Mensajes con una foto de escopeta y una inscripción con la frase «Hoy todos vamos a la morgue» movilizaron a Asuntos Juveniles y personal de civil. La rectora María Elena Portales y el comisario mayor Roberto Cortés confirmaron que no se encontraron armas. La Justicia investiga el caso como intimidación pública. Los padres retiraron masivamente a sus hijos.
LA RIOJA.– Una mañana de extrema tensión se vivió este viernes en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 1 de la capital riojana, uno de los establecimientos técnicos más tradicionales y numerosos de la provincia. Un operativo policial de magnitud, que incluyó a la división de Asuntos Juveniles y personal de civil, se desplegó en el edificio luego de la viralización de mensajes que advertían sobre un supuesto tiroteo programado para las 10.50 de la mañana.
Tras una inspección exhaustiva, las autoridades confirmaron que no se encontraron armas de fuego ni elementos peligrosos dentro del establecimiento. La situación, según la propia fuerza policial, se inscribe en una escalada de mensajes falsos virales que en las últimas semanas vienen afectando a distintas escuelas de la capital y del interior provincial.
El origen del conflicto: una escopeta por WhatsApp y una frase en el baño
La alarma se encendió cuando comenzó a circular en grupos de WhatsApp de alumnos una fotografía de una escopeta con municiones, acompañada de mensajes que aseguraban que el arma estaba dentro del colegio. De manera simultánea, se detectó una inscripción en uno de los baños del establecimiento con la frase «Hoy todos vamos a la morgue».
La combinación de ambos elementos —una imagen que parecía aportar «prueba gráfica» y una pintada que parecía confirmar el plan— generó un estado de pánico inmediato entre los estudiantes, que comenzaron a difundir los mensajes a sus familias. En cuestión de minutos, la información se expandió por la comunidad educativa y llegó a padres que salieron de sus trabajos para presentarse en la escuela.
Ante la gravedad de la amenaza, las autoridades escolares, encabezadas por la rectora María Elena Portales, convocaron de inmediato a la fuerza policial y activaron el protocolo de emergencia.
El operativo: revisión de mochilas y protocolo activado
El comisario mayor Roberto Cortés, segundo jefe de la región capital, confirmó que se dispuso un protocolo de revisión de mochilas y pertenencias a los estudiantes señalados en los mensajes. El procedimiento se desarrolló con la presencia de personal especializado de Asuntos Juveniles, por tratarse de un entorno con menores de edad, y con agentes de civil dispuestos en distintos sectores del edificio.
«La situación es similar a la que se viene dando en días anteriores en este y otros establecimientos. Es una viralización de mensajes falsos que buscan generar paranoia», explicó Cortés ante la prensa. El funcionario policial encuadró el episodio en un patrón que viene afectando a la comunidad educativa y que, según distintos reportes, reproduce dinámicas virales que se registran en otras provincias argentinas y en países de la región.
Por su parte, la rectora Portales llevó tranquilidad a las familias en declaraciones públicas: «No hubo ametralladora, ni pistola, ni faca. Los resultados fueron negativos. Estamos trabajando para garantizar la seguridad». La definición de la directora buscó desactivar rumores específicos que habían circulado durante la mañana, en los que se mencionaban distintos tipos de armas presuntamente introducidas en el edificio.
Pánico familiar y retiro masivo de estudiantes
Pese a que las clases no fueron suspendidas formalmente, el pánico se apoderó de los padres, que acudieron de manera masiva a las puertas del establecimiento para retirar a sus hijos antes del horario de salida. La escena en las inmediaciones de la EPET N° 1 fue de desesperación, con preceptores controlando estrictamente el protocolo de retiro de menores —que exige identificación del adulto responsable y registro formal— bajo la vigilancia de más de 15 efectivos policiales apostados en los accesos.
La situación obligó a reforzar el control del perímetro del edificio, ubicado en una zona céntrica de la capital riojana con alto tránsito vehicular. El flujo simultáneo de padres llegando y estudiantes saliendo configuró una circulación compleja que los docentes, los preceptores y la policía administraron con protocolos estrictos.
Desde la comunidad educativa trascendió que, más allá de la resolución técnica del operativo —sin armas, sin heridos, sin incidentes— el daño emocional generado en alumnos, docentes y familias fue considerable. La irrupción policial, la sensación de amenaza inminente y la propia dinámica viral de los mensajes instalan, aun cuando todo termine sin consecuencias físicas, un clima de inseguridad que impacta sobre la experiencia cotidiana del aula.
La Justicia investiga: intimidación pública
La policía científica y la división de Asuntos Juveniles tomaron intervención en la investigación para determinar el origen de los mensajes y el número telefónico desde el cual se viralizó la amenaza. El caso se investiga bajo la carátula de intimidación pública, figura prevista en el artículo 211 del Código Penal argentino, que sanciona con prisión de dos a seis años a quien «para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes» hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales idóneos para producir tales efectos.
La pena puede elevarse cuando el hecho se comete en lugares públicos o establecimientos educativos, lo que coloca al caso dentro del rango más severo de la figura. Si los responsables resultan ser menores de edad —algo que los investigadores consideran probable dada la dinámica viral del episodio en grupos estudiantiles—, la intervención se canalizará a través del fuero de minoridad, con las consecuencias procesales específicas que prevé la legislación para los adolescentes involucrados en hechos delictivos.
El rastreo del origen de los mensajes constituye, en términos técnicos, un trabajo complejo pero viable. La identificación del primer emisor dentro del árbol de reenvíos en grupos de WhatsApp requiere cooperación con plataformas, análisis de metadatos y testimonios dentro de la comunidad educativa. En casos similares registrados en otras provincias argentinas, los investigadores lograron identificar a los responsables en plazos de pocos días a pocas semanas.
Un fenómeno que excede a La Rioja
La autoridad policial fue explícita al señalar que el caso «es similar a la que se viene dando en días anteriores en este y otros establecimientos». La frase coloca al episodio de la EPET N° 1 dentro de un fenómeno más amplio que viene afectando a escuelas riojanas y argentinas en los últimos meses.
En la Argentina, distintas jurisdicciones registraron en los últimos años falsas amenazas virales de tiroteos escolares, habitualmente replicando el formato de los llamados swatting y hoax que se popularizaron en Estados Unidos y Europa. Las versiones locales suelen incluir fotografías de armas —muchas veces extraídas de internet— y mensajes genéricos con horarios específicos, diseñados para maximizar el impacto emocional y la viralización.
El fenómeno dialoga con un problema estructural: la masificación del uso de smartphones entre adolescentes, la integración plena de la vida social en plataformas de mensajería y la dificultad de los adultos —padres, docentes, autoridades— para acompañar, monitorear y, cuando corresponde, intervenir en esa vida digital. En este marco, lo que para algunos estudiantes puede aparecer como una «broma» termina configurando un delito con penas significativas y, sobre todo, con consecuencias reales sobre la comunidad afectada.
El llamado a la responsabilidad de los adultos
Desde los medios locales y desde la propia fuerza policial se insistió en un mensaje específico dirigido a las familias: la responsabilidad de los padres en el control del uso de dispositivos móviles por parte de los adolescentes. Las advertencias subrayan que estas «bromas» —que los propios autores suelen describir así cuando se los identifica— pueden derivar en tragedias indirectas, como accidentes de tránsito provocados por la desesperación de los tutores al acudir al colegio, crisis de pánico en estudiantes con condiciones de salud preexistentes o daños psicológicos prolongados en niños y adolescentes expuestos a la situación.
La dimensión educativa del episodio es, quizás, la más compleja de administrar. Las escuelas se ven obligadas a sostener protocolos de emergencia que, bien ejecutados, previenen tragedias reales pero, mal gestionados —o activados recurrentemente por falsas alarmas—, terminan generando un desgaste institucional que erosiona la capacidad de respuesta futura. El riesgo de la «fatiga del protocolo» es que, tras múltiples falsas alarmas, una amenaza real pueda encontrar a una comunidad menos alerta.
El cuadro más amplio: la escuela riojana bajo presión
El episodio de la EPET N° 1 llega, además, en un momento de particular tensión para la comunidad educativa riojana. La Asociación de Maestros y Profesores (AMP), conducida por Rogelio De Leonardi, acaba de denunciar públicamente un cuadro de ajuste generalizado en las escuelas de la provincia: faltantes en comedores y copa de leche, deterioro edilicio, cierre de escuelas rurales, falta de aumentos al básico docente, colapso en la cobertura de APOS y Medifam, y el caso paradigmático de la Escuela N° 114 de Chamical, que con más de 500 alumnos fue trasladada a modalidad virtual por refacciones inconclusas en los baños.
El gremio docente fijó para el miércoles 6 de mayo una jornada provincial de visibilización del conflicto y no descarta una escalada hacia paro y movilización. En ese contexto, la capacidad de las escuelas para responder a emergencias como la vivida este viernes en la EPET N° 1 se ve condicionada por la propia situación estructural del sistema educativo provincial, con infraestructura deteriorada, plantas docentes sobrecargadas y equipos de conducción atravesados por múltiples urgencias simultáneas.
Una escuela histórica, un protocolo cumplido
La EPET N° 1 es una de las instituciones técnicas más tradicionales de la capital riojana, con una matrícula amplia y una historia educativa ligada a la formación en especialidades técnicas, informáticas e industriales. Su comunidad educativa —alumnos, docentes, no docentes, preceptores, familias— resolvió la jornada sin incidentes físicos, con el protocolo cumplido y con la amenaza descartada.
Queda, sin embargo, una tarea institucional pendiente: procesar colectivamente la experiencia, atender a los estudiantes que puedan haber quedado emocionalmente afectados por la situación, acompañar a los docentes que administraron la crisis y sostener, puertas adentro, la dinámica cotidiana del aula. Y, en paralelo, la Justicia deberá avanzar con la identificación de los responsables del mensaje viral, en un caso que —más allá de si involucra a menores o adultos— requiere de una respuesta institucional clara para desactivar futuras réplicas.
Como advirtió el comisario Cortés, la viralización de mensajes falsos busca generar paranoia. El desafío, tanto para la Justicia como para la comunidad educativa y las familias, es que esa paranoia no se instale de manera permanente en las aulas riojanas, ni que la próxima amenaza —real o falsa— encuentre a una comunidad demasiado agotada para reaccionar con la misma contundencia con la que reaccionó este viernes en la EPET N° 1.
