El gobernador Ricardo Quintela celebró la participación provincial en la feria PDAC 2026 para atraer capitales extranjeros. Sin embargo, el rojo financiero por el impago del Bono Verde, los juicios por el manejo de las concesiones y la negativa a sumarse al régimen nacional de grandes inversiones configuran un escenario de máxima desconfianza para el mundo empresarial.
En un intento por mostrar gestión y apertura internacional, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció con bombos y platillos la participación de una delegación provincial en la PDAC 2026 de Canadá, la cumbre minera más importante a nivel global. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el «potencial en minería», las «tierras raras» y la intención de «estrechar lazos con posibles inversionistas». Sin embargo, el relato oficial choca de frente con una realidad económica y judicial que espanta a los capitales que el propio gobierno dice buscar.
El intento de seducción de La Rioja en el exterior se da en un contexto inédito: la provincia busca convencer a inversores internacionales mientras se encuentra en default. La falta de pago de los compromisos de deuda en dólares, conocidos en el mercado como el «Bono Verde», mantiene a la provincia en la mira de los acreedores internacionales, generando un riesgo país a nivel local que hace inviable cualquier proyección de inversión seria a largo plazo.
A la asfixia financiera se le suma un historial de extrema inseguridad jurídica. Lejos de ofrecer garantías a las empresas, la administración de Quintela acumula demandas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculadas a la polémica declaración de los minerales como «recursos estratégicos» y la posterior caducidad o suspensión de posesiones mineras que ya estaban en manos de privados. Para los gigantes mineros que caminan por los pasillos de la convención en Canadá, estos antecedentes representan una luz roja imposible de ignorar.
Como si el default y los frentes judiciales no fueran suficientes, el posicionamiento político de Quintela termina de configurar un cepo a las inversiones. En su cruzada personal contra el gobierno de Javier Milei, el mandatario riojano se niega rotundamente a adherir al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Este instrumento, diseñado a nivel nacional precisamente para llevar previsibilidad, alivio fiscal y seguridad jurídica a los capitales intensivos, es rechazado por La Rioja, dejando a la provincia aislada y en clara desventaja competitiva frente a distritos vecinos como San Juan, Salta o Catamarca, que sí abrazan estas normativas.
La postal de La Rioja en Canadá expone así una paradoja insostenible: el gobierno provincial intenta venderse al mundo como una tierra de oportunidades mineras, pero mantiene cerradas las puertas de la previsibilidad económica, reniega de las herramientas de fomento nacional y opera bajo reglas de juego que el mercado internacional rechaza.
