Tras renunciar a su cargo por problemas de salud derivados del estrés y una fuerte persecución mediática, la doctora Virginia apuntó contra el juez Carrizo, acusándolo de haber violado sus fueros e ignorado las normativas vigentes al momento de investigarla. Un tribunal superior ya anuló lo actuado.
En un nuevo capítulo que sacude a la Justicia de Chilecito, la ex jueza Virginia Illanes Bordón rompió el silencio para confirmar que presentó una denuncia penal por prevaricato contra el actual juez de instrucción de la causa, el Dr. Alberto Marcelo Carrizo. La grave acusación se centra en una serie de presuntas irregularidades y «vicios» cometidos durante un proceso judicial que se había iniciado en su contra tiempo atrás.
Durante una reciente entrevista radial, la ex magistrada relató el calvario que vivió en los últimos años, el cual la obligó a dar un paso al costado de su carrera judicial. «Mi salida ha sido una renuncia en el marco de una salud mental dañada, provocada por tanto hostigamiento y estrés», confesó. Tras sufrir cuatro accidentes cerebrovasculares (ACV) y recibir el diagnóstico clínico de su psiquiatra, inició sus trámites de jubilación y finalmente su renuncia fue aceptada en diciembre, al reconocer que ya no estaba capacitada para administrar justicia.
La denuncia contra el juez Carrizo
El foco de la controversia actual radica en el accionar del juez Carrizo, quien previamente había procesado a la entonces jueza por la presunta comisión de los delitos de cohecho, estafa y prevaricato. Según detalló la doctora, este procesamiento careció de los fundamentos legales necesarios y estuvo plagado de irregularidades procesales, lo que derivó en la actual denuncia enmarcada en el artículo 269 del Código Penal argentino.
«Él no estaba impedido de investigar, pero para procesarme, la ley dice que primero tendría que haber solicitado el desafuero y no lo solicitó», explicó la ex magistrada. Esta flagrante omisión de las inmunidades que la protegían en su rol de jueza fue rápidamente apelada por su defensa técnica.
El error de Carrizo —quien paradójicamente se desempeña como profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Chilecito— le costó caro a la investigación. La Cámara de Apelaciones falló a favor de la defensa y dictó la nulidad de la resolución. «El juez superior consideró que no se había dado el camino correcto a seguir respecto a las inmunidades que yo tenía», subrayó.
«Una cacería de brujas»
Lejos de los tribunales como funcionaria y con su salud restablecida, la doctora ha vuelto a la actividad privada como abogada litigante. Sobre los motivos de su contradenuncia, aclaró que no responde a una mera venganza personal: «Es defender en cierta manera a la sociedad, porque tener un juez que analice de esa manera es riesgoso».
Además, la denunciante apuntó directamente contra un abogado del foro local David Calipo, señalándolo como el artífice de una «cacería de brujas» y de un ataque mediático intencionado. De acuerdo a sus declaraciones, esta persecución habría respondido a «intereses espurios» que terminaron por dañar gravemente su salud y su imagen pública.
La Justicia de La Rioja deberá ahora investigar el accionar de sus propios funcionarios, en una causa que promete seguir generando fuertes réplicas en los pasillos de los tribunales de Chilecito.
