Crisis en el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja: denuncias cruzadas, una detención y una asamblea frustrada exponen la parálisis institucional
El escándalo que terminó con la detención del vocal primero Jorge Bordón y con un fuerte enfrentamiento público entre los abogados Marcela Ortega y Emilio Pagotto reabre el debate sobre el funcionamiento de los colegios profesionales, el alcance de las medidas cautelares por violencia de género en ámbitos institucionales y el rol de la fuerza pública dentro de entidades civiles. La situación quedó supeditada a lo que resuelva la justicia penal, a menos de tres meses de que expire el mandato de la actual presidenta.
LA RIOJA.— Lo que debía ser una asamblea ordinaria del Colegio de Farmacéuticos de la provincia terminó con un despliegue policial de tres móviles y seis motocicletas, una detención por presunta flagrancia y dos denuncias cruzadas que prometen extenderse durante semanas en los tribunales riojanos. El episodio, lejos de agotarse en el plano local, reavivó una discusión mayor sobre la gobernabilidad de los colegios profesionales en la Argentina y sobre los límites entre el conflicto político-gremial interno y la intervención estatal.
En el centro de la escena aparecen dos figuras del foro riojano con posiciones antagónicas: la abogada Marcela Ortega, que representa a la presidenta del colegio, Silvia Brizuela Ledesma, y Emilio Pagotto, contratado originalmente por la institución pero que en los hechos terminó defendiendo la postura del sector opositor, encabezado por el vocal primero Jorge Bordón.
Una asamblea convocada en disputa
El primer punto de controversia es la legitimidad misma del acto. Según la lectura de Ortega, la asamblea fue convocada de manera irregular por lo que describió como un «consejo paralelo», con el propósito deliberado de destituir a Brizuela Ledesma antes del 5 de julio, fecha en que vence naturalmente su mandato. Esa interpretación configura el eje de la defensa: si el órgano convocante no estaba facultado, todo lo actuado carece de validez.
La versión de Pagotto apunta en sentido inverso. El abogado sostuvo que la asamblea constituye el máximo órgano deliberativo del colegio y que su funcionamiento fue obstaculizado de manera arbitraria. En esa línea, más de treinta farmacéuticos matriculados radicaron una denuncia penal por «impedimento y estorbo de un acto funcional», figura que en el derecho argentino se utiliza con frecuencia para discutir la obstrucción del funcionamiento de órganos colectivos.
La medida cautelar y el giro hacia la flagrancia
El hecho que precipitó la intervención policial fue la aplicación de una medida cautelar preexistente contra Bordón, dictada en el marco de una denuncia por hostigamiento y perturbación formulada por la presidenta. Ortega afirmó que, durante el desarrollo del acto, el vocal primero se burló de Brizuela Ledesma, lo que activó el pedido de intervención de la fuerza pública para hacer cumplir la restricción judicial.
La abogada sostuvo que Bordón, asesorado en el lugar por Pagotto, se negó reiteradamente a retirarse del recinto, situación que, según su interpretación, configuró una flagrancia por desacato a la autoridad y justificó la detención. Esa cadena argumental —cautelar vigente, incumplimiento en presencia policial, flagrancia— es la que hoy sostiene la posición oficial del colegio frente a la justicia.
Pagotto rechazó esa lectura en los términos más enfáticos. Negó que su defendido hubiese incurrido en gestos agresivos y cuestionó con dureza el operativo, al que calificó como un «desmedido despliegue policial» para una situación que, a su juicio, pertenecía al ámbito estrictamente institucional y no justificaba la movilización de efectivos.
El rol cuestionado del letrado institucional
Uno de los puntos más espinosos del conflicto es la situación procesal del propio Pagotto. Ortega cuestionó abiertamente que el abogado, contratado por el Colegio de Farmacéuticos bajo la presidencia de Brizuela Ledesma, haya terminado representando los intereses de Bordón durante el incidente. La letrada anunció que formalizará una denuncia ante el Colegio de Abogados de La Rioja por el trato recibido durante la jornada y por lo que considera un conflicto de intereses estructural en la actuación de su colega.
Pagotto defendió su accionar al señalar que su intervención buscaba garantizar la realización del acto institucional y proteger los derechos de los matriculados frente a lo que describió como maniobras dilatorias de la presidencia.
Una parálisis que precede al escándalo
Más allá del episodio puntual, ambos letrados coinciden —desde orillas opuestas— en que el Colegio de Farmacéuticos atraviesa una crisis de funcionamiento que se arrastra desde principios de año. Pagotto remarcó que Brizuela Ledesma no convoca a reuniones de consejo directivo desde marzo y denunció que la asamblea extraordinaria prevista para el día posterior al incidente fue suspendida también de manera unilateral, lo que, a su criterio, profundiza la acefalía operativa de la entidad.
Ortega no desconoció la existencia del conflicto de fondo, pero lo encuadró en una disputa política interna donde la figura de la presidenta aparece, según su representación, como víctima de hostigamiento sistemático por parte de un sector que buscaría forzar su salida anticipada.
El trasfondo: colegios profesionales bajo tensión
El caso riojano se inscribe en una serie creciente de conflictos en entidades de matrícula en distintas provincias argentinas, donde las tensiones entre conducciones electas y sectores opositores derivan con frecuencia en acciones judiciales, impugnaciones de asambleas y pedidos de intervención. La particularidad del episodio en La Rioja radica en la combinación de tres elementos poco frecuentes: una medida cautelar por violencia de género aplicada dentro de un acto institucional, la intervención policial efectiva sobre un miembro del consejo directivo y la presencia simultánea, en el recinto, de los letrados de ambos bandos.
Qué sigue
Por el momento, la asamblea permanece suspendida y el futuro inmediato de la conducción del Colegio de Farmacéuticos depende de dos carriles judiciales simultáneos: la causa penal abierta contra Bordón por el presunto incumplimiento de la cautelar y la denuncia por impedimento y estorbo de acto funcional radicada por el sector opositor contra Brizuela Ledesma y su equipo.
Ortega sostiene que la prioridad debe ser la protección de la víctima de violencia de género y el respeto del mandato vigente hasta julio. Pagotto, en cambio, afirma que la mayoría de los matriculados busca normalizar la institución frente a lo que interpretan como maniobras de la presidencia para evadir el control de los órganos colegiados.
La resolución del conflicto, que hasta hace pocas semanas se discutía en reuniones internas, se jugará ahora en los tribunales riojanos. Y, con ella, el precedente que deje sentado un caso inédito en la historia reciente de los colegios profesionales de la provincia.