabajando en la prevención y la educación familiar para evitar que se repitan hechos de esta magnitud.
