Milagros, alumna y madre de un bebé de 8 meses, relató cómo fue derribada de la moto junto a su pareja por un hombre que salió de una casa del Pasaje Rioja. El agresor volvió minutos después a filmarlos y burlarse, y la Policía no logró detenerlo. Los estudiantes denuncian zona liberada, falta de iluminación y antecedentes graves, incluido un presunto intento de abuso sexual.
LA RIOJA.– Una joven estudiante, identificada como Milagros, relató este viernes el violento episodio que vivió junto a su pareja cuando se dirigían al Instituto Albino Sánchez Barros, uno de los principales centros de formación docente de la capital riojana. El ataque, que ocurrió alrededor de las 19.00 horas del jueves, ha generado una profunda conmoción y una movilización estudiantil en reclamo de mayor seguridad en la zona de los profesorados. El caso expone, además, un cuadro de vulnerabilidad institucional que afecta a cientos de alumnos —en buena medida mujeres, trabajadoras y madres— que asisten a cursar a los institutos de formación docente del Pasaje Rioja.
El episodio se suma a un mapa de conflictividad que esta semana viene saturando la agenda provincial: las amenazas escolares en la EPET N°1, el Colegio N°4 y el Colegio N°6; la siniestralidad vial con 13 víctimas fatales en el primer trimestre; la crisis sanitaria con el éxodo de médicos; el escándalo en el Colegio de Farmacéuticos; el conflicto minero en Guandacol. A todo eso se agrega, ahora, un ataque con elementos contundentes y exhibición de arma de fuego en las inmediaciones de un instituto terciario.
El relato de un ataque sin sentido
Según el testimonio que Milagros brindó a medios locales, el incidente comenzó cuando ella y su pareja doblaron por el Pasaje Rioja hacia el ingreso del instituto, en moto. Sin mediar provocación alguna, un hombre salió de una vivienda junto a una mujer y comenzó a gritarles. La ausencia de antecedente que justifique el episodio es uno de los rasgos más desconcertantes del caso: la pareja simplemente transitaba en dirección al Albino Sánchez Barros cuando se vieron interceptados por un sujeto que, al parecer, actuaba con motivaciones incomprensibles.
La escalada fue inmediata. El hombre los alcanzó en la puerta del establecimiento, golpeó por la espalda al novio de Milagros y los derribó de la moto. A partir de ahí, el episodio adquirió una violencia creciente.
«En el piso nos empezó a golpear. Mi pareja logró levantarse y forcejearon, hasta que el hombre sacó un destornillador e intentó apuñalarlo», detalló Milagros. La elección del arma —un destornillador— describe un ataque improvisado pero con potencial letal. Un objeto punzante manipulado con violencia sobre una persona derribada o en posición de desventaja puede causar heridas graves, incluso fatales.
La situación se agravó aún más cuando, ante la llegada de otros estudiantes que intentaron socorrer a la pareja, el agresor exhibió un arma de fuego que llevaba oculta entre sus ropas. La aparición del arma funcionó como elemento disuasorio que habilitó al atacante a retirarse sin consecuencias inmediatas, refugiándose en su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar. El dato de la proximidad territorial agrava el cuadro: el presunto agresor no es un desconocido que eligió azarosamente un sitio para actuar, sino un vecino del propio pasaje donde se encuentra el instituto.
Burlas, filmaciones y ausencia policial efectiva
El aspecto más inquietante del relato llegó con la descripción de lo ocurrido después del ataque. Según denunciaron las víctimas, el hombre regresó minutos más tarde, acompañado por una mujer, a filmarlos y burlarse mientras la pareja esperaba ser asistida. La escena describe un nivel de impunidad y desprecio por las víctimas que configura, en sí mismo, un agravamiento del hecho original.
La conducta posterior del atacante plantea hipótesis inquietantes. Puede tratarse de una persona con perfil psicológico particularmente hostil o con alguna condición psiquiátrica no tratada que explique la arbitrariedad del ataque y la ausencia de sentido de consecuencia. Puede tratarse, alternativamente, de alguien que conoce las limitaciones de la respuesta policial en el lugar y se siente habilitado a actuar sin temor a represalias inmediatas. Puede tratarse también —y esto es lo más preocupante desde la perspectiva de la investigación— de una persona con antecedentes similares que ha aprendido a moverse dentro de los márgenes de impunidad territorial.
El desenlace policial del episodio no aportó tranquilidad a las víctimas. A pesar de que la vivienda del agresor está identificada, la Policía informó a las víctimas que no lograron localizarlo en ese momento. La respuesta institucional, según el testimonio de Milagros, fue particularmente decepcionante: «Nos dieron un número y nos dijeron que, si lo volvíamos a ver, llamáramos nosotros».
La frase desnuda una lógica de traslado de la responsabilidad a las propias víctimas. El Estado, representado en ese momento por las autoridades policiales actuantes, no garantizó la detención del agresor identificado pese a tener datos concretos de ubicación domiciliaria, y trasladó a las víctimas el deber de monitorear la eventual reaparición del sujeto. Es un contraste particularmente duro si se considera que, apenas horas antes, el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, había anunciado que la fuerza avanzaría «sin dudarlo» con allanamientos, demoras y detenciones ante amenazas escolares.
Una zona liberada y un patrón alarmante
El ataque a Milagros y su pareja puso de relieve una situación de vulnerabilidad estructural que atraviesa a los cientos de alumnos que asisten a los institutos de la zona. El caso es paradigmático pero no excepcional: configura la punta visible de un problema que la comunidad estudiantil viene denunciando hace tiempo.
Entre los factores de riesgo que los propios alumnos identifican, sobresalen tres. El primero es la falta de iluminación. Los estudiantes denuncian que el pasaje es extremadamente oscuro, aunque tras la difusión del caso se instalaron algunas luminarias. La respuesta reactiva —iluminar después del ataque— confirma que la falencia era conocida previamente pero no había sido abordada con los recursos necesarios.
El segundo son los antecedentes graves. En una movilización pacífica realizada el jueves, alumnos relataron otros hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones: intentos de robo y hasta un presunto intento de abuso sexual. El dato es particularmente grave. En una zona con alta circulación de estudiantes mujeres —los profesorados de formación docente concentran mayoritariamente matrícula femenina— la presencia de antecedentes de intento de abuso sexual configura un escenario de riesgo de género específico que demandaba intervenciones preventivas específicas.
El tercero es la escasa presencia policial. Si bien tras el caso se dispuso un móvil en los horarios de clase, los alumnos critican que anteriormente la guardia policial se limitaba a la zona de la vieja estación, sin visibilidad sobre los ingresos a los profesorados. La configuración territorial del pasaje —con tramos sin vigilancia directa y pocos puntos de referencia urbana— lo convertía, en los hechos, en un corredor desprotegido.
«Tengo que llevar a mi bebé a estudiar y ahora me da pánico»
El testimonio de Milagros se completó con un dato que personaliza, con particular crudeza, la magnitud del problema. La joven es, además de estudiante del profesorado, madre de un bebé de 8 meses. En muchas ocasiones, ante la imposibilidad de contar con cuidador o por dinámicas propias de conciliación entre maternidad y estudios, debe llevar a su hijo a los ámbitos educativos.
«A veces tengo que llevar a mi bebé a estudiar y ahora me da pánico acercarme a la zona porque esta persona vive ahí y se burló de nosotros», concluyó la estudiante. La frase expone, en primera persona, el impacto subjetivo del ataque: el temor residual, la sensación de exposición continuada derivada del hecho de que el agresor vive allí cerca y no fue detenido, y la tensión particular que enfrenta una madre estudiante cuando la seguridad de su hijo se entrelaza con la continuidad de su formación.
El dato configura una dimensión de género ineludible del caso. Las mujeres que estudian —particularmente aquellas que combinan estudio con maternidad, trabajo o ambas cosas a la vez— enfrentan barreras estructurales para acceder a la formación profesional. Cuando a esas barreras se suman riesgos de seguridad personal en los trayectos de acceso a los institutos, el costo relativo de sostener los estudios aumenta significativamente. Casos como el de Milagros pueden, inevitablemente, derivar en deserción académica de alumnas que no encuentran garantías mínimas para transitar con tranquilidad hasta sus aulas.
Los institutos de formación docente, escenario sensible
El Instituto Albino Sánchez Barros y el conjunto de profesorados de la zona configuran una red de formación docente de enorme relevancia para la provincia. Allí se forman los maestros y profesores que luego ejercerán en las escuelas primarias y secundarias riojanas —muchos de ellos en las mismas escuelas que esta semana vienen denunciando, a través de la AMP, condiciones deterioradas de infraestructura, salarios congelados y una crisis generalizada del sistema educativo—.
La matrícula de estos institutos tiene características particulares: mayoritariamente femenina, en muchos casos compuesta por adultos que retoman estudios, frecuentemente articulando formación con trabajo y familia. La combinación configura un perfil estudiantil particularmente sensible, que requiere de condiciones de seguridad, acceso y permanencia que excedan los estándares mínimos.
La inseguridad en las inmediaciones de los profesorados no es, en ese marco, un tema secundario ni lateral. Afecta directamente la posibilidad de sostener la formación de la próxima generación de docentes riojanos, en un contexto en el que el sistema educativo provincial necesita —como pocas veces en su historia— renovación, calidad y compromiso profesional. Cada alumna que abandona por miedo, cada estudiante que decide cambiar de carrera o de jurisdicción por la inseguridad, representa una pérdida concreta para el futuro de las aulas riojanas.
La respuesta institucional: reactiva y fragmentada
Tras la difusión del caso, el Estado provincial reaccionó con medidas concretas pero limitadas. Se instalaron luminarias en el pasaje —que debieron estar operativas desde siempre—, se dispuso un móvil policial en los horarios de clase, y se anunciaron refuerzos de vigilancia en la zona.
La respuesta reproduce, una vez más, el patrón reactivo que atraviesa buena parte de la política de seguridad provincial: las medidas se toman después del hecho grave, no antes, aun cuando los factores de riesgo eran conocidos por la comunidad educativa y habían sido denunciados en instancias previas. La prevención, como política de Estado, exige anticipar y actuar sobre los factores de riesgo antes de que se manifiesten en episodios concretos; la reacción, aunque necesaria, llega cuando el daño —físico, psicológico, institucional— ya está hecho.
La coordinación interinstitucional es otro nudo crítico. La seguridad en torno a los institutos de formación docente requiere articulación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, la Municipalidad de la Capital —responsable del alumbrado público y de la gestión urbana del entorno— y las propias autoridades de los establecimientos educativos. En ausencia de esa coordinación, las respuestas quedan fragmentadas, con cada organismo haciendo su parte sin que el conjunto garantice resultados efectivos.
Un cuadro de inseguridad que se amplifica
El ataque a Milagros y su pareja se inscribe en un cuadro de inseguridad que la ciudadanía riojana viene percibiendo con creciente preocupación. La semana que termina concentró episodios diversos pero convergentes: amenazas escolares virales, escándalo institucional con intervención policial en el Colegio de Farmacéuticos, conflictos mineros con posibilidad de cortes de ruta, cifras alarmantes de siniestralidad vial, y ahora, un ataque violento a plena luz del día —o casi— en las inmediaciones de un instituto terciario.
La sumatoria configura una sensación colectiva de vulnerabilidad que excede el episodio puntual y que las autoridades deberán atender con respuestas de fondo. No basta con medidas reactivas que iluminen pasajes después de los ataques ni con operativos policiales que se despliegan tras los operativos de amenaza escolar. Se requiere una política de seguridad urbana integrada, con capacidad preventiva, con presencia territorial constante y con coordinación interinstitucional efectiva.
En el horizonte inmediato, los estudiantes del Albino Sánchez Barros y de los profesorados cercanos esperan que la investigación judicial avance con rapidez, que el agresor identificado sea efectivamente detenido y que las medidas de seguridad anunciadas no se diluyan en las próximas semanas. Pero esperan, sobre todo, poder retomar su rutina académica sin miedo, una expectativa que hoy —como dejó claro Milagros en su testimonio— no está garantizada.
La dimensión personal del problema
Más allá de la lectura institucional, el caso expone una dimensión personal que merece subrayarse. Milagros es, en última instancia, una joven que eligió estudiar para convertirse en docente. Una joven que, al mismo tiempo, enfrenta los desafíos cotidianos de ser madre de un bebé pequeño. Una joven que combina ambos roles con el compromiso visible de sostener su formación profesional. Y una joven que, el jueves a la tarde, al acercarse a su instituto para asistir a clase, fue atacada con violencia por un desconocido sin motivo aparente.
Detrás de los testimonios, los reclamos y las movilizaciones, hay historias concretas. Hay vidas cotidianas interrumpidas por hechos violentos. Hay proyectos personales que se ven amenazados por la incertidumbre de la inseguridad. Y hay, también, una comunidad estudiantil que reclama, con razón, que el Estado les garantice aquello que debería ser básico: poder ir a estudiar sin temor a ser atacados en la puerta misma de la institución.
Para esa comunidad, y para Milagros en particular, las próximas horas y días serán decisivos. La detención efectiva del agresor —hasta ahora identificado pero libre—, el inicio de la causa judicial, el acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas, la continuidad de las medidas de seguridad anunciadas: todo configura un conjunto de respuestas que, si se cumplen, permitirán al menos empezar a reconstruir el clima mínimo de confianza que la matrícula necesita para seguir asistiendo a clase. Y si se incumplen, reforzarán una sensación dolorosa: la de que, en una provincia cada vez más sobrecargada de urgencias, el derecho básico a estudiar sin miedo se ha convertido, para muchos riojanos, en un lujo cada vez más difícil de sostener.
