A partir del 1 de marzo, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inicie las sesiones legislativas de 2014, se comenzará a discutir en el Congreso el proyecto de reforma del Código Penal en el que vino trabajando una comisión de especialistas desde hace casi dos años. Se trata de la primera reforma integral del ordenamiento jurídico que castiga el crimen y en delito que se aborda de manera sistemática desde 1921.
Es que, desde el momento en que se sancionó la norma hasta hoy, se introdujeron cambios parciales y parches que se superponen y contradicen con otras leyes penales. El nuevo Código, de ser aprobado, introduce una serie de modificaciones que van a impactar de lleno en la vida de los argentinos. A modo de resumen: se introducen delitos vinculados a la contaminación del medio ambiente y la sustitución de identidad por correo electrónico; se despenaliza el consumo personal de drogas; se establece una pena máxima de 30 años y se disuelve la prisión perpetua; se eliminan los conceptos de reincidencia y peligrosidad; se refuerzan las penas para los delitos de lesa humanidad, como el genocidio, la desaparición forzada de personas, guerra y conspiración; se garantizará el derecho al aborto tal como figura en la actual redacción del Código Penal –para casos de violación-, entre otros.
“La unificación de leyes penales en un solo cuerpo normativo era ciertamente necesaria. La fragmentación de la legislación penal en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes; tanto que uno podría decir que socava el propio principio constitucional de legalidad”, apuntó el abogado penalista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella David Mielnik en diálogo con INFOnews. “Ese principio, que se suele expresar en la idea de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni puede ser privado de lo que ella no prohíbe, es central para la vida en libertad, pero para que no sea un concepto vacío las personas tienen que tener la posibilidad real de saber cuál es la materia de la prohibición, que es correlativa del alcance de sus derechos: el derecho penal se presume conocido por todos. Esa ficción probablemente no resista ni el más superficial de los análisis sociológicos, pero si, además, no existe un solo texto que contenga las prohibiciones, sino cientos, ya se vuelve completamente delirante. En ese sentido, la codificación penal -que por cierto viene impuesta por mandato constitucional- es una necesidad básica de la vida democrática”.
El nuevo Código, que fue redactado por una comisión que se abocó específicamente al tema, fue encargado por un decreto presidencial de mayo de 2012. La comisión estuvo presidida por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni, quien además de ser un especialista local en la materia es el vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. El coordinador fue el abogado Roberto Carlés y los integrantes, designados por un arco plural de partidos políticos, Ricardo Gil Lavedra (Unión Cívica Radical); María Elena Barbagelata (Partido Socialista en el Frente Amplio Progresista); Federico Pinedo (PRO) y el ex camarista y ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian.
Según contó Gil Lavedra, la idea de conformar una comisión plural para redactar la reforma surgió de Zaffaroni, quien quería reeditar el debate que se dio para sancionar el código vigente. En aquel momento, el juez quiso remedar lo que pasó en 1917, cuando el conservador Rodolfo Moreno (h) en la Comisión de Derecho Penal y Penitenciario incluyó a radicales, conservadores y socialistas para elaborar el Código de 1921 que fue modificado y aprobado por el Congreso.
“Los debates sobre derecho penal son eternos y probablemente lo seguirán siendo toda la vida, pero la idea es tener un código armónico y a eso nos dedicamos en nuestras reuniones plenarias que tuvimos una vez por semana”, relató María Elena Barbagelata, ex diputada del PS. Si bien los integrantes de la comisión no pueden hablar públicamente sobre los contenidos de la reforma hasta que el proyecto sea presentado, la abogada pudo contar que el trabajo entre especialistas con pensamientos tan diferentes se pudo desarrollar en un clima de respeto y cordialidad. “Puedo decir que finalmente hubo un 95% de consensos en los temas abordados, salvo en algunas cuestiones irreductibles. Pero confío en que el proceso democrático, y los mecanismos institucionales del Congreso, puedan encauzar todo para llevar a cabo la necesaria reforma del Código”, remarcó.
