El secretario general Alfredo Arana alertó por el impacto del ajuste nacional en trabajadores estatales y de la economía social, anunció movilizaciones y señaló al diputado Martín Menem como blanco de las protestas. En simultáneo, el gobierno provincial intensifica obras viales para mostrar gestión donde la Nación se retiró.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en La Rioja salió a denunciar con cifras concretas el costo humano del ajuste que aplica el gobierno de Javier Milei en la provincia: aproximadamente 11.000 personas habrían perdido su fuente de trabajo en los últimos meses, según estimaciones del gremio. El secretario general Alfredo Arana no eligió palabras suaves para calificar el fenómeno. «Un ataque directo al conjunto de los trabajadores», dijo, y anunció que las movilizaciones continuarán.
La denuncia instala en La Rioja un debate que recorre todo el país, pero que en esta provincia adquiere una dimensión particular: se trata de la jurisdicción con mayor dependencia fiscal de la Argentina, donde el 86% de los ingresos provinciales proviene de transferencias nacionales y donde cualquier recorte del Estado federal golpea con una intensidad superior al promedio.
La secuencia del ajuste según ATE
Arana describió ante medios locales una lógica de deterioro que avanzó por etapas. Primero, explicó, vino el congelamiento salarial que erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y de la economía social. Luego, el recorte directo de ingresos que dejó a miles de familias sin sustento. «Primero se congelaron los salarios y ahora directamente se los quitan», sintetizó el dirigente gremial, al referirse especialmente al impacto sobre los sectores más vulnerables vinculados a programas de la economía social que el gobierno nacional desfinanció o eliminó.
El planteo de ATE apunta a una característica central del modelo de ajuste libertario: la reducción del gasto social no se anunció con nombre y apellido, sino que se ejecutó por vía de la no renovación de contratos, la interrupción de transferencias a programas de empleo y la licuación inflacionaria de partidas que quedaron congeladas. El resultado, en términos concretos, es el que Arana pone en cifras: 11.000 personas sin trabajo en una provincia donde el empleo público y los programas sociales son el principal sostén de amplias franjas de la población.
Menem en la mira: las protestas llegan a su vivienda
Entre las medidas de protesta que acompaña ATE figura una de alto impacto simbólico: movilizaciones frente a la vivienda del diputado nacional Martín Menem, el representante riojano más identificado con el gobierno de Milei y figura central del oficialismo en la Cámara de Diputados. La elección del blanco no es casual. Menem es el rostro local del gobierno nacional que ATE responsabiliza de los despidos, y apuntarle directamente forma parte de una estrategia de personalización del conflicto que busca trasladar el costo político del ajuste a quien lo representa en territorio riojano.
Arana fue también crítico de la ausencia de canales de negociación con el gobierno nacional. «Solo se consiguieron a través de la lucha, la justicia y el Congreso», afirmó el dirigente al referirse a las escasas soluciones obtenidas hasta el momento, dejando en claro que no hubo instancias de diálogo genuino sino que cada avance fue producto de la presión colectiva o de resoluciones judiciales y legislativas que forzaron al Ejecutivo nacional a dar marcha atrás en algunos puntos.
El gremio advirtió que, de no revertirse la situación, el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas, cuando miles de familias que ya ven comprometida su estabilidad económica lleguen a un límite de tolerancia.
La provincia como contracara: obras viales mientras la Nación recorta
En ese contexto de tensión creciente, el gobierno de Ricardo Quintela despliega su propio relato de gestión. La administración provincial intensificó el mantenimiento de la red vial en todo el territorio como señal de presencia estatal activa en un momento en que el Estado nacional se retira. Los operativos abarcaron bacheo, limpieza de cunetas y perfilado de calzadas en las rutas provinciales N° 9, 7 y 25, mejoras en accesos rurales y calles internas de distintos barrios de la capital, e intervenciones en las regiones de Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces que incluyeron acondicionamiento de pasos de río y formación de defensas en cauces.
Se prestó especial atención a las tareas preventivas antes de Semana Santa y a la reconstrucción de banquinas en la ex Ruta 38, buscando asegurar la transitabilidad frente al incremento del flujo vehicular. En el interior, los trabajos se extendieron desde el sur —con limpieza de alcantarillas y desmalezado en los departamentos General Ocampo y Chamical— hasta la zona cordillerana, donde se ejecutó el ensanchamiento de la Cuesta de La Troya en la Ruta Nacional N° 76.
La lógica política es la misma que viene articulando el peronismo riojano desde el inicio de la gestión Milei: cada obra provincial es un argumento contra el ajuste nacional, cada kilómetro de ruta mantenido con fondos propios es una demostración de que el Estado que recorta Buenos Aires lo sostiene La Rioja. La denuncia de ATE por 11.000 despidos le agrega urgencia y dramatismo a ese relato, y coloca al gobierno provincial en una posición cómoda: puede acompañar la protesta gremial sin ser el destinatario de ella.
ATE denuncia 11 mil despidos en La Rioja y apunta contra Milei: «Primero congelaron los salarios, ahora directamente se los quitan»





