El secretario de Vivienda, Diego Rivero, confirmó el operativo judicial en Chamical tras detectar adjudicatarios que no habitaban los inmuebles. En medio de la crisis habitacional, el funcionario defendió el sistema de adjudicación directa ante las críticas por la falta de sorteos públicos.
En un contexto de crisis habitacional y alquileres por las nubes, el gobierno de La Rioja avanzó en las últimas horas con el recupero de viviendas sociales que no cumplían con el requisito fundamental de ser habitadas por sus dueños. El secretario de Vivienda provincial, Diego Rivero, confirmó la ejecución de una orden judicial en la localidad de Chamical y sorprendió al detallar el bajo costo que abonan los beneficiarios: una cifra que contrasta brutalmente con los precios del mercado inmobiliario.
«Hoy una cuota no supera los 150 mil pesos de una vivienda de tres dormitorios», aseguró Rivero, poniendo en valor el subsidio estatal frente a un mercado privado donde un alquiler similar «no baja de 500 mil pesos».
El operativo, que marcó un precedente al ser la primera vez que se realiza en Chamical, buscaba recuperar tres unidades. Sin embargo, solo se pudo tomar posesión de dos. «La tercera no, porque había sido parece avisado dos semanas antes la familia y estaba viviendo», admitió el funcionario sobre la picardía de algunos adjudicatarios ante la inminencia del desalojo.
«Vivos de siempre» y falta de ocupación
El eje del conflicto no es solo la morosidad, sino el uso indebido de los inmuebles. Según explicó el funcionario, el proceso administrativo y legal se inicia cuando se detecta que las casas, entregadas llave en mano, permanecen vacías o son alquiladas a terceros para lucrar.
«No es lindo entregar vivienda y a los años andar quitándola, pero el que está en falta no es el Estado, sino cada uno de los adjudicatarios», sentenció Rivero. Y agregó: «Si pasan años y no la habitan, es porque no la necesitan».
Las viviendas recuperadas son readjudicadas «inmediatamente» a familias que figuran en el padrón de espera, intentando evitar también el riesgo de usurpaciones, un problema recurrente en la provincia.
Polémica por la adjudicación «a criterio propio»
Durante la entrevista, el sistema de selección de los beneficiarios generó un contrapunto. Ante la consulta sobre la transparencia y la ausencia de sorteos públicos —método utilizado en otras jurisdicciones—, Rivero defendió la potestad del Ejecutivo provincial para definir los listados basándose en informes de asistentes sociales y criterios de urgencia.
«Las provincias tienen la autonomía y las facultades para designar las viviendas como quieran», argumentó el secretario, reconociendo que la selección se realiza «con criterio propio» y en base a la evaluación de los equipos técnicos. «Nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero siempre tratando de hacer lo mejor para las familias», se sinceró.
Esta metodología fue cuestionada por los periodistas locales, quienes señalaron que, al no haber sorteo ni sistema de puntaje público, la entrega termina siendo «discrecional».
Morosidad y cuotas accesibles
Respecto al pago de las unidades, Rivero explicó que las cuotas se actualizan semestralmente mediante el coeficiente «Casa Propia» (índice Hogar), un mecanismo heredado de la gestión nacional anterior. A pesar de que el monto es significativamente menor al de un alquiler, la morosidad persiste.
«Hay familias que no han pagado nunca y familias que deben dos meses. Es un universo claro que no podemos simplificar», concluyó el funcionario, instando a los beneficiarios a regularizar su situación para financiar nuevas obras de infraestructura como agua y cloacas.
