La ex presidenta vetó una cita política de magnitud en la que participarían Quintela, Massa y los jefes parlamentarios; una maniobra que evidencia su intención de mantener el control sobre las decisiones estratégicas del peronismo
Hace poco más de una semana, un grupo de operadores políticos peronistas comenzó a cocinar los detalles de una cita que se presentaba como significativa para la reorganización del peronismo nacional: un asado en un quincho de la Ciudad de Buenos Aires, al que concurriría el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el gobernador riojano Ricardo Quintela, el ex ministro de Economía Sergio Tomás Massa, y los jefes parlamentarios José Mayans y Germán Martínez. Al encuentro se sumaría el ex gobernador de San Juan Sergio Uñac —considerado por algunos sectores como un eventual candidato a la presidencia en una PASO peronista— y el senador Jorge Milton Capitanich, quien se tomó un avión desde Chaco expresamente para participar.
El armado era cuidadoso. Los participantes tenían perfiles suficientemente diversos como para permitir una conversación genuina sobre el futuro electoral del peronismo: Kicillof representaba la gobernanza y el eje bonaerense; Quintela traía la experiencia de un gobernador del interior con ambiciones presidenciales declaradas; Masa agregaba su gravitación histórica y su capacidad de intermediación; Mayans y Martínez eran los guardianes de la disciplina parlamentaria; Uñac y Capitanich completaban una geografía que incluía al NOA. En el contexto de una interna peronista en tensión permanente, la cita prometía ser un espacio donde, sin la sombra de Cristina Fernández de Kirchner, podrían comenzarse a tomar «definiciones» sobre la estrategia electoral de 2027.
Pero Cristina Fernández de Kirchner, enterada de la cita, decidió que no se produciría.
Desde su departamento en el barrio porteño de Constitución —donde se encuentra en lo que ella misma ha caracterizado como una especie de «reclusión»—, la ex presidenta hizo una llamada telefónica que detuvo el encuentro. Se comunicó directamente con José Mayans, jefe del bloque peronista en el Senado, y con Germán Martínez, jefe del bloque en Diputados, para indicarles que no participaran en el asado. La orden fue obedecida. Sin los jefes parlamentarios, la cita perdía peso institucional. Quintela y Capitanich, que ya habían abordado aviones hacia Buenos Aires para asistir, encontraron un encuentro que se desmoronaba.
El episodio es revelador de varias dinámicas que caracterizan al peronismo actual. La primera es que Cristina Fernández, pese a no ocupar cargo ejecutivo alguno y a mantener un perfil público discreto, sigue ejerciendo un poder de veto sobre las decisiones políticas significativas del partido. La segunda es que ese poder de veto sigue siendo respaldado por operadores clave del establishment legislativo peronista. La tercera es que los intentos de reorganización del peronismo que no pasan por su aquiescencia están condenados al fracaso, al menos en el corto plazo.
Un colaborador directo de Kicillof describe con crudeza el estado de las relaciones entre el gobernador y la ex presidenta. Según este interlocutor, cada vez que Kicillof va a San José 1111 —la histórica sede de los despachos presidenciales en el barrio porteño de San Nicolás, donde Cristina mantiene un territorio de influencia—, siente que «lo cagan»: la interpretación que ella y su entorno hacen de las conversaciones es sistemáticamente distinta a la que Kicillof pretendía comunicar, y esas versiones alternativas se filtran públicamente, generando desencuentros que erosionan cualquier intento de coordinación. El resultado es lo que el colaborador resume así: «Todo roto».
Sin embargo, la reclusión de Cristina no significa inactividad política. La semana pasada, ella se ocupó de dos asuntos que demuestran que sigue siendo un factor de peso en la política peronista. El primero fue la definición de comisiones en el Senado bonaerense: Cristina intercedió para cuidar los intereses de La Cámpora, la juventud organizada que ha sido su base política. El segundo fue organizar el bloqueo del asado que había sido armado sin su visto bueno.
La lógica que subyace a ambas acciones es la misma: mantener el control sobre las decisiones estratégicas del peronismo, incluso a costa de fragmentarlo. En ese sentido, el boicot al encuentro no fue un acto defensivo sino ofensivo. Cristina no estaba defendiéndose de una amenaza; estaba reafirmando que los movimientos políticos de magnitud en el peronismo requieren su autorización explícita.
Kicillof, por su parte, parece estar intentando ampliar su abanico de contactos y legitimidades políticas ante la imposibilidad de mantener una relación funcional con Cristina. Su visita esta semana al empresario Eduardo Costantini en el MALBA de Escobar —una cita que hubiera sido «impensada» hace apenas un año atrás— responde a esa lógica. Costantini es un empresario prolífico, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en su sede porteña, y alguien que representa un círculo de poder distinto al peronismo tradicional. Que Kicillof le dedique una hora de conversación en presencia del intendente local Ariel Sujarchuk sugiere que el gobernador está explorando apoyos fuera de la estructura partidaria convencional.
Pero eso no quiere decir que Kicillof esté renunciando a sus pretensiones presidenciales. Simplemente está reconociendo que, en el contexto de un peronismo fragmentado donde Cristina mantiene un poder de veto sobre las decisiones colectivas, la construcción de una candidatura presidencial requiere una diversificación de apoyos que trascienda los círculos tradicionalmente peronistas.
El grupo que intentó organizar el asado promete insistir. Los contactos ya están establecidos, la conversación fue iniciada, y la necesidad de coordinación entre gobernadores peronistas y jefes parlamentarios sigue siendo real. Pero la orden de Cristina dejó clara una verdad incómoda: por lo pronto, cualquier encuentro de magnitud requerirá su consentimiento. Y eso, en el peronismo de 2026, significa que todas las rutas hacia la presidencia pasan, de una u otra manera, por Constitución.
