La Corte Suprema fallará sobre otro ajuste para jubilados y la re-reelección en La Rioja

La Corte Suprema de la Nación fijó finalmente este martes su agenda de temas para tratar en los próximos meses.

Según Clarín, luego de un fuerte tironeo interno y en medio de la preocupación del Gobierno por el impacto económico y político de los temas en danza, el Máximo Tribunal anunció que fallará sobre un nuevo reajuste a los jubilados y la re-reelección en la Rioja. También establecerá si corresponde que los haberes de los pasivos paguen Ganancias y la legalidad de que los familiares de los funcionarios entren al Blanqueo de Capitales.

Así lo definieron los cinco integrantes de la Corte (Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda), en su cuarta reunión del año. La fijación de una agenda había sido una de las principales novedades que trajo el cambio de titular del tribunal, a fines del año pasado. Entonces, con la asunción de Rosenkrantz en lugar de Lorenzetti, se decidió blanquear los temas emblemáticos que sacarían en noviembre y diciembre.

Uno de esos temas clave fue un reajuste a favor de los jubilados, lo que se conoció como “Caso Blanco”. Entonces, la Corte, con la disidencia de Rosenkrantz, votó en contra de los deseos del Gobierno y decidió que esos haberes debían ajustarse por un porcentaje mayor al que proponía la ANSeS. Por similitud, la sentencia alcanza a otros 12.000 expedientes como el de Blanco, que aún se están firmando para hacerse efectivos.

Y ahora, sólo unos meses después, la Corte discutirá sobre dos reclamos más que incluyen a miles de jubilados: por un lado, definirá si acepta un pedido para extender los beneficios de los que se conoció como “Caso Badaro”, que estableció un fuerte reajuste de haberes para el período 2002-2006. En 2009, el defensor del Pueblo de entonces, Eduardo Mondino, presentó un amparo “con el objeto de que se condene al Estado Nacional a disponer un ajuste por movilidad en los términos del precedente ‘Badaro'” a casi un millón de beneficiarios. Primero la Justicia lo rechazó la Justicia, pero luego lo retomó la Corte y en las próximas semanas o meses tomaría una decisión. Hoy es muy difícil calcular a cuántos beneficiaría, pero su impacto podría ser enorme.

También el Máximo Tribunal fallará sobre el pedido de un jubilado que reclama para dejar de tributar Ganancias en su haber. Hacia fines de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó el poder, se calculaba que más de 300.000 jubilados sufrían descuentos por este impuesto. Luego, con la actualización que hizo Mauricio Macri de los mínimos no imponibles, se redujo a cerca de un tercio. Pero sigue afectando a más de 100.000 jubilados.

En cuanto a la agenda política, como se preveía, la Corte abordará en breve el pedido de un sector de Cambiemos y del PJ para declarar inconstitucional la enmienda (y posterior consulta popular) que habilitó la re-reelección del gobernador riojano Sergio Casas. El actual mandatario peronista, con cargo hasta diciembre de este año, había sido vice de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015, y la Constitución local le prohibía un tercer período. Por eso decidió modificarla y el reclamo de sus opositores llegó hasta la Corte. Allí los tiempos corren: la elección provincial fue convocada para el 12 de mayo.

Pero además, los jueces decidieron incluir otro tema de alta sensibilidad política: el reclamo del diputado Felipe Solá, ahora lanzado a la pelea por la presidencia, para que los familiares de los funcionarios no puedan adherir al Blanqueo de Capitales. Este restricción había sido acordada en el Congreso, por iniciativa del ex gobernador, pero luego el Gobierno la incluyó en la reglamentación de la ley, obtuvo aval judicial y desató la polémica.

Por último, en dos temas que también generaban preocupación en Nación, provincias y municipios, la Corte decidió incluirlos en la agenda pero con un paso intermedio: aprobó que se hagan audiencias públicas para el reclamo por el millonario Fondo Sojero que la Rosada les recortó a las administraciones locales y por el pedido del municipio de Quilmes (que impacta en otro centenar de comunas más) para mantener una tasa que le cobran a la petrolera Axion.