El gobernador Ricardo Quintela anunció que recurrirá al máximo tribunal para impugnar un acuerdo de 1968 firmado por la dictadura de Onganía. La disputa por el departamento Iglesia resurge tras un siglo y medio por el reparto de las regalías del millonario yacimiento minero Josemaría.
LA RIOJA.– Lo que durante décadas pareció una vieja rencilla de mapas, polvo y archivos históricos archivados en el siglo XIX se ha transformado, al calor de las inversiones multinacionales, en una multimillonaria disputa legal y política. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, anunció que presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la revisión de los límites con San Juan. En el centro del reclamo se encuentra una franja del departamento sanjuanino de Iglesia que, según la administración riojana, fue «sustraída ilegítimamente» en 1968. Detrás de la presentación jurídica asoma el verdadero motor de la discordia actual: las regalías y la renta minera del proyecto Josemaría, uno de los yacimientos de cobre y oro más grandes del país.
El conflicto territorial, que arrastra más de 150 años de marchas y contramarchas, permanecía considerado como «un asunto cerrado» por los despachos oficiales de San Juan. Sin embargo, la confirmación de inversiones por más de US$ 4.000 millones por parte de la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP en la zona cordillera encendió las alarmas en La Rioja. Quintela ya había anticipado la dureza del reclamo al acusar a la vecina provincia de «llevarse bajo el poncho las regalías» de un territorio que considera propio. Ahora, busca que el máximo tribunal declare la invalidez del trazado vigente.
El origen: la línea trazada por la dictadura de Onganía
El mapa político actual entre ambas provincias quedó sellado durante la autoproclamada Revolución Argentina. En junio de 1967, el presidente de facto Juan Carlos Onganía creó la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales a través de la ley 17.324. En ese marco, los gobiernos militares de La Rioja —encabezado por Guillermo Iribarren— y de San Juan —bajo el mando de Edgardo Gómez— designaron comisiones técnicas que alcanzaron un rápido entendimiento.
El 12 de marzo de 1968 se firmó el acuerdo definitivo que cedió a la jurisdicción sanjuanina el Valle de la Luna (actual Parque Provincial Ischigualasto) y una vasta zona desértica en el noroeste cordillerano, donde hoy se asientan Josemaría y el proyecto Filo del Sol. Meses después, el 16 de diciembre de 1968, Onganía sancionó el decreto-ley 18.004, que fijó los límites definitivos de forma unilateral, dado que el Congreso de la Nación se encontraba clausurado.
| Hitos de la disputa limítrofe | Año | Impacto territorial y legal |
| Primer Intento de Arbitraje | 1888 | Sometido a Juárez Celman; caducó tras su renuncia por la Revolución del Parque. |
| Acuerdo Luna-Tierney | 1911 | Fijó límites más favorables a La Rioja, pero las Legislaturas no lo ratificaron. |
| Decreto-Ley de Onganía | 1968 | Otorgó a San Juan la jurisdicción de Ischigualasto y la zona cordillerana actual. |
| Ley de Nulidad Riojana | 1973 | Con el regreso democrático, la Legislatura riojana declaró nulo el pacto de facto. |
Aquel pacto militar fue impugnado de inmediato con el regreso de la democracia en 1973. La Legislatura de La Rioja, bajo la primera gobernación de Carlos Menem, sancionó la ley 3.468 que declaró «nulo y sin valor» el acuerdo con San Juan, ordenando el retiro de circulación de toda la cartografía oficial que lo validara. En paralelo, los intentos de legisladores nacionales riojanos, como el radical Raúl Galván en 1973 y 1992, o el propio Menem desde su banca de senador en 2006 y 2010, buscaron derogar la norma de Onganía en el Congreso de la Nación bajo el argumento de que violaba las facultades exclusivas del Poder Legislativo y el federalismo. Ninguno prosperó.
Títulos coloniales vs. Continuidad jurídica
La argumentación histórica que La Rioja presentará ante la Corte Suprema se remonta a los documentos de la colonización española. La Comisión Especial de Límites riojana históricamente sostuvo que el Libro de Fundación de La Rioja (1591) incluía bajo su jurisdicción los «valles de Capayanes y Gualianos», abarcando sectores del Río Blanco que hoy administra San Juan. Asimismo, argumentan que las Reales Cédulas de la época asignaban a la Gobernación de Chile —de la cual dependía San Juan— terrenos que en ningún caso se extendían al norte del paralelo 30º de latitud sur, un límite que los sanjuaninos habrían vulnerado de forma unilateral en su primera Constitución de 1856.
Por el lado de San Juan, los fundamentos jurídicos se respaldan en la posesión histórica y en la validez legal de los actos administrativos indispensables para el funcionamiento del Estado, aun durante periodos de facto. En la vecina provincia recuerdan que en 1751 la fundación de San José de Jáchal ya extendía su influencia sobre la región cordillerana en disputa y que la posterior venta de tierras fiscales linderas a los descendientes de Juan Facundo Quiroga desdibujó las fronteras originales.
La reacción política y el silencio corporativo
El actual gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, desestimó de plano el avance judicial de La Rioja y defendió la plena vigencia de la delimitación actual. «El reclamo no tiene fundamento jurídico alguno. La normativa sigue plenamente vigente y el planteo riojano responde estrictamente a una cuestión política ligada al reparto de la renta minera», afirmaron voceros de la gobernación sanjuanina.
«Queremos compartir con la hermana provincia de San Juan el espacio que nos fue sustraído ilegalmente», argumentó Quintela al justificar la presentación ante la Corte Suprema.
Mientras las administraciones provinciales reactivan un conflicto técnico que lleva paralizado más de medio siglo, las empresas multinacionales que operan en la cordillera intentan hacer equilibrio para quedar fuera del fuego cruzado. Consultados sobre el impacto de la presentación judicial, desde el sector de prensa del proyecto Josemaría optaron por la cautela: «Es un tema de índole político y jurídico que nos excede totalmente, por lo que no sería acertado hacer declaraciones al respecto». Con miles de millones de dólares en juego y la promesa del despegue de la exportación de cobre en el país, la resolución final quedará ahora supeditada a los tiempos de los tribunales de Buenos Aires.
