El Hospital Enrique Vera Barros amaneció con sus puertas con candado y custodia policial tras el cese del contrato con la empresa Omega SRL. Los trabajadores denuncian despidos repentinos, sueldos adeudados y una maniobra fraudulenta para quitarles la antigüedad. El director del nosocomio confirmó que no habrá más seguridad privada en la institución.
La crisis de financiamiento que atraviesan las provincias sumó en las últimas horas un capítulo dramático en La Rioja, desnudando la vulnerabilidad del sistema de salud público frente a los recortes presupuestarios. El Hospital Regional Enrique Vera Barros, el centro médico más importante de la capital riojana, se quedó intempestivamente sin servicio de seguridad privada, dejando a 47 trabajadores en la calle y obligando a la policía provincial a custodiar un edificio que amaneció con sus puertas principales bloqueadas con candados.
El conflicto estalló cuando los custodios, pertenecientes a la empresa tercerizada Omega SRL, fueron notificados de manera informal que sus servicios ya no eran requeridos. En respuesta, los trabajadores iniciaron un acampe y corte de calle en los accesos del nosocomio para exigir la continuidad laboral y el pago de los salarios adeudados correspondientes a febrero y los días trabajados de marzo.
Según el testimonio de uno de los delegados, la situación está agravada por una maniobra empresarial previa. Hace apenas tres meses, la empresa de seguridad anterior les exigió a los trabajadores que renunciaran a sus puestos —y con ello, a antigüedades que en algunos casos llegaban a los 10 años— como condición excluyente para ser recontratados por la nueva firma, Omega SRL. Hoy, tras firmar contratos precarios que se renovaban mes a mes, se encuentran sin trabajo, sin indemnización y con la entrada prohibida a su antiguo lugar de tareas.
Desde la patronal (Omega SRL), el argumento esgrimido ante los empleados es que el Ministerio de Salud provincial no les abona los servicios desde el mes de diciembre, motivo por el cual Hacienda decidió no renovar la licitación.
La respuesta oficial: «No vamos a tener más seguridad privada»
Frente a la magnitud del conflicto, el director del Hospital Vera Barros, Dr. Gabriel Goitea, ofició de vocero de la crisis y confirmó las peores sospechas de los trabajadores. En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que el proceso licitatorio fue dado de baja estrictamente por una cuestión presupuestaria.
«No vamos a tener más seguridad privada dentro de la institución», sentenció Goitea, descartando de plano que otra empresa vaya a reemplazar a la firma saliente. Ante el vacío en la vigilancia de un punto neurálgico como la guardia y la unidad de terapia intensiva, el director detalló que se está trabajando con la Jefatura de Policía para que los efectivos provinciales garanticen la tranquilidad de médicos y pacientes de manera temporal, mientras se evalúa si los puestos de guardia serán cubiertos en el futuro con empleados del propio hospital o con personal precarizado del COE provincial.
Pese a que el hospital no tiene vínculo contractual directo con los empleados despedidos, Goitea accedió a un pedido desesperado de los trabajadores de seguridad y se comprometió a actuar como nexo oficial. El director buscará acercar posiciones entre los despedidos y las altas esferas del gobierno provincial (como la Secretaría de Hacienda o la Jefatura de Gabinete) para intentar destrabar el conflicto económico o buscar alternativas de reinserción laboral para las 47 familias afectadas.
Mientras tanto, la tensión se mantiene en las calles de La Rioja. Los trabajadores aseguraron que no levantarán el acampe hasta obtener una solución concreta.
