La Rioja le puso freno a Vicuña: la Justicia suspendió toda actividad de la minera por 30 días ante la falta de Estudio de Impacto Ambiental integral
El secretario de Ambiente, Santiago Azulay, confirmó que la jueza María Greta Decker hizo lugar a la medida autosatisfactiva del Gobierno provincial. Aunque el proyecto está radicado en San Juan, opera sobre 140 kilómetros de caminos riojanos. Azulay calificó como «absolutamente inconstitucional» la nueva Ley nacional de Glaciares y defendió la fiscalización provincial frente a la ofensiva minera de la Casa Rosada.
LA RIOJA.– La provincia tomó este viernes una de las decisiones ambientales más importantes de los últimos años. El Secretario de Ambiente, Dr. Santiago Azulay, confirmó que la Justicia de Chilecito hizo lugar a la medida autosatisfactiva presentada por el Gobierno provincial, ordenando la suspensión inmediata de las actividades de la empresa minera Vicuña y prohibiendo el tránsito por el camino de Guandacol.
La resolución, firmada por la jueza María Greta Decker, otorga a la empresa —joint venture entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP— un plazo de 30 días para presentar la documentación técnica necesaria. Durante ese período, toda actividad de transporte y explotación queda suspendida en territorio riojano. El fallo coloca a La Rioja en el centro del debate nacional sobre minería, federalismo ambiental y aplicación efectiva de las normas de control, en plena ofensiva de la administración de Javier Milei por flexibilizar la Ley de Glaciares y consolidar el desarrollo minero del corredor cordillerano.
La decisión, además, reconfigura el cuadro de la pulseada que se venía desarrollando sobre la Ruta Provincial 506. Apenas 24 horas atrás, los trabajadores mineros de Guandacol, Villa Unión y Vinchina —encabezados por el geólogo Klaus Schroeder— habían denunciado que la prohibición del tránsito ponía en riesgo 140 empleos directos y más de 200 indirectos, calificaban la medida como «totalmente política» y no descartaban cortes de ruta en reclamo por la reapertura. El Gobierno provincial responde ahora con una institucionalización jurídica de la medida, trasladando el eje del debate desde el plano laboral hacia el marco ambiental y federal.
«El ambiente no responde a límites políticos»
El argumento central que sostiene la posición del Gobierno riojano, expresado por Azulay, apunta al alcance territorial de los impactos ambientales. Aunque el proyecto minero Vicuña se encuentra radicado físicamente en la provincia de San Juan, su operatividad depende de 140 kilómetros de caminos riojanos que atraviesan el territorio provincial en su ruta hacia la cordillera.
La empresa, según el relato del secretario, ha evadido reiteradamente la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral ante las autoridades riojanas, limitándose a presentar informes parciales que sólo cubren la traza vial. Para el Gobierno provincial, esa parcialidad resulta insuficiente: los 140 kilómetros de caminos que se utilizan en territorio riojano configuran una infraestructura con impactos propios —emisiones, ruidos, polvo, riesgos de derrames, afectación a flora y fauna, interferencia con cauces hídricos— que deben evaluarse en el marco de un estudio integral.
«El ambiente no responde a límites políticos; un proyecto a escasos 700 metros de nuestra frontera genera impactos que deben ser evaluados por la autoridad competente de La Rioja», sentenció Azulay. La frase condensa el núcleo jurídico del planteo: los impactos ambientales transfronterizos requieren intervención de las jurisdicciones afectadas, aun cuando la localización física del proyecto corresponda a otra provincia.
La lógica tiene respaldo constitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente (25.675) regula los principios de evaluación de impacto y de participación ciudadana en proyectos con afectación potencial sobre el entorno. El federalismo ambiental argentino otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales, pero exige articulación cuando los proyectos trascienden los límites jurisdiccionales.
Los 30 días que vienen
El plazo otorgado por la jueza Decker para que Vicuña presente la documentación técnica se inscribe en una lógica de emplazamiento: la empresa debe, en ese lapso, aportar el Estudio de Impacto Ambiental integral que las autoridades riojanas vienen reclamando. Durante esos 30 días, toda actividad de transporte y explotación queda suspendida.
Las consecuencias operativas son contundentes. La logística del proyecto —que combina traslado de personal, insumos, equipamiento pesado, materiales de construcción y todo lo que exige la etapa actual del emprendimiento— depende críticamente de la conectividad vial que atraviesa territorio riojano. El desvío alternativo por San Juan —que según había denunciado Schroeder transforma un viaje de 4 horas en uno de 12 a 14— no resulta viable para sostener operaciones a pleno ritmo.
En términos empresariales, los 30 días de parálisis implican un costo financiero significativo para Vicuña: personal sin capacidad de desplegarse a pleno, contratistas con obras paralizadas, cronogramas afectados, pérdidas operativas que se suman al costo de presentar —ahora sí— el Estudio de Impacto Ambiental integral que las autoridades riojanas reclaman hace tiempo.
La estrategia del Gobierno provincial queda clara: la empresa deberá cumplir con los requisitos ambientales o enfrentar una prolongación de la medida. La decisión transfiere la presión sobre Vicuña, que hasta ahora había optado por minimizar la interlocución con las autoridades riojanas privilegiando el vínculo con las sanjuaninas.
Ley de Glaciares: «absolutamente inconstitucional»
Azulay aprovechó la ocasión para fijar posición sobre un tema de máxima actualidad nacional: la reciente aprobación de las modificaciones a la Ley nacional de Glaciares impulsadas por la administración de Milei y respaldadas públicamente por gobernadores como el sanjuanino Marcelo Orrego.
El secretario fue categórico: «absolutamente inconstitucional». Según el funcionario, la nueva norma atenta contra el sistema federal al subvertir regímenes de protección ambiental en favor de intereses mineros. El planteo apunta al núcleo del debate: la Ley 26.639, sancionada en 2010, fue una de las normas emblemáticas del sistema de protección ambiental argentino, estableciendo presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, con impacto directo sobre la actividad minera en alta cordillera.
La ofensiva oficialista sobre esa ley tiene para La Rioja una dimensión simbólica particular. El glaciar del Famatina ha sido históricamente uno de los emblemas de la defensa ambiental local, con movilizaciones populares que, en distintas épocas, frenaron intentos de avance minero sobre el cordón cordillerano. El Inventario Nacional de Glaciares, instrumento clave de la ley original, había sido la herramienta jurídica sobre la cual se cristalizó buena parte de la doctrina de protección en altura.
Azulay, sin embargo, aclaró que en La Rioja la situación está resguardada por una ley provincial propia y por un inventario de glaciares en elaboración. La definición es relevante: más allá de lo que defina el Congreso de la Nación en su reforma legislativa, la provincia cuenta con un marco normativo local que garantiza estándares de protección propios, en ejercicio pleno de las facultades ambientales que le reconoce el sistema federal argentino.
Minería sí, pero con reglas
Un aspecto particularmente relevante del mensaje de Azulay fue la defensa explícita de la actividad minera como política provincial, dentro de un marco de cumplimiento normativo. El secretario fue enfático en que la medida judicial no busca desalentar la inversión, sino garantizar una minería responsable.
Esa lectura es política y operativamente importante. Implica que el Gobierno de Ricardo Quintela no se alinea con las posiciones más radicales del ambientalismo provincial —que rechazan de plano cualquier actividad minera a gran escala—, sino que sostiene una posición intermedia: minería sí, bajo estricto cumplimiento de la legislación ambiental.
Azulay detalló tres ejes de esa política. El primero es la seguridad jurídica: quienes respeten las leyes ambientales encontrarán acompañamiento gubernamental. El mensaje está dirigido tanto a la propia Vicuña —a quien se le abre, con los 30 días, una ventana de normalización— como al conjunto de las empresas mineras que miran a La Rioja como posible destino de inversión: el Gobierno está dispuesto a acompañar, pero no a tolerar incumplimientos.
El segundo es la licencia social: se prioriza el desarrollo en zonas como el Valle del Bermejo y la cordillera, donde —según la evaluación oficial— no hay riesgos para el consumo hídrico humano ni conflictos con poblaciones locales. La distinción es geográfica pero también social: la minería en áreas de baja densidad poblacional y sin interferencia con cuencas abastecedoras de agua potable presenta menor conflictividad que los emprendimientos que coinciden con centros habitados o con fuentes de recurso hídrico crítico.
El tercero es el control ambiental: la Secretaría de Ambiente actúa como autoridad de fiscalización, supervisando actualmente los procesos de prospección y exploración en la cordillera riojana. El dato es relevante porque despeja la idea de que la medida contra Vicuña sea un episodio aislado: configura, en cambio, parte de una política sistemática de control que el organismo viene desplegando sobre los distintos proyectos activos en territorio provincial.
Reforma constitucional pionera
Azulay destacó también que la reforma constitucional de La Rioja es pionera en Sudamérica al garantizar el derecho a un ambiente sano como parte de su texto fundamental. La mención apunta a un activo jurídico que la provincia posee: una base constitucional sólida sobre la cual se construye toda la política ambiental local.
La reciente reforma constitucional riojana, promulgada en 2024, incorporó dispositivos específicos de protección ambiental que exceden los estándares de otras provincias argentinas. Entre ellos, el reconocimiento explícito del derecho al ambiente sano, la obligación del Estado provincial de garantizarlo y la consagración de mecanismos de participación ciudadana en la evaluación de impactos.
Esa arquitectura constitucional es la que respalda —en última instancia— decisiones como la de Chilecito. Cuando la Justicia provincial ordena suspender actividades de una empresa extranjera por falta de cumplimiento de estándares ambientales, lo hace apoyada en un entramado normativo que conjuga Constitución Nacional, Constitución Provincial, leyes nacionales de presupuestos mínimos y legislación provincial específica.
Una política de Estado a largo plazo
El cierre del mensaje del secretario apuntó a enmarcar el episodio en una política de Estado a largo plazo. Azulay sostuvo que el Gobierno de Quintela entiende la minería como un proceso que puede llevar décadas, y que los emprendimientos de inversión y producción deben iniciarse bajo el estricto cumplimiento de la ley.
La perspectiva temporal extensa es coherente con la realidad de los proyectos mineros de gran escala. Desde la prospección inicial hasta la producción efectiva, pueden transcurrir entre 10 y 20 años, atravesando múltiples etapas: exploración, prefactibilidad, factibilidad, construcción, operación. El proyecto Vicuña, en particular, se encuentra en una fase pre-operativa que todavía requerirá años de inversión y desarrollo antes de alcanzar la producción industrial del cobre que lo motiva.
En ese marco temporal, las exigencias ambientales iniciales no sólo configuran una obligación legal: representan también una condición de sustentabilidad del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Los emprendimientos mineros mal iniciados —sin estudios ambientales adecuados, sin licencia social, sin articulación con las autoridades locales— arrastran conflictos que pueden derivar en parálisis operativas, demandas judiciales de largo plazo o incluso en cancelación definitiva de los proyectos.
Un giro que reconfigura el tablero
La resolución judicial y el acompañamiento político del Ejecutivo provincial reconfiguran el tablero de la minería cordillerana riojano-sanjuanina. Tres puntos sobresalen.
Primero, se desactiva la narrativa que el sector minero venía construyendo en los últimos días, centrada en el costo laboral que el cierre de la Ruta 506 traslada sobre los trabajadores riojanos. El Gobierno provincial no niega ese costo, pero subordina la cuestión al cumplimiento del marco ambiental. Es una apuesta política: privilegia el principio sobre la urgencia, asume que el desgaste laboral es un mal menor frente a la necesidad de consolidar el poder de fiscalización provincial.
Segundo, se marca un contraste con San Juan. El gobernador Orrego, esta misma semana, se había despegado del conflicto afirmando que «San Juan no tiene nada que ver» y defendiendo la reforma de la Ley de Glaciares. La Rioja, con la decisión de Chilecito respaldada por el Ejecutivo, sostiene una posición autónoma: no alineada con la ofensiva minera nacional ni con el pragmatismo cuyano, sino apoyada en un marco institucional propio.
Tercero, se reafirma la autoridad provincial en materia ambiental frente a las pretensiones de relegar ese ejercicio a la órbita nacional. En un contexto de debate sobre la Ley de Glaciares y sobre el alcance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), La Rioja envía una señal clara: las facultades ambientales provinciales no son negociables.
Lo que viene
En las próximas cuatro semanas, Vicuña deberá decidir. Puede presentar el Estudio de Impacto Ambiental integral que la Provincia reclama, y con ello avanzar hacia la normalización de su operatoria. Puede intentar cuestionar la medida por vías judiciales superiores, buscando que un tribunal de alzada revierta la decisión de Chilecito. O puede optar por un reacomodamiento logístico que reduzca al mínimo la dependencia del corredor vial riojano, con los enormes costos que eso supondría.
Los trabajadores riojanos del proyecto —140 familias directas, más de 200 indirectas— enfrentan la disyuntiva de sostener sus empleos en un escenario incierto. Su asamblea permanente, anunciada el jueves por Schroeder, deberá redefinir su estrategia frente a una medida que ahora está respaldada explícitamente por el Gobierno provincial.
Y la Casa Rosada, con su narrativa pro-minera, tendrá que procesar un escenario complejo: una provincia peronista, con una gobernabilidad marcada por el conflicto con la Nación, despliega una política ambiental que desafía el impulso oficial y que se apoya, paradójicamente, en un marco legal que incluye dispositivos —como la Ley de Glaciares original— que el propio oficialismo nacional busca desmantelar.
La decisión del Juzgado de Chilecito del jueves y la defensa pública del secretario Azulay del viernes marcan, así, un antes y un después en la dinámica del proyecto Vicuña. Ya no es un debate sobre caminos: es un posicionamiento institucional y político que redefine el marco en el que se desarrollará la minería en territorio riojano durante los próximos años. Una provincia sin margen fiscal, pero con margen jurídico, encontró en sus propias facultades ambientales una herramienta de negociación que, al menos por ahora, ha decidido usar en toda su extensión.