Una medida dispuesta por la jueza Decker de Chilecito obliga a los operarios a utilizar el corredor norte para llegar al proyecto Vicuña y a otros yacimientos del oeste provincial. Trabajadores locales advierten que la decisión no frena la actividad minera, pero amenaza con desplazar a la mano de obra riojana del «anillo de prioridad» de las empresas en un sector considerado estratégico para el despegue productivo del NOA.
LA RIOJA.- La expansión minera del oeste riojano —uno de los polos con mayor potencial del corredor cordillerano argentino— atraviesa horas de incertidumbre. Una reciente resolución judicial dictada por la jueza Decker, con asiento en Chilecito, modificó las condiciones de circulación hacia los proyectos en desarrollo y encendió una alarma que excede lo estrictamente técnico: pone en riesgo la continuidad laboral de unas 190 familias riojanas que dependen directa o indirectamente de la actividad extractiva.
Así lo expresó Carlos Alaniz, trabajador minero con 23 años de experiencia en el sector y oriundo de Guandacol, en declaraciones a Radio Fénix. Según describió, la medida no detiene la operación de los yacimientos, pero altera de manera severa la logística de acceso, lo que repercute sobre el costo de las empresas y, en consecuencia, sobre la matriz de contratación local.
Del cruce natural al desvío forzoso: de 4 a 11 horas de viaje
El eje del conflicto está en el acceso terrestre al proyecto Vicuña, uno de los emprendimientos de cobre y oro más relevantes del corredor cordillerano compartido entre La Rioja, San Juan y Chile. Antes de la resolución, los trabajadores riojanos accedían desde Guandacol en un trayecto de aproximadamente cuatro horas. Con el nuevo esquema, deben utilizar rutas alternativas por el corredor norte, extendiendo el viaje hasta cerca de once horas.
El dato no es menor. En la lógica de la gran minería, los tiempos de traslado definen los llamados «anillos de prioridad» de contratación: aquellas localidades más próximas al yacimiento suelen concentrar el empleo directo, los servicios de hotelería, catering y logística. Si Guandacol pierde esa cercanía operativa, advirtió Alaniz, el pueblo quedaría supeditado a la «buena voluntad» de las compañías para continuar absorbiendo mano de obra local.
Empleo en riesgo: 140 puestos directos y un ecosistema de servicios
De acuerdo con el relevamiento del propio sector, en los proyectos en actividad se desempeñan unos 140 trabajadores directos, a los que se suma un entramado de prestadores locales que alcanza a familias de Guandacol, Villa Unión, Santa Clara, Villa Castelli y la Capital provincial. En total, 190 hogares riojanos cuyos ingresos dependen, de manera inmediata, del desarrollo minero del oeste.
La escala salarial que ofrece la actividad refuerza la dimensión del problema. Bajo el régimen habitual de 14×14 —catorce días de trabajo por catorce de descanso—, un operario inicial percibe ingresos promedio de $1.800.000 mensuales. Los puestos calificados, como maquinistas u operadores de equipo pesado, oscilan entre $2.600.000 y $3.500.000 brutos. Son niveles que no encuentran paralelo en el mercado laboral formal de la provincia, estructuralmente dependiente del empleo público y con un sector privado de baja densidad.
La foto grande: potencial minero y déficit de mano de obra calificada
Más allá de la coyuntura, el testimonio del trabajador riojano describe una paradoja que atraviesa al sector en todo el país. La Rioja cuenta con yacimientos de alto interés —Peña Negra, Cerro Verde y La Chola, entre los mencionados, además del propio Vicuña—, pero enfrenta un cuello de botella: la falta de mano de obra calificada para ocupar los puestos de mayor remuneración. Es el mismo diagnóstico que, con matices, formulan las cámaras mineras de San Juan, Salta y Catamarca a la hora de proyectar las inversiones encuadradas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En ese contexto, cada decisión administrativa o judicial que altera la logística de acceso adquiere una dimensión que trasciende lo local. El cobre, el litio y el oro del corredor cordillerano han sido señalados desde Buenos Aires como piezas centrales de la estrategia exportadora que el gobierno nacional espera consolidar en los próximos años, con La Rioja como uno de los distritos llamados a sumar volumen.
La disputa política y el reclamo desde abajo
Alaniz fue explícito al ubicar la responsabilidad de lo que denominó «una pelea política innecesaria» entre niveles de gobierno, cuyos costos terminan recayendo sobre los propios trabajadores riojanos. El planteo condensa un malestar creciente en las localidades del oeste provincial, donde la expectativa por los nuevos proyectos convive con la incertidumbre sobre el marco regulatorio, las decisiones judiciales y las tensiones entre la Provincia y la Nación.
El trabajador reclamó, en definitiva, que se priorice la estabilidad laboral de quienes ya están insertos en el sector, antes de que la pulseada institucional traslade a los ciudadanos el costo de diferencias que se dirimen muy lejos de Guandacol. La advertencia llega en un momento en el que la minería riojana busca consolidarse como motor de desarrollo regional y, al mismo tiempo, disputa su lugar en el mapa nacional de inversiones.
