El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja expuso la compleja realidad edilicia y presupuestaria que afecta a la provincia tras un encuentro con el ministro de Justicia de la Nación. Además, confirmó que no hay infraestructura para alojar a menores ante una eventual baja de la edad de imputabilidad.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Claudio Saúl, trazó un crudo diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario y los desafíos judiciales que enfrenta la provincia. En el marco de la última reunión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) realizada en San Juan, el magistrado riojano mantuvo un mano a mano con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, donde le trasladó la preocupación por la sobrepoblación y el desfinanciamiento en el sector.
«Me vi con una delicada situación en el instituto transmitida por su directora, la licenciada Tello, en donde tenían una dificultad con aquellos detenidos a disposición de la justicia federal, que era un número de 78 y que de alguna manera también no le estaban pagando, tenían una deuda importante y estaba desactualizado el monto», detalló Saúl, especificando que Nación apenas aporta 2.000 pesos por cada preso federal alojado en estructuras provinciales, una cifra que calificó como totalmente insuficiente.
Frente a este escenario, el titular del TSJ riojano le reclamó formalmente a Mahiques la reactivación de viejos convenios para la construcción de cárceles federales o regionales que permitan «descargar y alivianar los institutos de carácter provincial». No obstante, Saúl se mostró poco optimista respecto a una respuesta favorable por parte de la gestión de Javier Milei debido al fuerte ajuste fiscal: «Sin entrar en materia de reproche y crítica al plan económico de gobierno del presidente, estamos teniendo problemas con los discapacitados, con el tema de salud, están achicando el gasto. Así que imagino que esta posibilidad se ve cada vez más lejana. La realidad nos demuestra que hay un gran achicamiento del Estado».
El freno a la Ley Penal Juvenil por falta de infraestructura
Otro de los puntos centrales de la agenda judicial y política tiene que ver con el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad. Al ser consultado sobre dónde se alojaría a un menor en La Rioja en caso de cometer un delito grave bajo una nueva legislación, Saúl fue categórico al advertir que no existen los recursos ni el espacio físico adecuado.
«No hay un instituto, un inmueble en donde alojar los menores para la nueva ley penal juvenil y realmente va a ser un gran problema, y también alguna infraestructura en recursos humanos, la inversión que va a ser importante.»
Ante esta falencia estructural que afecta a varias jurisdicciones, el magistrado adelantó una estrategia conjunta con otras provincias: «Pensando con otros colegas de Tribunales Superiores del país, la chance y la posibilidad es hacer un pedido de prórroga de la vigencia respecto fundamentalmente de la necesidad de contar con este instituto que prevé la ley. Lo vamos a plantear muy probablemente a nuestros senadores y a nuestros diputados».
Balance y fin de mandato en el Consejo de la Magistratura
Por último, Saúl destacó el cierre de su etapa al frente del Consejo de la Magistratura, cuya presidencia será asumida por la doctora Karina Becerra por un período de tres años, conforme a los plazos establecidos por la nueva Constitución Provincial.
El presidente del TSJ valoró la gestión saliente como un proceso «plural, amplio y transparente», detallando que se realizaron cerca de 38 concursos para regularizar el servicio de justicia local. «Hemos cubierto todas las vacantes. Me llevo lo más satisfactorio, que es no dejar cargos de carácter transitorio; eso es muy importante, de no dejar cubierta una vacante por cualquier motivo. Se ha hecho un trabajo muy serio y muy honesto», concluyó.
