El juez Saúl llevó a los tribunales al abogado Emilio Pagotto, a Mirta Collante y a Gabriel Saine por calumnias e injurias; la Justicia dictó una cautelar que les prohíbe mencionarlo bajo pena de desobediencia.
La conflictividad política y social en la provincia se trasladó a los estrados judiciales con una medida que promete generar polémica sobre los límites de la libertad de expresión y el honor de los funcionarios. El juez Saúl decidió pasar a la ofensiva y promovió una querella criminal por calumnias e injurias contra tres voces críticas de su gestión: el abogado Emilio Pagotto, Gabriel Saine y Mirta Collante.
La presentación judicial marca un punto de inflexión en la relación entre el poder judicial local y los sectores que cuestionan su accionar. El magistrado atribuye a los denunciados la responsabilidad detrás de la “difusión reiterada de expresiones agraviantes e imputaciones delictivas”, realizadas sistemáticamente a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación.
«Bozal legal»
Lo más trascendente de la jornada no fue solo la querella, sino la rápida respuesta del juzgado interviniente, que validó el pedido del demandante y dictó una medida cautelar restrictiva. La resolución ordena a Pagotto, Saine y Collante “abstenerse de realizar nuevas manifestaciones o publicaciones de carácter ofensivo contra el magistrado”.
El fallo incluye una advertencia severa: en caso de incumplimiento, los acusados podrían enfrentar nuevos cargos por “desobediencia a la autoridad”. De esta manera, la Justicia impuso un cerco sobre el discurso de los denunciados respecto a la figura del juez Saúl mientras dure el proceso.
El argumento del daño digital
Para fundamentar el «silencio obligatorio», la resolución judicial puso el foco en la dinámica de las nuevas tecnologías. El juez que otorgó la cautelar consideró acreditados, en esta etapa preliminar, la “verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”.
El argumento central radica en el “alcance amplificador de las redes sociales”, una herramienta que, según el fallo, potencia la “necesidad de resguardar el honor y la reputación frente a daños de difícil reparación”. La Justicia interpretó que permitir la continuidad de las críticas públicas mientras se sustancia el juicio podría generar un perjuicio irreversible sobre la imagen del funcionario judicial.
La causa continuará su trámite ante la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, tribunal que deberá resolver el fondo de la cuestión y determinar la “eventual responsabilidad penal de los denunciados”. El caso abre un debate profundo en La Rioja sobre el uso de la figura de calumnias e injurias por parte de funcionarios públicos para frenar críticas opositoras.
