Politica

La derogación del Decreto Cavero, el próximo paso quintelista

El decreto 2.255/88 se perfila para su derogación, según el compromiso asumido por el gobernador Ricardo Quintela. Se trata del famoso Decreto Cavero que establece que día no trabajado, día no pagado para los empleados de la administración pública provincial.

En el inicio del año, Quintela había manifestado que “ya es una decisión tomada que lo vamos a derogar” y ahora se espera que se haga efectiva la decisión política.

El anuncio podría estar en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

En una nota de opinión del 2012, el abogado Juan Rojo consideró que “el decreto Nº 2255/88 penaliza el derecho de huelga y disciplina al empleado público”.

La nota de opinión completa

En ese escrito, recordó que el Decreto 2255 fue sancionado durante el gobierno peronista de Menem – Cavero y fue firmado por los siguientes funcionarios; a) Profesor Alberto Gregorio Cavero, vicegobernador; b) Félix Antonio Rivero, ministro de Gobierno; y c) Contador Antonio Erman González ministro de Hacienda.

Contenido del decreto

El Poder Ejecutivo Provincial sancionó la norma en cuestión invocando como fundamento el artículo 61 de la norma de facto 3870/97, heredada de la última dictadura militar vigente hasta el presente.

En su artículo 1º el decreto establece: “Se autoriza a los organismos de la administración pública provincial y todas las ramas, a descontar la jornada a sus agentes, cuando estos se hubieran plegado a movimientos de fuerza, suspendiendo totalmente las actividades durante la jornada o parte de ella, pudiendo hacerse efectiva a las situaciones declaradas de trabajo a desgano, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder”.

A su vez el Art. 2 dice… “que los descuentos previstos en el artículo precedente se efectuarán sin excepción, sobre los haberes del mes inmediato siguiente a aquel en que se produjere la causal, quedando facultada la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas a acordar excepciones documentales que justifiquen ese tratamiento…”

Fundamentos del decreto

La implementación del decreto del despojo sancionado durante el gobierno de Menem- Cavero, fue un anticipo de la llegada a esta Provincia del neoliberalismo, que más tarde se aplicara a todo el país con todas las consecuencias económicas, sociales culturales que todos conocemos.

Basta recordar el decálogo menemista y las relaciones carnales con el victimario, pues el decreto impugnado es hijo de ese razonamiento donde la economía como ciencia social, estaba al servicio de los negociados de los grandes grupos transnacionales que colocaron al “Dios Mercado” por encima del Estado, convirtiéndolo a éste en un gendarme al cuidado de los privilegios de una minoría.

La base de ese decreto es como dijimos la norma de facto 3870 sancionada con fecha 7 de diciembre del 79 y lleva la firma del entonces usurpador del poder público, el Com (R) Francisco Federico Llerena en el marco ilegal de lo dispuesto… “Por las facultades conferidas por la junta militar con arreglo a lo establecido en el punto 1.1.6. de las instrucción militar 1/77, y a su vez el Art. 61 de la norma de facto del Capítulo VI denominado “De los deberes y obligaciones”, que constituye un verdadero muestrario de limitaciones, restricciones y precarización del derecho laboral de los empleados público y en particular la estabilidad reconocida no sólo por el Art. 14 bis de la C.N. sino también por la Constitución Provincial en su Art. 45.

Análisis del decreto

La norma impugnada puede ser analizada desde dos puntos de vistas; a) Desde la Constitución b) Desde los intereses que defiende.

Decrecho constitucional

Para nosotros toda ley, decreto, ordenanza, deben ser analizados necesariamente desde el punto de vista constitucional por esa razón sostenemos que el decreto 2255 es inconstitucional por las siguientes razones:

A) El P.E.P. carece de facultades legislativas tal como lo establece tanto la Constitución Nacional, como la Provincial. En efecto el Art. 99 inc. 3 sanciona con pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, El P.E.P. sólo tiene facultades para emitir disposiciones, instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias….

En este caso que analizamos, el P.E.P. no reglamenta una ley común, infraconstitucional, sino una norma de la propia Constitución como es el Art. 14 bis, que reconoce el derecho de huelga a favor de los trabajadores.

B) Ordena a los Organismos de la Administración Pública a descontar el salario por los días de huelga y amenaza con la iniciación de sumarios administrativos sin que se haya dictado la ilegalidad de la medida de fuerza, por el juez competente, sino por la Secretaría de Trabajo provincial.

C) Viola el principio penal del “non bis in idem” ya que aplicaría dos sanciones por un mismo hecho. D) El P.E.P. ordena a la Administración Pública a descontar el salario del empleado sin que haya acto administrativo debidamente fundado y notificado, elimina elementales garantías constitucionales como es el debido proceso legal y la defensa en juicio.

En ese sentido es necesario tener en cuenta la opinión del Dr. Bidart Campos cuando enseña… “Que el principio del Debido Proceso legal, trasladada al procedimiento administrativo la garantía de la defensa en juicio, lo que supone a) tener noticias y conocimiento de las actuaciones administrativas; b) oportunidad de participar en el procedimiento (ofrecer y contralor la prueba) y c) obtener una decisión fundada en derecho. (Bidart Campos- Manual de la Constitución Reformada T III-p-300 – Ed Ediat). E) El decreto 2255 viola también disposiciones de los tratados internacionales a saber; Art 8 inc. d) del Pacto Internacional de Derechos económicas, sociales y culturales; Art. 26 del Pacto de San José de Costa Rica y Art. 43 de la Carta de la OEA.

Categorías:Politica