El diputado por Sanagasta, Federico Sbiroli, detalló las sanciones legislativas que adecuaron el Consejo de la Magistratura a la reforma constitucional, crearon la Escuela de la Magistratura y aprobaron designaciones clave para la Capital, Chilecito y Chamical. En paralelo, la ola de amenazas escolares sumó al Colegio N°4 y al Colegio N°6 al cuadro que la EPET N°1 había inaugurado este viernes.
LA RIOJA.– La jornada institucional riojana combinó este viernes definiciones legislativas de peso estructural con una escalada preocupante del fenómeno de las amenazas escolares y la continuidad del escándalo en el Colegio de Farmacéuticos. La Cámara de Diputados sancionó la adecuación del Consejo de la Magistratura a la reciente reforma constitucional, creó la Escuela de la Magistratura y aprobó una tanda de designaciones judiciales que redefine el mapa de la Justicia provincial. El balance institucional fue aportado por el diputado por Sanagasta, Federico Sbiroli, quien repasó los alcances de las votaciones en la última sesión. Mientras tanto, al episodio vivido en la mañana en la EPET N° 1 se sumaron reportes de amenazas similares en el Colegio N° 4 y el Colegio N° 6, ampliando el alcance territorial de una ola que las autoridades aún no terminan de dimensionar en su verdadera magnitud.
Consejo de la Magistratura: mandatos más cortos y representación académica
El primer bloque de definiciones legislativas que detalló Sbiroli incluyó la sanción de la nueva Ley del Consejo de la Magistratura, adecuada a los lineamientos de la reciente reforma constitucional riojana. La norma introduce cambios de calado en el funcionamiento del órgano encargado de seleccionar y proponer magistrados para el Poder Judicial provincial.
Entre las modificaciones centrales que subrayó el legislador sanagasteño, la reducción del mandato de los 11 consejeros a 3 años configura un giro significativo respecto del régimen anterior. Los mandatos más cortos buscan asegurar una renovación más frecuente del cuerpo, reducir la cristalización de intereses y permitir una adaptación más ágil a los cambios políticos que atraviesan al sistema institucional provincial. La contracara del mandato breve es, en general, un mayor costo en términos de curva de aprendizaje: cada nueva camada de consejeros debe familiarizarse con procedimientos técnicos específicos que no siempre se asimilan en pocos meses.
La otra novedad estructural que Sbiroli destacó es la incorporación, por primera vez, de representantes del sector científico y académico. La norma contempla la participación de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y de la Universidad Barceló —con sede en la provincia—, sumando así una dimensión de expertise académico que, hasta ahora, el cuerpo no tenía. El cambio apunta a profesionalizar la selección de magistrados, incorporando miradas que no respondan exclusivamente a la lógica política y corporativa.
La reforma del Consejo es particularmente sensible en un momento en que el Poder Judicial riojano atraviesa múltiples tensiones: el proceso de designaciones pendientes, la conflictividad en torno a la Asociación de Magistrados y Funcionarios —que renovará autoridades el 24 de abril—, la discusión salarial en el marco del Decreto 129/26 que recompuso los haberes del Ejecutivo, y el debate institucional sobre la independencia del fuero frente al poder político, reactivado días atrás por la propia denuncia de Inés Brizuela y Doria en el caso del Colegio de Farmacéuticos.
Escuela de la Magistratura: formación obligatoria para jueces y fiscales
En paralelo, la Legislatura aprobó la creación de la Escuela de la Magistratura, un ámbito específico de formación y validación obligatoria para jueces, fiscales y defensores. El proyecto, tal como explicó Sbiroli, sigue la línea de experiencias similares desarrolladas en otras provincias argentinas y en el ámbito federal —donde funciona la Escuela Judicial de la Magistratura— que buscan estandarizar criterios, actualizar conocimientos y fortalecer la transparencia de los procesos de selección y capacitación.
La obligatoriedad de la formación continua es un salto conceptual importante. Hasta ahora, la capacitación de magistrados riojanos respondía a iniciativas individuales, a cursos organizados por colegios profesionales o a la propia experiencia acumulada en el ejercicio del cargo. Con la nueva Escuela, se establece un canal institucional único que deberá diseñar programas, certificar participaciones y convertirse en referencia obligatoria tanto para los magistrados en ejercicio como para los aspirantes.
El desafío, como siempre en estos casos, estará en la implementación efectiva: recursos presupuestarios, calidad de los docentes, pertinencia de los contenidos, capacidad de articulación con universidades y con organismos de capacitación nacionales e internacionales. La nueva Escuela nace con un horizonte ambicioso; su consolidación dependerá de la inversión sostenida que el Estado provincial decida realizar en ella.
Nuevas designaciones judiciales
La Legislatura aprobó también un conjunto de designaciones judiciales que completan vacantes en distintos puntos del territorio provincial. El legislador sanagasteño enumeró las definiciones del cuerpo, con el siguiente cuadro resultante:
En la Capital, María Florencia Cáceres asume como Jueza de Trabajo y Conciliación, un fuero particularmente demandado por el volumen de conflictos laborales que atraviesan simultáneamente al sector público y al privado en el actual escenario riojano.
En Chilecito, Jorge Elías Jalil asume como Juez de Instrucción. La designación reviste particular importancia en la segunda ciudad de la provincia, donde la Justicia de Chilecito fue protagonista reciente de la decisión de prohibir el tránsito de camiones mineros por la Ruta 506 —una medida que desató el conflicto con los trabajadores del proyecto Vicuña—.
En Chamical, María Eugenia Valencio asume como Jueza de Instrucción y María Valeria Funes Quintero como Fiscal de Cámara, completando la estructura judicial de la tercera cabecera provincial en términos poblacionales, donde también se desarrolla una intensa actividad jurisdiccional vinculada tanto a causas penales como a la gestión pública local.
Las designaciones configuran una renovación parcial del mapa judicial riojano, con impactos territoriales específicos sobre las distintas circunscripciones. Cada nuevo magistrado asume en un contexto de creciente demanda social sobre el sistema judicial: causas penales complejas, conflictividad laboral, casos de violencia de género, disputas vinculadas a la recesión económica y a las dificultades del sector productivo.
Colegio de Farmacéuticos: continúa el conflicto
Consultado también sobre el otro foco de atención institucional riojano, el diputado por Sanagasta refirió a la continuidad del conflicto en el Colegio de Farmacéuticos, que el jueves por la noche había desembocado en la detención del vocal Jorge Bordón bajo la figura de flagrancia por desacato.
Bordón permanece bajo prisión domiciliaria, en virtud de los problemas de salud que impiden su alojamiento en una unidad penitenciaria. La presidenta del Colegio, Silvia Brizuela Ledesma, sostiene —a través de su abogada Marcela Ortega— que la detención responde a un hostigamiento permanente denunciado en sede judicial bajo la figura de violencia de género, y que la medida cautelar incumplida por el vocal tenía sustento jurídico pleno.
El entorno de Bordón, con la defensa a cargo de la ex intendenta Inés Brizuela y Doria, califica en cambio las asambleas convocadas por la presidenta como «irregulares» y denuncia un procedimiento judicial viciado. La ex intendenta anunció este viernes que promoverá un Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Luis González por su actuación en el operativo y que avanzará con un recurso de habeas corpus para impugnar la detención.
Una aclaración pertinente respecto de las versiones que circularon en las últimas horas: la Dra. Inés Brizuela y Doria no fue detenida. La ex intendenta acompañó a su cliente en el móvil policial en su carácter de abogada defensora, un gesto que políticamente fue interpretado como un acto de respaldo a Bordón, pero que en términos procesales no implicó privación de la libertad hacia ella.
El caso quedará ahora en manos de las instancias judiciales superiores, que deberán resolver el habeas corpus, la impugnación de la flagrancia y, eventualmente, el Jury contra el fiscal. La Asamblea Extraordinaria convocada por la presidenta para este sábado 18 de abril se realizará en un clima institucional profundamente alterado.
La ola de amenazas escolares se expande: del Colegio 4 al Colegio 6
El tercer eje de la jornada fue la continuidad y expansión del fenómeno de amenazas en establecimientos educativos. A las alertas vividas esta mañana en la EPET N° 1 de la capital —con operativo policial, revisión de mochilas y retiro masivo de estudiantes— se sumaron durante el día reportes de mensajes similares en el Colegio N° 4 y el Colegio N° 6. La propagación del fenómeno, que inicialmente se circunscribía a un solo establecimiento, comenzó a configurar un patrón de alcance capitalino.
Desde la comunidad educativa, madres de alumnos expresaron su apoyo a la revisión de mochilas, en sintonía con lo que horas antes habían anticipado la secretaria de Gestión Educativa, Soraida Rodríguez, y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate. Ambos funcionarios coincidieron en que algunas escuelas ya están implementando esa medida pese a los interrogantes sobre su legalidad, y que el Gobierno trabaja en la formalización de protocolos específicos.
El debate sobre la legalidad y el alcance de esas revisiones permanece abierto. Como ya se había señalado, la normativa vigente restringe la capacidad de los docentes para tocar las pertenencias de los alumnos, en virtud del principio de protección de la intimidad de los menores. La formalización de un protocolo de requisa —que Zárate anticipó que se analizará el lunes próximo en reunión con el ministro de Educación, Ariel N. Martínez Francés— deberá equilibrar ese principio con el objetivo de seguridad colectiva.
«¿Qué docente va a estar tranquilo si no sabe si un alumno puede aparecer armado?»
La preocupación docente apareció en las coberturas periodísticas de la jornada con una intensidad particular. «¿Qué docente va a estar tranquilo si no sabe si un alumno puede aparecer armado?», expresaron comunicadores locales en una frase que sintetiza el clima en las aulas. La interpelación apunta a una dimensión del problema que las respuestas institucionales no terminan de resolver: la del impacto emocional sobre los trabajadores de la educación, que deben sostener su tarea cotidiana bajo una sombra de amenaza que, aun cuando resulte falsa en los casos concretos, erosiona la confianza en el espacio escolar.
El llamado —dirigido al Ministerio de Educación y a la Policía— fue a unificar acciones preventivas antes de que ocurra una tragedia. La demanda institucional es explícita: que la respuesta deje de ser reactiva, caso por caso, y se convierta en una política sistemática con protocolos claros, roles definidos y recursos asignados.
La preocupación docente se entrelaza, además, con la agenda gremial que la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) viene desplegando. El gremio, conducido por Rogelio De Leonardi, había convocado ya para el miércoles 6 de mayo una jornada provincial de visibilización del conflicto educativo, centrada hasta ahora en ajustes presupuestarios, deterioro edilicio y salarios congelados. La suma del factor seguridad agrega una variable nueva —y particularmente sensible— al cuadro de reclamos.
¿Moda de mal gusto o peligrosidad real?
Las autoridades analizan si el fenómeno configura una «moda de mal gusto» —similar a las amenazas de bomba que, en años anteriores, afectaron a establecimientos educativos argentinos con cierta periodicidad— o si reviste una peligrosidad real que requiera la presencia policial permanente en los edificios educativos.
La distinción es conceptual pero también operativa. Si se trata de una moda con autores mayoritariamente adolescentes buscando llamar la atención o provocar suspensión de clases, la respuesta apropiada combina investigación policial, intervención pedagógica y sanciones específicas cuando se identifica a los responsables —tal como ocurrió en Córdoba, donde ya se imputó a menores por episodios similares—. Si se trata de un fenómeno con componentes de peligrosidad real, la respuesta debe escalar a niveles más intensos: presencia policial permanente, requisas obligatorias, protocolos de evacuación ensayados, capacitación de equipos directivos.
La experiencia internacional enseña que ambos fenómenos pueden coexistir: la inmensa mayoría de las amenazas resultan falsas alarmas, pero una proporción marginal —aun cuando estadísticamente pequeña— se materializa con consecuencias trágicas. Subestimar cada amenaza por asumir que se trata de una broma puede llevar a omisiones graves; sobredimensionar cada episodio puede paralizar al sistema educativo y generar una normalización del clima de miedo. El equilibrio, una vez más, es el desafío.
Una jornada que condensa el cuadro provincial
La combinación de las tres agendas de la jornada —reforma judicial, escándalo farmacéutico y amenazas escolares— configura una fotografía precisa del estado actual del sistema institucional riojano. Por un lado, el Estado provincial despliega actividad legislativa significativa, adecuándose a la reforma constitucional, profesionalizando la selección de magistrados y ampliando la estructura judicial para responder a las demandas crecientes de distintos fueros. El detalle aportado por Sbiroli desde su banca en la Cámara permite dimensionar la magnitud del paquete sancionado.
Por el otro, el mismo Estado debe administrar conflictos múltiples: desde la crisis del Colegio de Farmacéuticos —con la tensión entre conducción vigente y sector destituyente—, hasta la nueva ola de amenazas escolares que exige protocolos, coordinación interministerial y respuesta policial eficaz, pasando por el contexto estructural marcado por el éxodo médico, la crisis del PAMI, el conflicto minero de Guandacol, los reclamos docentes, la pulseada fiscal con la Casa Rosada y el default de la deuda provincial.
Para la administración de Ricardo Quintela, la jornada confirma una dinámica que se repite semana tras semana: la capacidad de avanzar con algunas definiciones institucionales se cruza permanentemente con la acumulación de frentes de conflictividad que erosionan la gobernabilidad cotidiana. Mientras los diputados votan leyes de reforma judicial, en las escuelas los padres retiran a sus hijos por falsas amenazas, en los hospitales los médicos firman renuncias, en el Colegio de Farmacéuticos los abogados se denuncian entre sí, y en Guandacol los trabajadores mineros evalúan cortar la Ruta 40 si no se revierte el cierre de la 506.
La semana próxima —con la reunión Zárate-Martínez Francés del lunes, la asamblea del Colegio de Farmacéuticos del sábado, la continuidad de los planes de lucha gremiales y la expectativa por la sanción de medidas paliativas en distintos frentes— definirá en qué medida el Estado provincial logra imponer su agenda institucional o queda, una vez más, corriendo detrás de los acontecimientos.
Por ahora, la fotografía de la jornada es elocuente: un sistema que avanza con reformas de largo plazo mientras atiende urgencias que, cada día que pasa, se vuelven más difíciles de administrar.
