El ministro de Seguridad se reunirá el lunes con Educación para coordinar protocolos tras el episodio de la EPET N°1. No descartó allanamientos, demoras ni detenciones si corresponde y advirtió sobre la complejidad del cibercrimen, con servidores de los foros violentos radicados en el exterior. Córdoba ya imputó a menores por hechos similares.
LA RIOJA.– El Gobierno provincial sumó este viernes su voz más contundente frente a la ola de amenazas y mensajes intimidatorios que viene afectando a los establecimientos educativos riojanos. El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, confirmó que el Estado trabaja en la elaboración de protocolos específicos para garantizar la seguridad en las aulas, y no descartó la implementación de requisas en los ingresos escolares como medida preventiva ante la eventual presencia de elementos peligrosos.
La intervención ministerial llega tras el episodio vivido este viernes en la EPET N° 1 de la capital —donde un operativo policial se desplegó por la viralización de una fotografía de escopeta en WhatsApp y una inscripción con la frase «Hoy todos vamos a la morgue» en un baño del establecimiento— y complementa las definiciones que horas antes había formulado la secretaria de Gestión Educativa, Soraida Rodríguez, quien admitió que algunas escuelas ya implementan revisión de mochilas en el ingreso pese a que la normativa no lo habilita expresamente.
Una subcultura digital que promueve la violencia
Zárate trazó un diagnóstico conceptual del fenómeno que coloca al Gobierno provincial en sintonía con la lectura que, en los últimos meses, vienen haciendo distintas carteras de seguridad de Argentina y del mundo. «Estamos en presencia de una subcultura digital que promueve la violencia extrema; un fenómeno global que utiliza redes sociales y plataformas de juegos online para generar situaciones de gravedad», explicó el funcionario.
La caracterización reconoce tres elementos centrales. El primero es la dimensión global del problema: no se trata de episodios aislados de La Rioja, sino de una dinámica que afecta simultáneamente a múltiples jurisdicciones argentinas y a distintos países del mundo, donde adolescentes expuestos a ecosistemas digitales específicos reproducen patrones de comportamiento extremos. El segundo es la identificación de los vectores tecnológicos: redes sociales y plataformas de juegos online que funcionan como espacios de socialización donde se construyen, retroalimentan y amplifican dinámicas de violencia. El tercero es la propia noción de subcultura: no un hecho puntual, no una decisión individual, sino un entramado colectivo con códigos, referentes y prácticas compartidas que explican por qué un mismo tipo de amenaza aparece replicado con patrones similares en distintas geografías.
La mención a los juegos online no es menor. Si bien en los episodios recientes de La Rioja los disparadores inmediatos fueron mensajes de WhatsApp y una inscripción en un baño, la lógica detrás de las amenazas reproduce imaginarios construidos en entornos lúdicos digitales —con armamento, objetivos, estéticas del tiroteo escolar estadounidense—. Intervenir únicamente sobre los síntomas (los mensajes y las pintadas) sin abordar las raíces culturales configura, para las autoridades, una respuesta incompleta.
Reunión clave el lunes con Educación
El ministro anunció que el próximo lunes mantendrá una reunión con el ministro de Educación, Ariel N. Martínez Francés, para analizar la situación y establecer medidas concretas. La coordinación interministerial es, en términos institucionales, un paso necesario: ni Seguridad puede resolver sola un problema que se manifiesta en las escuelas, ni Educación puede enfrentar por su cuenta episodios que requieren intervención policial y judicial.
La reunión apunta a definir un protocolo unificado que equilibre dos dimensiones en tensión. Por un lado, la seguridad colectiva —evitar que una amenaza real termine materializándose—. Por el otro, los derechos individuales de los estudiantes, particularmente el derecho a la intimidad y a no ser sometidos a procedimientos invasivos sin justificación suficiente. El desafío es diseñar herramientas que respondan eficazmente ante situaciones de riesgo sin convertir a las escuelas en ámbitos de vigilancia permanente sobre adolescentes que, en su enorme mayoría, no representan peligro alguno.
Las requisas, sobre la mesa
Entre las posibles medidas que se analizan, Zárate no descartó la implementación de requisas en los ingresos escolares como herramienta preventiva. El ministro reconoció que esa modalidad podría generar molestias en algunas familias, pero priorizó el objetivo de evitar el ingreso de elementos peligrosos a los edificios educativos.
La admisión del ministro coincide con lo que la secretaria Rodríguez había planteado apenas horas antes: que algunas escuelas ya están revisando mochilas en el ingreso, aunque la normativa vigente prohíbe a los docentes tocar las pertenencias de los alumnos. La intervención de la cartera de Seguridad apunta, en los hechos, a formalizar esa práctica bajo un protocolo que la dote de marco legal, evite arbitrariedades, garantice el respeto a los derechos de los menores y canalice eventuales reclamos.
La discusión no es simple. En Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño —incorporada con rango constitucional— establece estándares exigentes respecto de cualquier intervención sobre menores de edad. Una requisa sistemática e indiscriminada de mochilas podría ser cuestionada ante la Justicia por afectar derechos fundamentales. Pero una omisión preventiva, en caso de que una amenaza se materialice, podría generar responsabilidades institucionales graves. El protocolo que se elabore deberá, necesariamente, encontrar un punto intermedio que resulte jurídicamente sostenible.
La ruta judicial: allanamientos, demoras y detenciones
Consultado sobre la posibilidad de seguir el ejemplo de provincias como Córdoba —donde ya se imputó a menores de edad por amenazas similares—, Zárate fue contundente: «Si es necesario avanzar con allanamientos, demoras o detenciones para proteger a la comunidad estudiantil, se hará sin dudarlo».
El mensaje apunta a despejar una duda frecuente en estos casos: que el involucramiento de menores de edad pueda inhibir la reacción institucional. La ley argentina establece procedimientos específicos para los adolescentes, pero no exime a los autores de amenazas —cualquiera sea su edad— de las consecuencias penales de sus actos. En el caso de menores, la intervención se canaliza a través del fuero de minoridad, con garantías procesales particulares pero con capacidad cierta de aplicar medidas restrictivas cuando el hecho lo justifica.
El ministro precisó también el reparto de roles institucionales: la policía actúa como primer interventor ante el llamado de las autoridades escolares, pero la dirección de la investigación recae en la Justicia. La aclaración es importante desde el punto de vista procesal: los efectivos policiales no deciden por sí solos los cursos de acción una vez que el hecho es denunciado, sino que intervienen bajo la dirección del fiscal competente y, eventualmente, del juez que corresponda.
Ciberdelito: el desafío técnico
Un aspecto particularmente sensible que Zárate abordó es la complejidad técnica de investigar el origen de los mensajes virales. Equipos especializados en ciberdelito ya se encuentran analizando los episodios, pero el ministro advirtió sobre una dificultad estructural: muchas veces los foros o grupos cerrados tienen servidores en el exterior.
La observación expone uno de los límites fácticos de la investigación. Cuando los servidores donde se aloja la información —metadatos de mensajes, registros de conexión, contenido de conversaciones— están ubicados en jurisdicciones extranjeras, la obtención de esos datos requiere cooperación internacional. Los tratados de asistencia mutua en materia penal con países como Estados Unidos —donde tienen su sede las principales plataformas de mensajería y redes sociales— exigen procedimientos formales que suelen tomar meses o años, lo que contrasta con la urgencia que demanda la investigación de amenazas escolares.
El dato no es técnico sino eminentemente político. Expone la brecha regulatoria que enfrentan las autoridades argentinas frente a plataformas globales que operan bajo marcos legales de otros países, y anticipa la necesidad de acuerdos nacionales e internacionales que agilicen la cooperación técnica en estos casos.
Dentro de ese marco, las investigaciones suelen tener mayor éxito cuando los mensajes se originan en dispositivos identificables en territorio argentino —celulares de estudiantes, redes domésticas, conexiones desde escuelas— y cuando los responsables comienzan a replicar los mensajes con suficiente visibilidad como para dejar rastros en el propio ecosistema nacional. Los episodios recientes en Córdoba, donde se logró imputar a menores, muestran que es posible llegar a los autores cuando la investigación conjuga buena coordinación institucional y herramientas técnicas adecuadas.
La responsabilidad social: un llamado a los padres
El cierre de las declaraciones del ministro apuntó al rol de las familias y de los medios de comunicación. Zárate hizo un fuerte llamado a los adultos para que se informen sobre los riesgos que corren los jóvenes en el ciberespacio.
«Los adultos muchas veces no conocen las plataformas donde incursionan los adolescentes; es fundamental estar alertas ante conductas previas que puedan indicar un riesgo», concluyó el funcionario. La observación coincide con la línea que la secretaria Rodríguez había trazado desde Educación: la seguridad escolar no puede depender exclusivamente de la respuesta institucional —docentes, policía, protocolos—, sino que requiere del involucramiento activo de los padres en el monitoreo de la vida digital de sus hijos.
El énfasis en las conductas previas que pueden indicar riesgo apunta a una dimensión preventiva frecuentemente subestimada. Los casos documentados de amenazas escolares que efectivamente se materializaron —en Estados Unidos y en otros países— muestran, en buena parte de las ocasiones, señales de alerta anteriores: aislamiento social prolongado, interés obsesivo por armas o por episodios violentos pasados, cambios bruscos de comportamiento, manifestaciones escritas de odio o deseo de venganza. La capacidad de los adultos cercanos —padres, familiares, docentes— para detectar esas señales y derivar a los menores hacia intervenciones de salud mental oportunas puede marcar la diferencia entre la prevención y la tragedia.
Un frente adicional en un mapa ya complejo
La definición del Ministerio de Seguridad sobre las amenazas escolares configura un nuevo frente de gestión para la administración de Ricardo Quintela, que este viernes transitó simultáneamente varias crisis sectoriales: el éxodo médico denunciado por Aproslar con 76 renuncias en 15 meses, la nueva cápita de PAMI de $2.100 por afiliado, el escándalo del Colegio de Farmacéuticos con la detención del vocal Bordón y la intervención de Inés Brizuela y Doria, las denuncias de la Asociación de Maestros y Profesores sobre el colapso del sistema educativo, el conflicto minero de Guandacol por la Ruta 506, y el impacto del ajuste nacional documentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Para la gestión de Zárate al frente del Ministerio de Seguridad, Justicia y DDHH, el tema de las amenazas escolares introduce una dimensión nueva respecto de las preocupaciones tradicionales de la cartera: la seguridad en las escuelas no se agota en cuestiones de infraestructura física o de presencia policial, sino que incluye la intervención sobre fenómenos digitales que escapan a los marcos clásicos de la política de seguridad.
La reunión del lunes con Educación configurará el primer paso formal de una respuesta integrada, que deberá traducirse —en las semanas siguientes— en protocolos escritos, instrucciones a las fuerzas policiales, acuerdos con las escuelas y, eventualmente, propuestas de modificación normativa que contemplen específicamente la nueva realidad.
Mientras tanto, las aulas siguen
Para la comunidad educativa riojana, el mensaje del ministro de Seguridad llega con valor tranquilizador —al confirmar que el Estado trabaja activamente en el problema— pero también con admisión honesta de los límites: los servidores en el exterior, la complejidad del cibercrimen, las tensiones entre derecho a la intimidad y seguridad colectiva. No hay soluciones mágicas ni inmediatas; hay un proceso institucional en marcha que deberá articular la intervención de múltiples actores.
Mientras tanto, en las escuelas —desde la EPET N° 1 en la capital hasta las escuelas rurales del interior cuyas dificultades denunció hace pocos días la AMP— las clases continúan, los docentes administran la ansiedad colectiva lo mejor que pueden, los padres monitorean con creciente atención los teléfonos de sus hijos, y los alumnos transitan sus rutinas bajo una sombra nueva que hace apenas semanas parecía lejana.
El lunes, con la reunión Zárate-Martínez Francés, comenzará a escribirse la respuesta institucional formal. Mientras tanto, la prevención cotidiana sigue recayendo, como casi siempre en estas crisis, en las comunidades educativas y en las familias que cargan el peso inmediato del fenómeno. Con el horizonte explícito del ministro —«se hará sin dudarlo», si corresponde avanzar con allanamientos y detenciones— y con la promesa de protocolos que estarán listos pronto, La Rioja inicia un camino que, como ya mostraron otras provincias argentinas y otros países del mundo, será largo, complejo y sin respuestas simples.
