Tras las declaraciones de la intendenta Virginia López sobre el inmenso esfuerzo económico para traer a Lázaro Caballero y renovar los atributos de las embajadoras, se enciende el debate sobre el origen de los recursos en un contexto de fuerte asfixia presupuestaria para las comunas.
El éxito de la última jornada de la Fiesta Nacional de la Olivicultura en Arauco dejó un saldo de alegría popular, un predio repleto y postales emotivas. Sin embargo, detrás del brillo del escenario y las ovaciones para el folclorista Lázaro Caballero, la política y la economía local abren paso a una pregunta inevitable que resuena con fuerza en los pasillos comunitarios y administrativos: en este contexto de crisis profunda, ¿quién financió la fiesta?
La propia intendenta de Arauco, Virginia López, no ocultó la complejidad detrás del telón al confesar emocionada que «esto se hizo con muchísimo sacrificio». La frase no es menor. En momentos donde las finanzas de los municipios riojanos se encuentran al límite, sostener una estructura festivalera de nivel nacional —que incluyó el cachet de artistas masivos, el traslado y recepción de delegaciones y reinas nacionales desde Córdoba y Mendoza, y una fuerte inversión en logística de seguridad y técnica— enciende las alertas sobre el destino y origen de los fondos públicos.
Costos bajo la lupa: de la cartelera a la nueva corona artesanal
El despliegue económico de esta edición quedó en evidencia no solo con la contratación de figuras estelares, sino también en las decisiones estéticas e identitarias de la gestión de López. El municipio presentó una nueva indumentaria y una corona rediseñada desde cero para la Embajadora Nacional de la Olivicultura, reemplazando la antigua pieza por una nueva que ostenta el escudo nacional, ramas de olivo y aceitunas, sumado a una capa de gala bordada íntegramente a mano por artesanos locales.
Si bien la medida fue justificada como una inversión para «plantar esa semilla de tradición y apoyar al sector emprendedor de Arauco», las voces críticas y los contribuyentes se preguntan qué porcentaje de la fiesta fue cubierto por el erario municipal, cuánto aportó el gobierno provincial —que ya viene denunciando una coparticipación «miserable» por parte de Nación— y si existió un esquema de patrocinio privado o sponsors que amortiguara el impacto fiscal en las cuentas del departamento.
El dilema de las prioridades en tiempos de ajuste
La sintonía de este debate conecta de forma directa con el panorama que describen las máximas autoridades provinciales, quienes insisten en que se está administrando «una miseria de presupuesto» donde la prioridad absoluta debe ser el plato de comida, la salud y la educación. Bajo esa misma lógica, un sector de la comunidad se plantea si los recursos destinados al festival representan un dinamizador real de la economía regional (a través del turismo, la hotelería y el comercio local) o si, por el contrario, profundizan el ahogo financiero del municipio.
Por el momento, la gestión comunal defiende la realización del evento como un derecho cultural y un motor productivo irrenunciable para los arauqueños. Mientras el debate sigue abierto en el plano financiero, para la intendenta el masivo acompañamiento de la gente parece ser, al menos desde lo político, la primera respuesta: «Que la gente esté hoy acompañando la fiesta y disfrutándola, para mí es más que importante».
