El Ministerio de Salud emitió una resolución que impide a los empleados de las salitas barriales aceptar insumos de forma directa. La medida surge luego de que el dirigente opositor Felipe Álvarez entregara muestras gratis ante la falta de recursos.
En medio de la crisis sanitaria que atraviesa la provincia, una nueva polémica envuelve a la gestión de salud de La Rioja. Luego de que el ex diputado provincial Felipe Álvarez realizara una recorrida para entregar medicamentos y muestras gratis en distintos puntos de atención primaria, el Gobierno provincial reaccionó con una normativa restrictiva: prohibió a los empleados de los centros de salud recibir donaciones de manera directa.
El conflicto se desató tras las visitas que el dirigente realizó durante el último mes a tres centros primarios de la capital y a la guardia del Hospital Vera Barros. Según relató el propio Álvarez, la iniciativa buscaba paliar la escasez de insumos básicos. «Tengo muy bien en claro, siempre lo digo, que es un pequeño gesto ante tanta necesidad», explicó.
Sin embargo, la respuesta oficial no tardó en llegar. El jueves pasado, tras la visita de Álvarez al centro primario del Barrio Mis Montaña, el Ministerio de Salud emitió una resolución que modifica el protocolo para la recepción de ayuda. «El ministro de Salud saca una resolución prohibiendo a partir de ahora a los empleados recibir donaciones», denunció el ex legislador.
«No hacen ni dejan hacer»
La nueva disposición establece que cualquier donación debe ser canalizada exclusivamente a través de la guardia del Hospital Vera Barros, centralizando así la recepción de insumos y quitándole autonomía a las «salitas» barriales que a menudo funcionan como la primera línea de contención para los vecinos.
Álvarez se mostró crítico con la gestión provincial, apuntando a un doble estándar en el manejo de la salud pública. «El gobierno provincial no hace ni deja hacer ante la falta de insumos, de elementos de limpieza y hasta de personal», sentenció.
A pesar de la traba burocrática impuesta por la cartera sanitaria, el dirigente aseguró que continuará con su labor social. «Yo no soy funcionario, no tengo responsabilidades públicas. Aún así, vamos a seguir trabajando y ayudando al riojano en todo lo que podamos», concluyó.
La medida ha generado malestar en sectores de la oposición y en la comunidad médica, que ven en la resolución una barrera política que termina afectando a los pacientes que dependen del sistema público para acceder a medicamentos esenciales.
