El Gobierno descarta llevar a la Justicia el supuesto «complot» que involucraría a dirigentes de La Rioja
A pesar de que el presidente Javier Milei señaló al gobernador Ricardo Quintela y a la senadora Florencia López como parte de un intento de desestabilización, desde la Casa Rosada admiten que carecen de pruebas para impulsar una denuncia penal.
Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei lanzó duras acusaciones contra diversos sectores políticos, empresariales y de su propio espacio, a quienes tildó de «golpistas». En el centro de estas acusaciones quedaron figuras clave de la política de La Rioja, aunque el Ejecutivo nacional reconoció recientemente que no avanzará por la vía judicial.
El foco en los dirigentes riojanos
En su arremetida contra la oposición, Milei incluyó nombres propios y fechas específicas (marzo, mayo y septiembre del año pasado) para ilustrar lo que considera un intento de derrocar a su gobierno. Los apuntados de la provincia fueron:
- Ricardo Quintela: El gobernador de La Rioja fue mencionado por haber afirmado públicamente que la actual gestión «no puede llegar a 2027».
- Florencia López: La senadora nacional riojana fue señalada por un cruce parlamentario con Patricia Bullrich, donde López hizo referencia al «helicóptero» en el que Fernando de la Rúa abandonó el poder en diciembre de 2001.
El Presidente también hizo mención al avance judicial que el fiscal Carlos Stornelli ya había iniciado contra el gobernador Quintela, expresando su deseo de que la Justicia actúe contra los «beneficiarios directos e indirectos» de estas supuestas acciones desestabilizadoras.
Falta de pruebas para una denuncia penal
A pesar de la vehemencia del discurso presidencial, en el que se repitió la palabra «golpistas» en cuatro oportunidades, la Casa Rosada ha decidido no presentar una denuncia formal.
Las razones esgrimidas desde el entorno presidencial son netamente probatorias:
- Dificultad material: Fuentes con despacho en Balcarce 50 admitieron que «es difícil que aparezca un papel con los pasos de una estrategia para voltear un Gobierno».
- Falta de actuación de oficio: Hasta el momento, ningún fiscal ha decidido iniciar una investigación de oficio basándose en las declaraciones que el mandatario hizo ante la Asamblea Legislativa.
El círculo íntimo del Presidente evalúa que las palabras de Milei funcionaron más como una justificación política ante la sociedad —para marcar a quienes considera responsables de poner trabas a su gestión— que como el preámbulo de una estrategia judicial concreta.
Un escenario de tensión generalizada
La alusión a los dirigentes riojanos se dio en un contexto de fuertes reproches que también alcanzaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien Milei acusó veladamente de querer «abrazar el sillón de Rivadavia». Según fuentes oficiales, el Gobierno percibe que hubo «un intento de desestabilización muy claro» coordinado entre distintos sectores políticos y legislativos que, bajo su perspectiva, apostaban al fracaso económico de la gestión, aunque reconocen que esto no se traducirá en expedientes judiciales.