El presidente de la entidad, Francisco Brizuela Montenegro, denunció que Inés Brizuela y Doria —vicepresidenta 1° de la UCR Nacional— fue trasladada a una comisaría sin orden escrita mientras ejercía su defensa profesional en el Colegio de Farmacéuticos. El caso, que ya tuvo repercusión nacional y la solidaridad de Ricardo Gil Lavedra, reabre el debate sobre el funcionamiento de la Justicia en la provincia gobernada por Ricardo Quintela.
LA RIOJA.– La detención de la abogada y vicepresidenta primera de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Inés Brizuela y Doria, durante una asamblea del Colegio de Farmacéuticos, encendió las alarmas de la comunidad jurídica riojana y escaló al plano nacional. El Consejo de Abogados de La Rioja, a través de su presidente, Francisco Brizuela Montenegro, expresó un enérgico repudio al operativo policial del jueves 16 de abril y advirtió que, si el hecho no es investigado y sancionado, la provincia podría quedar expuesta a un grave retroceso institucional.
En una entrevista brindada a Radio Fénix, el titular del Consejo calificó el episodio como «un peligroso antecedente» y un avasallamiento directo al ejercicio de la abogacía. «Si se detiene a los abogados durante su trabajo, se genera un estado de indefensión absoluta para los ciudadanos, poniendo en duda la seguridad jurídica de toda la provincia», alertó Brizuela Montenegro, en declaraciones que resonaron con fuerza en el ámbito político local y entre los principales colegios profesionales del país.
Un operativo sin orden judicial
De acuerdo con el relato de la letrada detenida y la reconstrucción realizada por el Consejo, la intervención policial se produjo bajo condiciones que contradicen las garantías constitucionales básicas. Brizuela y Doria —que además es exintendenta de la Capital riojana y exsenadora nacional— había acudido al Colegio de Farmacéuticos para asistir a su cliente, el vocal Jorge Bordón, cuando se encontró con un despliegue policial en plena asamblea.
Al pedir explicaciones y exigir que se le exhibiera la orden de detención, la abogada recibió como respuesta que la medida se ejecutaba por una «orden verbal» del fiscal de turno. Tanto ella como su cliente fueron trasladados en patrullero a la Comisaría Primera. Recién en la puerta de la dependencia, según su propio testimonio, un jefe policial le comunicó que el fiscal había dado «contraorden» y que no estaba detenida.
Para el Consejo de Abogados, ese cuadro es la columna vertebral de la denuncia. Brizuela Montenegro señaló que no existía orden escrita emanada de un juez competente ni tampoco un hecho de flagrancia que habilitara la detención. «Podría encuadrarse en la figura de abuso de autoridad, dado que se detuvo a una profesional en pleno ejercicio de su función legal mientras asesoraba a un cliente», sostuvo el dirigente, en una afirmación que deja abierta la puerta a eventuales acciones judiciales contra los responsables del operativo.
La Ley 6827 y el estatus del abogado en ejercicio
Durante la entrevista, Brizuela Montenegro recordó que la Ley Provincial 6827 —que regula el ejercicio profesional en La Rioja— establece expresamente que el Consejo de Abogados tiene el deber de defender a sus matriculados para asegurar el libre ejercicio de la profesión. Más aún: según subrayó, la normativa equipara al abogado en ejercicio con los magistrados en cuanto al respeto y la consideración que deben recibir de parte de las autoridades públicas.
«Los abogados en ejercicio están asimilados a los magistrados. No es un capricho corporativo: es una garantía para los justiciables, porque sin defensa libre no hay proceso justo», enfatizó el titular del Consejo, quien anticipó que la entidad solicitará una investigación formal para esclarecer las causas que motivaron la medida y evitar que se repitan hechos de similar gravedad.
La trascendencia nacional del episodio
El caso adquirió rápidamente dimensión nacional por la investidura política de la abogada involucrada. Brizuela y Doria ocupa hoy la vicepresidencia primera de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, condición que convirtió su detención en un asunto que trasciende las fronteras provinciales.
Entre las primeras voces que se pronunciaron figura la del expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, quien reclamó públicamente que las autoridades provinciales esclarezcan el «bochornoso episodio» y expresó su «solidaridad» con la letrada riojana por haber sido detenida en el ejercicio de su profesión. También se sumaron pronunciamientos del abogado riojano Gustavo Galván y de dirigentes del radicalismo nacional, que enmarcaron el hecho como una señal de alerta sobre el funcionamiento del Estado de Derecho en la provincia.
En su propio descargo a través de redes sociales, Brizuela y Doria apuntó contra el oficialismo provincial y denunció «un atropello y arbitrariedad manifiesta de la justicia dependiente del poder político de La Rioja». El trasfondo político del caso —la interna del Colegio de Farmacéuticos entre sectores afines al peronismo provincial y un grupo vinculado al radicalismo— terminó de cargar de tensión un episodio que, para la oposición, se inscribe en un patrón más amplio de utilización del aparato estatal con fines de disciplinamiento político.
La preocupación de fondo: la seguridad jurídica
Aunque la abogada detenida destacó que, una vez en la comisaría, el trato del personal policial fue respetuoso y que fue liberada con celeridad, el Consejo de Abogados de La Rioja insistió en que lo sucedido no puede reducirse a un exceso individual. Para Brizuela Montenegro, la médula del problema es institucional: una provincia en la que un fiscal puede ordenar verbalmente la detención de una abogada en medio de una asamblea privada es una provincia en la que las garantías constitucionales están bajo tensión.
El dirigente instó a las autoridades a revisar la instrucción impartida al personal policial y anunció que la entidad continuará las gestiones hasta que se esclarezcan las responsabilidades. «Esto no puede volver a ocurrir», cerró, en una definición que el universo jurídico riojano —y una porción no menor del arco político nacional— leyó como un llamado a poner límites al uso discrecional del poder punitivo del Estado provincial.
El episodio, por último, se suma a una serie de hechos que en los últimos meses tensionaron la relación entre el Gobierno de Ricardo Quintela y sectores de la oposición riojana, en el marco de una provincia atravesada por la crisis fiscal, el litigio con bonistas en tribunales estadounidenses y una interna política que anticipa un 2027 de alta conflictividad.
