La ley sancionada recientemente en el paquete de reforma judicial impacta en la estrategia judicial de las empresas que buscan pelear en Tribunales, tras el fin de la promoción industrial para las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. 
En medio de la silenciosa puja que sigue vigente por la promoción industrial, un nuevo episodio puso en alerta a los empresarios que estaban contemplados en el régimen. Fue con la reforma judicial que limita la duración de las medidas cautelares, aprobada recientemente en el Congreso, porque esa herramienta era parte de la estrategia judicial que tenían prevista para conservar el beneficio.
Al menos, así lo planteó a Tiempo de San Juan el vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, Gustavo Fernández., quien dijo que hay “preocupación” al respecto. “La reforma judicial perjudica porque parte de la estrategia de las empresas pasaba por las medidas cautelares que le permitieran usar cupos remanentes mientras se solucionaba la cuestión de fondo. Esto, porque la presentación es contra el fisco y son las cautelares contra el Estado las que sufren un tipo de limitación”, analizó el representante de la UISJ. Agregó que “este es un aspecto que está en estudio de las empresas con sus asesores legales”.
Se trata de la limitación de las cautelares que se aprobó por ley a fines de abril, dentro del paquete enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso, conocido como “reforma judicial”. La norma establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, pero exceptúa de este sistema las situaciones que afecten la vida, la salud, el medio ambiente o a sectores vulnerables. Desde el Gobierno argumentan que el uso desmedido de cautelares permitió, por ejemplo, que la Ley de Medios no se aplique plenamente a más de tres años de su sanción o que el diario La Nación no pague impuestos hace diez años.
La promoción industrial –que prevé exenciones impositivas-se empezó a aplicar en 1979 y en 2010, ante el fin del régimen, Cristina Fernández firmó el decreto 699 prorrogando los beneficios, lo que provocó la reacción política de provincias no promocionadas. En este marco, el decreto nunca se reglamentó y la promoción culminó en diciembre último. A esa fecha, quedaban entre 90 y 100 empresas que tenían el beneficio en San Juan. De ellas, algunas fueron o analizan ir a la Justicia, no se sabe cuántas con precisión pero sí se conoció que al menos hubo un fallo favorable para la firma sanjuanina La Platense. Esta empresa, justamente, consiguió en la Justicia mediante una cautelar, que AFIP se abstenga de cobrar el IVA hasta que se solucione la cuestión de fondo, es decir, la aplicación o reglamentación del 699/2010. Esto sentó un precedente importante para las otras provincias promocionadas, que son San Luis, Catamarca y La Rioja, y se suma a un fallo similar conseguido por la empresa puntana AVH.
En juego, 1.500 puestos de trabajo
Según dijo Fernández, las presentaciones judiciales sólo sirven para oxigenar un poco la situación, pero no se espera que se ponga en vigor el 699/2010. El escenario es apocalíptico: empresas que ya están despidiendo “por goteo” a sus trabajadores en pos del achique y un horizonte con alrededor de 10 ó 15 empresas que cerrarán sus puertas en los próximos 2 años, lo que implica la pérdida de alrededor de 1.500 puestos de trabajo, según la estimación de la Unión Industrial. Este año se conoció que la firma de higiene y limpieza Valot se declaró en proceso de crisis, pero aseguran que las más afectadas son las textiles, que son precisamente las que más empleados tienen.
Ante la falta de la exención impositiva a la que echaban mano las empresas para compensar una buena parte de los gastos operativos, ahora se buscan salidas alternativas como conseguir del Estado subsidios al flete, ítem que llega en algunos casos a representar el 30% de los costos, según los números de la Unión Industrial.
Debe estar conectado para enviar un comentario.