La causa Ledo está a cargo del fiscal federal Carlos Brito. Es una causa que, aunque permanece abierta, tiene un lento trámite. En 2008 el entonces fiscal Emilio Ferrer había solicitado la citación de un alto militar, pero el juez Bejas aún no hizo lugar.
Por el momento, todo parece indicar que la justicia federal de Tucumán no le traerá grandes dolores de cabezas al flamante jefe del Ejército, general César Milani.
Sigue en pie, en la justicia local, una de las dos causas en las que figura el director general de Inteligencia del Ejército, la que investiga la desaparición, en 1976, del conscripto Alberto Ledo. El otro expediente, iniciado por los senadores nacionales José Cano y Gerardo Morales, fue archivado provisoriamente en mayo último por el juez federal Daniel Bejas, luego de un dictamen elaborado por Pablo Camuña, fiscal ad hoc de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.
La causa Ledo está a cargo del fiscal federal Carlos Brito. Es una causa que, aunque permanece abierta, tiene un lento trámite. En 2008 el entonces fiscal Emilio Ferrer había solicitado la citación de un alto militar, pero el juez Bejas aún no hizo lugar. Sin embargo, y tras la explosión mediática del caso, se espera que en los próximos días, cuando se reanude la actividad judicial el martes próximo, se convoquen nuevos testigos que puedan aportar datos para esclarecer la desaparición de Ledo.
Según fuentes judiciales, también citarían a Álvaro Illañes, quien apareció el domingo en el programa Periodismo para todos . Habrá que esperar para conocer si hay alguna vinculación directa de Milani en esta causa. Por el momento está mencionado, pero no involucrado directamente con la desaparición del soldado riojano. La versión oficial del Ejército señala que Ledo desertó cuando fue trasladado desde La Rioja a esta provincia.
Una de las causas de la demora en el trámite de este expediente es que se investiga la desaparición de una sola persona. En la mayoría de las causas por derechos humanos en esta provincia hay numerosas víctimas y se las conoce como «megacausas» y son las más avanzadas.
Los senadores Cano y Morales presentaron en noviembre una demanda específicamente contra Milani en el marco del Operativo Independencia, que empezó en esta provincia en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, a través de un decreto de Ítalo Luder, a cargo interinamente de la presidencia.
Camuña solicitó el legajo de Milani al Ministerio de Defensa. Allí se especificó que el actual jefe del Ejército estaba entonces en el Departamento de Ingeniería. A partir de esos datos, el fiscal ad hoc firmó un dictamen en abril y el juez Bejas en mayo pasados, solicitando el archivo del expediente en forma provisoria. Si aparecieran nuevas pruebas que involucren a Milani en tareas de inteligencia durante el Operativo Independencia, el expediente podría reactivarse.
Dos fuentes judiciales comentaron a La Nación que en febrero vino a Tucumán el fiscal general de la Procuración General de la Nación, Jorge Auat, para pedir el cierre de las causas sobre Milani. Sin embargo, allegados a Camuña desmintieron que la visita de Auat hubiera sido con ese propósito.
Camuña es fiscal ad hoc en las causas sobre derechos humanos, designado entonces por el ex procurador general de la Nación Esteban Righi, quien creó el cargo paralelo para evitar que el fiscal general Antonio Gómez subrogue a Carlos Brito, el único fiscal federal de la provincia.
Actualmente, Camuña y Patricio Rovira, prosecretario en la unidad fiscal, compiten en el concurso número 96 para acceder a la Fiscalía 2, vacante tras la jubilación de Ferrer. Un dato: el presidente de ese concurso es precisamente Auat.
Camuña y Rovira pertenecen al grupo Justicia Legítima, impulsado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y que respalda la reforma judicial propuesta por el gobierno nacional. Camuña llegó al Poder Judicial de la mano de la fundación Andhes, una organización vinculada a los derechos humanos que creó hace diez años. Algunos integrantes de Andhes militan en la agrupación La Cámpora, razón por la cual a Camuña se lo relacionó en algún momento con la organización juvenil kirchnerista, aunque esto luego fue desmentido por allegados al funcionario judicial.
Quien sí simpatiza con la organización creada por Máximo Kirchner es un hijo del juez Daniel Bejas, aunque por el momento lo hace tímidamente. Además de las causas contra Milani, una de las investigaciones más sensibles que tiene Bejas en sus manos tiene que ver con el presunto enriquecimiento ilícito del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.
Según una alta fuente judicial de la provincia, en Tucumán hay un doble estándar con las causas de derechos humanos. «Las que tienen alguna vinculación con los kirchneristas no avanzan. Pero sí lo hacen las otras causas», sostuvo..
